Así nació el conflicto de los maestros de Religión que cobran sin impartir clases

Desde principios de semana el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación del Gobierno andaluz intentan articular, por separado, un relato coherente que explique por qué desde hace tres años se están malgastando fondos públicos para pagar a profesores de Religión sin carga horaria lectiva.

¿Quién es el responsable de mantener la jornada y el salario íntegro de estos docentes, que desde 2015 acuden a sus colegios sin nada que hacer? Hay cierta tensión en los despachos, porque esto no era una situación desconocida para las dos administraciones: la que contrata y paga y la que les renueva la plaza en las escuelas. Existe un reguero de escritos, denuncias, quejas, emails, reuniones y llamadas telefónicas que los directores de los centros afectados han elevado a la Consejería, al Ministerio y al Obispado andaluz en estos tres años.

Preguntas aún sin respuesta

De momento, este periódico no puede explicar por qué el problema de los maestros de Religión que cobran sin trabajar se ha prolongado tres años; por qué, si la situación se conoce desde septiembre de 2015, persiste en el presente curso escolar. Esa explicación -junto al balance del dinero público perdido estos tres años- corresponde a las administraciones implicadas que por ahora no han sabido aportar una respuesta convincente. Lo que sí puede hacer este periódico, a través de documentación interna de la Consejería y de testimonios de quienes tomaban las decisiones políticas hace tres y cuatro años, es ofrecer un relato aproximado de cómo nace el problema.

El origen

En Andalucía, el 88% de la población escolar en Primaria elige la asignatura voluntaria de Religión. Es la segunda comunidad con más alumnos inscritos, por detrás de Extremadura. Actualmente hay unos 2.000 profesores de Religión de Infantil y Primaria en las escuelas andaluzas. En 2015, estos maestros se vieron en medio de un fuego cruzado entre el Gobierno central, del PP, y la Junta de Andalucía, del PSOE, como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva legislación educativa (LOMCE), aprobada dos años antes. El Ejecutivo andaluz creía que la llamada ley Wert iba a “revertir” toda su política educativa -sustentada en valores de igualdad de oportunidades para el alumnado- y se dispuso a exprimir su margen competencial en el desarrollo de la ley para “amortiguar el golpe”. 

Una de las decisiones más polémicas tuvo que ver con la asignatura de Religión, que el Gobierno del PP acababa de convertir en materia evaluable y computable, tanto para acceder a una beca como a la Universidad. La ley Wert elevaba así la enseñanza del catolicismo a la categoría de las Matemáticas o la Lengua. La Consejería de Educación consideró que esto “violentaba el carácter aconfesional de la enseñanza” y “rompía el pacto tácito” en materia de educación religiosa recogido en los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede de 1979. Se adoptó entonces una decisión que nunca antes se había tomado: revisar dichos acuerdos con el objetivo de minimizar al máximo el peso de la Religión en las aulas. El Consejo de Gobierno encargó un informe para que la fórmula jurídica no pudiera ser recurrida en los tribunales ni por el Gobierno ni por los obispos, como había ocurrido en otras comunidades. En el argumentario político que acompañó a aquel informe, se dijo: “Si la ley Wert ha radicalizado la posición del PP respecto a la enseñanza de la Religión, nosotros radicalizaremos nuestra postura en defensa de la escuela pública y laica”.

Los Acuerdos de España y la Santa Sede

Todo parte de aquel choque ideológico entre Gobierno y Junta, pero lo que enrarece el conflicto es la excepcional situación laboral de los profesores de Religión en España. No existe nada similar en el entorno de países europeos: un marco laboral blindado en los Acuerdos del Estado español y la Santa Sede en los setenta. No es un Concordato, como suele decir erróneamente el PSOE, son cinco acuerdos firmados entre 1976 y 1979 (antes de cerrarse la redacción de la Constitución española) entre el Gobierno de Adolfo Suárez y el Estado Vaticano, con Pablo VI como pontífice. Están firmados por el entonces ministro de Exteriores, Marcelino Oreja, y el secretario de Estado del Papa, el cardenal francés Giovanni Villot, y otorgan a la Iglesia Católica la potestad de diseñar el currículum y los contenidos de la asignatura de Religión, la única que no está en manos de una Administración educativa.

Los maestros de Religión que trabajan en la escuela pública en España son seleccionados por la Iglesia Católica según criterios de idoneidad que nada tienen que ver con el acceso a la función pública del resto de docentes. Son requisitos “morales y de vida cristiana” que son vigilados y juzgados por los obispos desde la fe católica. Sin embargo, su relación contractual es con el Ministerio de Educación, que firma sus contratos y paga sus nóminas. 

Este sistema es una anomalía en el conjunto de la Unión Europea, pero aún hay algo más excepcional dentro de él: los profesores de Religión en las etapas de Infantil y Primaria son el único cuerpo docente de España que no está transferido a las comunidades autónomas, al contrario de lo que sucede en Secundaria y Bachillerato, que sí dependen directamente de la Junta. Esta excepción sólo se da en Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Ceuta y Melilla. Aquí los maestros de Religión dependen contractualmente del Ministerio, pero sus horarios los establecen los gobiernos autonómicos, responsables de la planificación escolar. 

En este colectivo concreto -estos 2.000 profesores- se concentra la situación “surrealista” que ha salido a la luz esta semana, a partir de una investigación de eldiario.es/andalucia. El Ministerio lleva tres años pagando a maestros de Religión sin carga horaria en todas las provincias de Andalucía. Son docentes que perdieron sus funciones en 2015, cuando sus colegios redujeron las clases de Religión para reforzar otras áreas. Pero la Consejería les renovó su plaza y el Ministerio su salario: unos 1.400 euros al mes con horario completo (25 horas lectivas más cinco de recreo). 

Hace siete meses, la nueva consejera de Educación, Sonia Gaya, abrió por fin una investigación interna y envió a la Alta Inspección Educativa un informe con todos los colegios donde sigue dándose este problema, y con todos los maestros de Religión que sobran. La Consejería ha solicitado al Ministerio por escrito que reajuste los contratos de estos profesores para adaptarlos a las necesidades pedagógicas de los colegios. Dicho sin eufemismos: sobran profesores de Religión desde hace tres años, están “de brazos cruzados” y cobrando, con el “consiguiente perjuicio a las arcas públicas”. 

¿Cuál es la solución? O bien el Ministerio los despide (casi todos tienen contratos laborales indefinidos en la actualidad) o bien la Junta de Andalucía dicta unas instrucciones para reasignarles otras tareas dentro de la escuela. Esto último no parece fácil: primero porque algunos obispos no lo permiten, y segundo porque si la Consejería admite que docentes elegidos a dedo por la Iglesia (y sin haber opositado) ocupen responsabilidades pedagógicas propias de un funcionario de carrera o de un interino, “estaría abriendo un precedente discriminatorio gravísimo entre el profesorado”, admiten desde el departamento de Gaya. La solución no es fácil, ergo, nadie ha tomado una solución en tres años. El ministro Íñigo Méndez de Vigo esquivó el problema cuando se lo planteó directamente la consejera andaluza, en septiembre del año pasado, y emplazó a abordarlo en el marco del Pacto de Estado por la Educación, que se encuentra ahora enquistado en el Congreso.

Un Estado aconfesional

En marzo de 2014, el Gobierno de José Antonio Griñán interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la LOMCE por considerar que vulneraba el principio de igualdad de oportunidades y permitía segregar al alumnado bueno y del malo, creando una educación de dos velocidades. La Junta acusó al Gobierno de “violentar el carácter aconfesional de la enseñanza”, obligando a las comunidades a concertar más escuelas católicas (en función de la demanda y en detrimento de la pública), suprimiendo Educación para la Ciudadanía y blindando las aulas que segregan al alumnado por sexos (en Andalucía quedan todavía una decena). Cataluña, Euskadi, Asturias y Canarias también recurrieron la ley ante el Constitucional con argumentos similares, pero todas perdieron (la sentencia se conoció hace poco más de un mes).

Para “paliar los efectos de la LOMCE”, la Junta reguló la reducción horaria de la clase de Religión en Primaria, que pasaría de 90 a 45 minutos semanales. Andalucía ya impartía el mínimo legal exigible que establecía la legislación anterior (LOE): hora y media a la semana en Primaria, y una hora en Secundaria, salvo en el tercer curso, que eran dos. La paradoja es que fue la propia ley del PP y el Real Decreto que regula el currículum básico de Primaria lo que permitió a las comunidades recortar la asignatura de Religión, porque el articulado de la LOMCE no estableció un mínimo legal. “El bloque de asignaturas específicas permite una mayor autonomía a la hora de fijar horarios y contenidos de las asignaturas, así como para conformar su oferta”, dice el Real Decreto. Wert lo dejó en manos de las comunidades -cuando casi todas estaban gobernadas por el PP- y Andalucía actuó a contracorriente.

La Junta acusó a Rajoy de “romper los consensos constitucionales en torno a la enseñanza concertada y a la asignatura de Religión”, de “romper un pacto tácito” que los dos partidos de gobierno -PSOE y PP- habían respetado durante tres décadas. En el argumentario político de entonces se llegó a asegurar que había que “radicalizar  nuestra postura en defensa de la escuela pública y laica. Nos toca defender con más fuerza la escuela laica”. Palabras que usaron primero la consejera de Educación Mar Moreno, y más tarde su sucesor Luciano Alonso.

Andalucía revisó los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede para buscar algún resquicio legal con el que “proteger” su política educativa de la LOMCE. Se encargó un informe al gabinete jurídico para reducir al mínimo legal posible la asignatura de Religión, sin riesgo de que fuera tumbada en los tribunales, como había pasado en otras comunidades. En junio de 2015, la Consejería de Educación delegó en las escuelas de Infantil y Primaria la decisión de reducir de 90 a 45 minutos a la semana la carga lectiva de Religión. Quienes se acogieron a esta opción, dejaron a docenas de maestros sin horario ni función asignada, y de ahí derivó todo el problema que se ha destapado esta semana. 

La falta de un pacto por la educación

El origen de todo es una mezcla de todo y, por supuesto, es un conflicto permanente y no resuelto sobre la falta de un Pacto de Estado por la Educación y sobre el papel de la religión católica en la escuela pública, un derecho casi intocable, un pacto preconstitucional que chirría con lo dispuesto en la Carta Magna. Y que ha sido prorrogado por gobiernos del PP y del PSOE, intocable durante 40 años, puesto que ningún partido, jamás, ha recurrido los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede ante el Tribunal Constitucional. Son esos pactos con el Vaticano que el PSOE siempre promete impugnar o revisar cuando está en la oposición, pero nunca lo ha hecho estando en el Gobierno. Es más, fue el Ejecutivo de Zapatero el que mejoró el estatus de financiación pública a la Iglesia Católica en 2016, cuando elevó hasta el 0,7% la asignación del IRPF que los fieles pueden aportar a la Iglesia, alterando un modelo de que llevaba vigente desde 1988.