Claves de la negociación entre Junta de Andalucía y universidades para saldar una deuda millonaria antes de recurrir al juez

Los nueve rectores de las universidades públicas de Andalucía han arrancado el 2025 con la misma reivindicación con la que despidieron el 2024: que la Junta de Andalucía abone los millones de euros que les “adeuda” para cumplir con los acuerdos firmados hace meses en materia de financiación. Desde primeros de enero, han retomado la vía de la negociación con la Consejería del remo, con una actitud “optimista” y dialogante, pero sin descartar recurrir a la vía de la Justicia en caso de que no se satisfaga la deuda que se demanda.

La cifra que reclaman rectores y sindicatos es de 50 millones de euros, la mitad de ellos para cumplir íntegramente con el modelo de financiación y el resto, para pagar los complementos retributivos de la plantilla. El Gobierno andaluz se ha comprometido a abonar en breve 21 millones de euros, pero, a ojos de las universidades públicas, esa cuantía “no satisface” los problemas que afronta el sistema universitario andaluz este nuevo ejercicio.

Primero porque, desde un punto de vista cuantitativo, está lejos de solventar el agujero de 50 millones que arrastran las cuentas de las universidades públicas desde 2024. Y, en segundo lugar, porque a día de hoy la Consejería concibe ese pago como “no consolidable”, es decir, que se trata de una transferencia puntual que no pasará a formar parte de la envolvente financiera del sistema universitario de aquí en adelante.

A ese doble frente que defienden los rectores de la pública hay que sumar el reto del presupuesto de 2025, año en el que la deuda podría escalar hasta los 87 millones de euros, según los cálculos de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (AUPA). Con ese telón de fondo, los rectores han intensificado la vía del diálogo con la Consejería del ramo, fijando ahora la mirada en la reunión prevista este martes.

El foco de la negociación

Hasta el momento, la Junta ha puesto encima de la mesa 21 millones de euros que los rectores agradecen, pero consideran “insuficientes”: faltarían 4 millones de euros para cumplir con el modelo de financiación (aprobado en Consejo de Gobierno el 19 de septiembre de 2023) y otros 25 millones para pagar los complementos retributivos del personal que trabaja en las universidades, como se comprometió el consejero José Carlos Goméz Villamandos en un acuerdo de la mesa de negociación firmado el pasado 25 de junio.

Más allá de la cantidad que se adeuda, los rectores han puesto el foco de la negociación en que esos 21 millones se van a transferir como un pago puntual, “no consolidable”. ¿Eso qué significa? Que a efectos prácticos funciona como un parche que no se integra en la financiación regular del sistema universitario, por lo que el agujero se perpetúa en las arcas públicas de las universidades. Por eso, los rectores centran sus esfuerzos en reclamar que los pagos que se adeudan se consoliden en las cuentas y pasen a incorporarse en la envolvente financiera del sistema universitario andaluz.

En resumen, las nueve universidades públicas defienden un doble frente: que se cumpla el modelo de financiación y los acuerdos firmados en la mesa de negociación para poder sufragar los complementos autonómicos del personal docente e investigador (PDI) y, por otro, que esas cuantías se consoliden en las nóminas “para siempre”.

De las palabras a los hechos

El presidente de AUPA y rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, subraya la “urgencia e inminencia” con la que se deben paliar esas cuentas pendientes que arrastran desde el 2024. De no resolverse, vendrían a agravar “el problema” que afrontan en los presupuestos de 2025. En estos momentos, para dar cumplimiento al modelo de financiación, “faltarían 87 millones de euros”. Cifra que podría reducirse hasta los 55 si no se hace efectiva la subida salarial por parte del Estado.

“Lo que reclamamos es que se hagan transferencias económicas que son esenciales para que la universidad pública funcione”, reivindica el presidente de AUPA en conversación con este periódico. Oliva recuerda que el dinero que se demanda en estos momentos es el que corresponde en virtud de los “compromisos legales y adquiridos con la Consejería” y todos ellos relacionados exclusivamente con el Capítulo 1 de personal.

En plena negociación, la contundencia que protagonizaron los nueve rectores al final del pasado año ante la inacción de la Consejería ha dejado paso a un talante más calmado, pero firme en sus reivindicaciones. Los representantes de las universidades públicas esperan seguir avanzando en el diálogo con la Junta y confían en que en las próximas reuniones “pasen de las palabras a los hechos”, con vistas a salir de la reunión con una solución “real”.

En caso contrario, mantienen encima de la mesa como último recurso opción de acudir a la Justicia para que se cumplan los acuerdos firmados por el propio consejero y se garantice la solvencia financiera del sistema universitario andaluz.