Una de cada 10 denuncias por acoso en el trabajo recibidas en los comités de investigación interna impulsados por la Junta de Andalucía para su evaluación, y que no en todos los casos se han constituido o están operativos, ha terminado con la conclusión de que efectivamente se ha producido esta situación. Es la primera vez que la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral ofrece estos datos sobre el impacto del protocolo de prevención y actuación en los casos de acoso laboral, sexual o por razón de sexo u otra discriminación de la Administración de la Junta de Andalucía que desde su aprobación en 2014 ha funcionado a medio gas.
De este modo, este periódico ha accedido a una resolución de esta dirección general dependiente de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio con los datos, que todavía están pendientes de depuración. En concreto, los comités -de los que estaba prevista la creación de cuatro por provincia y donde están representantes tanto de la administración como de los trabajadores- han recibido un total de 111 denuncias de acoso laboral y dos de acoso por razón de sexo desde que en 2015 empezaron a funcionar los primeros. De éstas, se han archivado los expedientes por falta de indicios en 21 de los casos llevándose a cabo la investigación por parte del comité en 64 ocasiones, mientras que el resto ha tenido distinto final o está todavía pendiente.
“Tres de las denuncias fueron archivadas por desistimiento de los denunciantes y dos por intervención de la Justicia”, explican en su escrito desde la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. Respecto a las conclusiones de las investigaciones, en 10 casos el comité informó de la existencia de situaciones compatibles con el acoso, emitiendo una propuesta de expediente disciplinario en cinco de ellos, de mediación en otro y de cambio de puesto del denunciante en tres. “En ocho de los casos investigados el comité informó de la no existencia de situaciones compatibles con el acoso”, según la respuesta ofrecida por dicho departamento.
La dificultad de recabar información
La realidad es que estaban obligados por el protocolo suscrito por los tres principales sindicatos -CCOO, CSIF y UGT- hace cuatro años a ofrecer un balance cada dos años, de manera que el primero debió llegar en el último trimestre de 2016. Sin embargo, el proceso para recabar esta información no ha sido fácil, cuando además el funcionamiento de los comités y del protocolo en sí ha sido puesto en cuestión por los sindicatos que estudian con la Junta de Andalucía modificaciones en el mismo para poder efectivamente prevenir y hacer frente a estas situaciones en la que con unos 250.000 trabajadores es la mayor empresa de la comunidad autónoma.
En este sentido, las mismas fuentes exponen que en julio de 2016 se solicitó a través de oficio información sobre fecha de constitución de los comités, listados de miembros que los componen, así como datos de propuestas de expedientes, denuncias recibidas y números de casos investigados desagregados por sexo. Posteriormente, en diciembre de 2017 se solicitó a su vez información sobre actuaciones de los comités. Finalmente, el pasado mes de septiembre “se remitió una nueva solicitud de información sobre la actuación de los comités”. Por todo ello, en estos momentos se encuentran “en periodo de recepción y análisis de la información”, pese a lo que se ha facilitado “con carácter provisional y parcial”.