En clave de memoria histórica, 2014 finaliza como un curso trazado en cinco líneas principales: intervención en fosas comunes, desarrollo de la ley andaluza, mantenimiento de subvenciones públicas, señalización de lugares memorialistas e incluso momentos cumbre como las visitas de la ONU y la justicia argentina. ¿Cómo califica el balance anual en Andalucía? “Positivo”, según el Gobierno andaluz. Un año de encuentros, o encontronazos, citan asociaciones.
Han sido meses de avances y logros en muchas parcelas. Un tránsito atípico cargado de actuaciones pero con el lastre económico como freno, según todas las fuentes consultadas. ¿Multiplicará la Junta su tímida asignación presupuestaria en una consejería en manos de IU? Está por ver en 2015, último ejercicio antes de las próximas citas electorales, aunque en el mundo de la memoria nadie apuesta por que en plenas crisis salte esa vía.
Voluntad no falta. Ni trabajo voluntario. Colectivos ciudadanos llevan una década como fuerza motriz memorialista y la dirección general de Memoria Democrática, dependiente de la consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, aprende a lidiar con la rémora dineraria. Unos y otros sostienen el vivo ejemplo de hacer mucho con poco.
Fosas comunes: la Junta asume… pero lento
La Junta de Andalucía se convirtió en marzo en la primera administración en asumir la exhumación de fosas del franquismo. Es un “deber del Estado”, comunicaban. El Gobierno andaluz destinó 120.000 euros a 11 actuaciones que sumaban en total más de 450.000 euros para 30 proyectos desde 2012. En contraste con la “eliminación” de estas partidas por parte del Ejecutivo nacional del PP. Desde ahí, varios juzgados territoriales se han personado en las causas abiertas por aparición de restos humanos con signos de muerte violenta.
Asociaciones y víctimas creen que el tirón es insuficiente. Que si hay unas 620 fosas en Andalucía y apenas una décima parte intervenidas, a ese paso… 2014 suma, en todo caso, numerosos procesos exhumatorios y de rescate de restos óseos. Nueva búsqueda del lugar de enterramiento de Federico García Lorca en Alfácar (Granada), 11 asesinados localizados en Cañete la Real (Málaga) y la fase final de la fosa de La Puebla de Cazalla (Sevilla), como ejemplos.
O Ronda (Málaga), donde un desencuentro entre familias y administración derivó en la paralización de los trabajos previstos. Otras actuaciones trajeron la inauguración del panteón del cementerio malagueño de San Rafael, la mayor fosa común de España, o identificaciones genéticas como en los trabajos de la sepultura colectiva de El Marrufo (Jerez de la Frontera, Cádiz). Queda… un mundo. Desde el trabajo inconcluso en el campo de concentración de La Algaba a las más de 3.000 víctimas en fosas del cementerio de Sevilla, entre ellas Blas Infante, Padre de la Patria Andaluza.
Ley de Memoria: reto 2015
Como adelantó eldiario.es Andalucía, el texto final de la Ley de Memoria Democrática andaluza quedará aprobado en 2015. Antes de las elecciones de mayo. El anteproyecto se presentó en Consejo de Gobierno en marzo y el Ejecutivo regional barajó el mes de junio para el trámite parlamentario y aprobación definitiva. Pero la meta bajó en el calendario. ¿Razones? Los flecos por pulir entre socios gubernamentales y la dificultad administrativa de un nuevo marco legislativo transversal que implica a varias consejerías.
La ley memorialista andaluza nacerá con vocación de superar la norma estatal. Amplía el concepto de víctima, sanciona la apología del fascismo, abre el 'melón' educativo… Recibió unas 30 alegaciones. Y dudas: ¿impedirá exhumaciones privadas? ¿Cómo actuará con un presupuesto menguante?
“Espaldarazos”: ONU y jueza argentina
Dos visitas marcan la agenda de la memoria 2014: Naciones Unidas y la jueza argentina María Servini de Cubría. En enero, el Relator Especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, recabó de instituciones y sociedad civil las medidas del Gobierno central para investigar crímenes durante la dictadura de Franco. Constató que no las hay, en que unió al texto definitivo que emitió el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Papel mojado en manos del Gobierno de Rajoy, que hizo caso omiso de las indicaciones de Naciones Unidas.
“Si no creyera en la justicia universal no estaría acá”, dijo en mayo en Andalucía la magistrada que dirige desde el Juzgado Federal Número 1 de Buenos Aires la única causa abierta en el mundo contra los crímenes del franquismo. Es la denominada Querella Argentina, que avanza en imputaciones y suma negativas y regates desde España. En suelo andaluz, Servini tomó declaración a víctimas de la represión. Resaltó la colaboración de los juzgados locales en el trabajo de recabar “pruebas” de delitos de lesa humanidad. Excepto el de Málaga, que impidió a la jueza y al Fiscal Federal argentino, Ramiro González, visitar la mayor fosa exhumada en la península.
Subvenciones: ¿desaparecen?
El director general de Memoria Democrática, Luis Naranjo, adelanta a eldiario.es Andalucía que se han “recuperado” las subvenciones de 2014. A finales de octubre, la Junta publicó en el BOJA el cierre del ejercicio presupuestario dos meses antes de lo previsto. Las cuantías no abonadas quedaban fuera, entre ellas las ayudas memorialistas. Un cisma que levantó quejas de colectivos ciudadanos y que ahora, según la administración, queda resuelto y con la intención de una nueva convocatoria en 2015. Esto mantendría a Andalucía como una de las únicas regiones que aportan dinero público a proyectos de recuperación de la memoria.
Simbología: derechos humanos versus fascismo
La Junta apuntaló este año el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica. Un recordatorio y reconocimiento de personas que sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad por ejercer derechos fundamentales. Señalizó las antiguas cárceles de Huelva, Málaga y Sevilla, fosas comunes, campos de concentración y tapias de cementerios, la casa de Blas Infante en Coria… Suma propuestas, como el paraje en Espejo (Córdoba) donde el fotógrafo Robert Capa tomó la conocida fotografía titulada Muerte de un miliciano. En 2013, fueron nominados 34 lugares más y, un año antes, otros 14.
Los símbolos han sido coto tradicional del franquismo. Calles, plazas, monumentos, cruces de los caídos… Apología del fascismo que perdura, en muchos casos, cuando se cumplían 75 años del final de la Guerra Civil provocada por el alzamiento golpista. Queda la brega institucional con el ayuntamiento de Granada por la retirada del monolito a Primo de Rivera, fundador de Falange. O la negativa de Nerja (Málaga) a cambiar el nombre de una vía dedicada a un general franquista. O cómo Córdoba homenajea a un represor golpista. Hay para todos los gustos. También un equipo balompédico con el apellido del dictador: Villafranco Club de Fútbol.
Divulgar el conocimiento histórico es otra de las claves en las “políticas de memoria”. Caso de Tiempo de lucha, de José María Azuaga, Por la religión y la patria. La iglesia y el golpe militar de julio de 1936, de Francisco Espinosa y José María García, Guerreros y Traidores. De la guerra de España a la guerra fría, de Jorge M. Reverte, o Las cartas de La Pirenaica. Memoria del antifranquismo, de Rosario Fontova y Armand Balsebre. Y a través de conferencias y otras publicaciones como las 50.000 historias del exilio republicano, la investigación La represión de la disidencia sexual en Andalucía durante el franquismo y la transición o La conciencia del exilio infantil: los niños de Morelia y del Winnipeg.
“El balance del año es positivo”, señala Luis Naranjo. “Se ha avanzado en todos los sentidos”, según el director general de Memoria Democrática, aunque hace falta “más implicación, empezando por el Estado central, que ha dejado de lado la memoria”. Por claves, defiende “catas y exhumaciones en todas las provincias y personamientos de juzgados territoriales” en varias casos. ¿Conflictos? “Es normal pero no hay ningún problema, actuamos al unísono con familias y asociaciones y con una política pública de memoria que sigue protocolos internacionales y lo que marcan los informes de la ONU”, precisa.
¿Ley de Memoria? “Después de navidades pasará al Parlamento y antes de las municipales estará lista”, adelanta Naranjo. “Se ha retrasado con cierta lógica –reconoce–, es transversal y tiene muchas consejerías implicadas”. ¿Subvenciones? “No habrá perjuicio para el mundo memorialista”, apunta, “hemos recuperado los proyectos que teníamos planteado y el retraso será de un par de meses”. Con la idea, subraya, de aplicar nuevas partidas en 2015. Destaca también las “importantísimas” visitas internacionales de 2014, el avance en señalización de Lugares de Memoria, la retirada de simbología franquista como “el aguilucho del Rectorado de Sevilla” y el apoyo a “publicaciones y material didáctico”.
Más crítico es el coordinador del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (CGT), Cecilio Gordillo: “2014 quedará en el recuerdo por el radical recorte en la cantidad asignada para subvenciones pero sobre todo por su 'extraña' desaparición”. Reseña otra cuestión “importante”, como “eso de que las exhumaciones corren a cargo de la Junta, el Estado”. ¿Consecuencias? “Que las asociaciones no podían presentar proyectos”. Dice Gordillo que la dirección general memorialista ha pasado en alguna ocasión “por encima de los intereses de las familias, por mucho que se digan otras cosas”. A partir de ahora, continúa, “será la Junta la que diga dónde, cuándo, quién y de qué manera se intervendrá en una fosa común del franquismo en Andalucía, al margen de la legislación vigente y arriesgándose a ser denunciados judicialmente”.
Para la vicepresidenta de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Paqui Maqueda, el balance anual trae “avances del movimiento memorialista en cuanto a la proyección internacional de nuestras reivindicaciones y en el apoyo brindado de instituciones de gran relevancia en la defensa de los derechos humanos”. Trae al recuerdo la visita de la jueza Servini o la imputación de delitos y la orden de detención a presuntos criminales franquistas como “grandes avances que nos llenan de esperanza en que se haga justicia con el colectivo de víctimas del fascismo español”. Espera, admite Maqueda, la Ley de Memoria andaluza: “Ojalá cubra las expectativas”. A nivel estatal refiere un panorama “igual de triste”, con la “desactivación de los pocos recursos” que existían. Y continuarán la “denuncia a las distintas instituciones españolas, ejecutivas, legislativas y judiciales, que han promovido y siguen promoviendo la impunidad de los criminales, el absoluto desamparo y la falta de tutela judicial para las víctimas”.