El Gobierno central ha vetado el macroproyecto turístico del municipio de Trebujena (Cádiz), situado frente al Parque Nacional de Doñana, después de que la Junta de Andalucía emitiera una Declaración Ambiental Estratégica favorable. Es una decisión política firme que ha expresado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, este miércoles en el Congreso, a la espera del informe contrario de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
“No se va a construir un megaresort de lujo con campo de golf, es muy difícil, además de la disponibilidad de agua que todos sabemos, la presión que hay para garantizar en esa zona, es que lo han planificado en una zona que es inundable”, ha advertido Ribera sobre el proyecto para construir sobre 2.324.292 metros cuadrados de una marisma seca de Trebujena 300 viviendas de lujo, varios complejos hoteleros y un campo de golf.
El informe técnico está por hacer pero, tras las declaraciones de la ministra esta mañana, el presidente de la CHG ha confirmado que van a informar en contra del macroproyecto turístico. “En cuanto a la idoneidad, vamos a informar, visto que la ubicación del campo de golf y las viviendas está en zona inundable y de flujo preferente, se desaconseja y se limita la ubicación en cuanto a sus usos”, ha asegurado Joaquín Páez en RTVE.
El informe también advertirá de que “quien realmente es responsable es la Junta, quien tendría que informar” sobre el proyecto, porque la macrourbanización se proyecta en suelo que es dominio público marítimo terrestre, “y por tanto se escapa a las competencias plenas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”.
El Ministerio de Transición Ecológica es el órgano competente para elaborar los mapas de riesgos, a través de las confederaciones hidrográficas, tanto en zonas de flujo marítimo como fluvial. Esos informes están publicados en la Cartografía Nacional de Zonas Inundables, que son de dominio público y pueden consultarse.
Páez ha matizado que si los recursos hídricos que dotarán de agua el complejo turístico de Trebujena provienen de la cuenca del Guadalete-Barbate, la CHG “no tiene ni puede decir nada”, porque está gestionada por la propia Junta de Andalucía. Si, por contra, el agua proviene de la cuenca del Guadalquivir -hasta que se construyan dos estaciones de depuradoras contempladas en el macroproyecto- “el Gobierno informará negativamente”.
“No hay ninguna posibilidad de nuevas concesiones de agua, si no están previamente planificadas”, advierte Páez, que sentencia que “si de la CHG dependiera, nunca nos habríamos planteado” este proyecto urbanístico, dado el déficit hídrico y la crisis de sequía que atraviesa toda Andalucía.
Un proyecto heredado del PSOE
La macrourbanización turística de Trebujena recibió la autorización ambiental de la Junta de Andalucía el pasado 12 de abril, el mismo día que el Parlamento debatía la polémica ley para regularizar regadíos en el entorno de Doñana. El asunto ha vuelto a situar el Parque Nacional en el centro de la pugna entre el Gobierno central y el Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno, con acusaciones mutuas de alto voltaje en plena campaña electoral.
El caso de Trebujena es más atípico, porque en realidad es un proyecto que nace en el Ayuntamiento del municipio gaditano, un bastión del Partido Comunista que lleva 37 años gobernado por IU y donde no existe oposición de derechas. El macroproyecto turístico pertenece al promotor inmobiliario Bernard Devos, que logró que el Ayuntamiento aprobase una recalifiación de suelos rústicos a urbanizables “con vistas a Doñana”.
La empresa se comprometió a abonar al gobierno local de Trebujena más de 5,5 millones de euros cuando se aprobara la modificación del PGOU para hacer posible el proyecto. En 2012 se firmó un nuevo convenio que redujo la compensación a 3,3 millones, después de que el Gobierno andaluz (entonces en manos del PSOE) redujese la edificabilidad máxima de 750 a 300 casas.
El Ejecutivo de Moreno ha contraatacado al Ministerio de Transición Ecológica recordando que fue la Junta de Andalucía en manos de los socialistas la que avaló el mismo proyecto urbanístico en la misma zona, con informes de edificabilidad que ahora esgrimen para demostrar las “contradicciones” y la “hipocresía” de los socialistas. El actual regidor de Trebujena, Ramón Galán, se ha mostrado en contra del proyecto que autorizó su predecesor, ambos de IU. La paralización del complejo turístico obligará al Ayuntamiento a devolver los 1,8 millones de euros que ha recibido ya del promotor en concepto de compensación.