El exdirector general de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén ha defendido este lunes que este organismo ha cumplido su función en la gestión de los fondos públicos de formación para el empleo, restando importancia a que los tribunales hayan puesto el foco sobre la misma por millones de euros destinados a cursos que no habrían sido debidamente ejecutados.
Tras haber reconocido que ha formado parte del comité ejecutivo regional del PSOE-A durante un año, ha insistido en que la fundación, creada en 2003 y disuelta en 2011 para ser integrada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha tenido un papel “fundamental” en las políticas de empleo en la comunidad autónoma, pero no ha podido demostrarlo con datos como le exigían los diputados de la oposición que integran la comisión de investigación creada en el Parlamento de Andalucía para buscar responsablidades políticas en el presunto fraude con estas subvenciones. Sí ha calculado que desde su creación la Faffe generó unos 19.000 contratos (96,5% temporales) y desarrolló más de 9.000 cursos con la gestión de más de 300 millones de euros.
Este lunes comparecían en la misma dos antiguos cargos de la Faffe, cuya gestión es objeto de una pieza separada de la investigación del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sobre el presunto fraude de la formación, pero que precisamente es una de las que acaba de ser archivada provisionalmente a la espera de documentación que se reclama a la Junta de Andalucía. Durante la sesión, Fernando Villén ha pedido “encarecidamente” que la Junta de Andalucía esclarezca la situación de la Faffe, cuya plantilla fue integrada en el SAE y en gran medida todavía no tiene funciones.
Sobre las irregularidades que la Cámara de Cuentas detectó en su informe publicado en 2014, ha matizado que son por 36 cursos sin realizar en 2009 y otros 386 de 2010 pendientes de ejecutar. Pero entiende que no se produjeron tales irregularidades porque la Faffe continuó con su trabajo hasta su disolución el 3 de mayo de 2011, cuando esos cursos pasaron a ser competencia del SAE, que es el que debía haber completado la tarea o sería responsable del incumplimiento. “Los expedientes vivos pasan al SAE, al que se le subrogan todos los derechos y obligaciones de la Faffe. Por eso el SAE tenía que haber terminado de ejecutar esos expedientes”, ha expresado.
De este modo, preguntado por el portavoz de Podemos en la comisión de investigación, Juan Moreno Yagüe, sobre la “contradicción” de que el SAE, una vez que inicia expediente de reintegros de subvenciones que no han sido debidamente justificadas “no se entrega a sí mismo la documentación que se pide”, el exdirectivo de la Faffe ha hablado de que “se produce una confusión de derecho” y qu esto era “previsible” con el traspaso de las competencias.
En la sesión de comparecencias de la tarde en la comisión de investigación le ha precedido Joaquín Morales, exdirector de Organización y Sistemas de Faffe, quien la ha definido como “el instrumento más importante de la Unión Europea (UE) en materia de formación, evaluación y políticas de empleo”. Es más, ha dicho que estaba “a años luz de cualquier institución” comunitaria. En todo caso, a insistencia de los integrantes de la comisión de investigación, no ha podido ofrecer datos sobre los resultados obtenidos por la Faffe con sus programas para el territorio con más paro de la UE, toda vez que no existen evaluaciones que los determinen. Es más, ha insistido en que los resultados no pueden evaluarse sólo por el nivel de inserción laboral logrado con los cursos, sino por el hecho de que se “hayan incrementado las capacidades” de los desempleados que han participado en los mismos para poder encontrar un trabajo.
Los líos de familia
El PP-A se ha centrado en intentar demostrar que la Faffe era una herramienta del PSOE-A para colocar a los suyos. Por eso, su diputada Teresa Ruiz Sillero le ha preguntado varias veces por la política de contratación para una fundación que empezó con 540 personas y tenía casi el triple cuando se extinguió, incidiendo especialmente en las relaciones familiares entre ellas. Ha puesto el ejemplo de que fueran contratados por la fundación familiares del exconsejero Gaspar Zarrías, Luis Pizarro o el alcalde de Sevilla Juan Espadas.
“Muchas relaciones familiares se han formado después dentro de la organización”, le ha contestado Joaquín Morales, tras subrayar que para entrar los aspirantes se sometían a un proceso de selección: “Por ser de un partido no se entraba a trabajar”. También ha incidido en que la decisión política de que creciera la Faffe se tomó por falta de personal: “Es porque hacíamos muy bien las cosas”. Ha aclarado que la formación “no suponía ni el 50% de la actividad de la fundación”.
Este rifirrafe ha sido aprovechado por la diputada del PSOE-A Marisa Bustiduy para recriminar a su homóloga del PP-A que no dijera que la entonces “novia de Juan Manuel Moreno Bonilla”, presidente de los populares en Andalucía, también había trabajado “con cargo a los fondos públicos de formación”, por lo que la ha acusado de usar “la doble vara de medir”.
Por otra parte, Joaquín Morales, quien también ha calificado de “error estratégico absoluto” la disolución de la Faffe, no ha sabido explicar los motivos por los que fue destituido cuando la misma se integró en el SAE, y ha explicado su situación personal como ejemplo de su honradez: “Trabajo como autónomo en una empresa de catering moviendo cajas de cocacola”. En esta línea, insistido en que él jamás tocó “un euro”, que no hay “nada oculto” en la Faffe y que todos los trabajadores se dejaron “la piel en el terreno”. Igual que tampoco ha sabido responder a la diputada de C's Marta Bosquet cuando le ha insistido en por que la Faffe siguió recibiendo dinero de la Junta de Andalucía, en concreto 16,6 millones de euros, días antes de su extinción.
También ha comparecido este lunes en la comisión de investigación el exdirector entre 2003 y 2014 del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas) en Málaga, José Gutiérrez. Se trata de un organismo en estos momentos cerrado cuya gestión está repartida entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Mijas pero que en un 100% se financiaba con subvenciones de la primera, y que en el periodo investigado -desde 2001 hasta el presente- recibió fondos públicos para cursos. “El Ayuntamiento de Mijas estaba obligado al 20% pero nunca puso nada, dijo que ya había puesto el solar”, ha recordado José Gutiérrez sobre la realidad de Ciomijas.
En este contexto, el exgerente se ha mostrado “sorprendido” tras enterarse que se había abierto expediente de reintegro por aproximadamente seis millones de euros por las subvenciones gestionadas por el centro, cuyo destino no habría sido correctamente justificado a la Junta de Andalucía: “Me dejó pasmado”. En este sentido, ha defendido el uso de estos fondos públicos por Ciomijas: “Que cinco años después quien revisa los expedientes diga que lo que alguien dijo en un primer momento que estaba bien hecho, estaba mal, yo no lo entiendo”.
Desde IU, José Antonio Castro le ha preguntado sobre un auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que señala que de los 8,9 millones de euros recibidos en subvenciones se habría retenido 2,2 “con justificaciones en conceptos que no eran subvencionables”, pero ha rehusado pronunciarse sobre este asunto en manos de los tribunales. Finalmente, ha defendido la gestión de Ciomijas, “una máquina de empleo que formó a cerca de 2.000 desempleados”.
Previamente había comparecido el que fuera jefe de servicio de Formación en Huelva entre 2001 y 2013 hasta su jubilación, con lo que se cerraba la ronda de este escalafón dentro de los 69 comparecientes contemplados por la comisión de investigación. Ha defendido que en Huelva se creó “una unidad de control interno con tres funcionarios” para supervisar la documentación antes de enviársela a los interventores. Toda vez que ha leído el informe del interventor provincial, Miguel Ángel García, sobre una muestra de 61 expedientes, se ha mostrado sorprendido por la dureza de su contenido. De hecho, ha insistido en en que todos los expedientes fueron fiscalizados previamente por la propia intervención por lo que sería achacable a ésta cualquier incumplimiento.
Preguntado por la diputada de IU Elena Cortés no ha recordado que existiera ninguna reunión “específica” para abordar las recomendaciones de la Cámara de Cuentas para mejorar el servicio. “Siempre se ha visitado el 100% de los cursos dirigidos a desempleados y un elevado número de los dirigidos a trabajadores”, ha dicho en la línea de lo defendido por todos sus homólogos en la comisión de investigación, que han cuestionado en semanas previas los informes de los interventores provinciales hablando de diversas irregularidades.
Con estos cuatro comparecientes se cerraba una sesión marcada por la bronca, toda vez que la oposición ha endurecido su tono a la hora de preguntar porque han comenzado a desfilar por la comisión de investigación cargos de confianza designados por el PSOE-A, cuyos diputados, por su parte, insisten en que los comparecientes concluyan en que no ha habido irregularidades en la gestión de estos fondos públicos, más allá de cierto caos administrativo precisamente por el traslado de las competencias entre consejerías y de la Faffe al SAE.