El conflicto de los monitores escolares sigue abierto en el arranque del curso
El conflicto de los monitores escolares sigue sin solucionarse en el arranque del nuevo curso. Dos colectivos de unas mil personas luchan por un mismo puesto de trabajo en otros tantos colegios andaluces. Por un lado están los monitores de apoyo administrativo que llevaban años trabajando en los colegios públicos de Infantil y Primaria, cuya relación laboral se fue extinguiendo entre octubre y noviembre del pasado año y que están siendo readmitidos por considerarse nulos sus despidos (la Consejería de Educación ha insistido en que incorporará a los que tengan sentencia favorable). Por otro, los monitores escolares integrantes del plan de choque de la Junta, sustitutos de los anteriores, cuyos contratos empiezan a expirar este 30 de septiembre y que critican que los monitores de apoyo no reúnen la titulación exigida en el VI convenio del personal laboral.
Son las dos patas de un conflicto que se alarga durante meses después de un cambio en el sistema de contratación de monitores escolares. “Vamos a admitir a aquellos monitores a los que los juzgados les hayan dado la razón. Al 98% de ellos se les ha habilitado para hacer la cualificación profesional, es decir, que demuestren a través de su experiencia laboral que estaban preparados”, contestaba el consejero de Educación en una entrevista con la Cadena Ser a finales de agosto.
Alonso, que ya entonces ponía el 30 de septiembre (fecha en la que expiran la mayoría de las contrataciones del plan de choque) como punto de inflexión del asunto y que esperaba “que en un corto espacio de tiempo esté solucionado”, ha dicho este mismo martes que los profesionales contratados dentro del plan de choque obedecían a una solución establecida por “un año”. “Hemos cumplido el objetivo de no empezar el curso sin monitores escolares”, subrayaba tras el Consejo de Gobierno. En este sentido, insistía en que la Junta está obligada a incorporar a los antiguos con sentencia a su favor: “era un contrato de un año”.
La 'Asociación Plataforma SOS de Monitoras y Monitores de apoyo administrativo' expresaba a primeros de septiembre su satisfacción ante las declaraciones del consejero, en las que daba por supuesto que los monitores que presentaron demanda ante los tribunales por despido improcedente y cesión ilegal volverían a trabajar en los colegios. Fuera de este compromiso quedarían los que no demandaron, “a los que seguiremos reclamando una salida justa”, apuntan fuentes de este colectivo, que defiende que cuentan con una proposición no de ley aprobada por unanimidad de todos los partidos en el Parlamento de Andalucía el pasado 20 de febrero.
¿Qué dice la Justicia?
La Justicia ha dictado ya varias resoluciones favorables a los monitores de apoyo y la Consejería de Educación ha optado por su readmisión y no por la indemnización. Muchos de los afectados interpusieron sucesivas demandas tras la oferta de empleo público abierta para cubrir sus plazas. Las empresas contratantes, cuya “falta de respeto” a los monitores de apoyo fue uno de los motivos expuestos por la Junta para la extinción de los contratos, fueron “meras intermediarias” durante años, según han lamentado los monitores de apoyo, que insisten ahora en que las sentencias reconocen “tanto la cesión ilegal como la antigüedad y la categoría de monitor escolar”.
Por su lado, los monitores escolares agrupados en la plataforma 'Marea Amarilla' lamentan “el incumplimiento de los compromisos acordados en las mesas de negociación” y exigen el mantenimiento del plan de choque “hasta la creación de la relación de puestos de trabajo de monitores escolares”, abogando por “un acceso al empleo público respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad y los requisitos del VI convenio colectivo del personal laboral de la Junta”. La Consejería ha asegurado desde el inicio del conflicto que el plan de choque se dispuso “para cubrir una necesidad en un período determinado” y que ahora se estaba cumpliendo con lo que dictaminan los juzgados.
A pesar de ello, y apoyados por CGT, USTEA y CSI-F, unas 300 personas entre sindicatos y monitores se movilizaban este lunes hasta el Palacio de San Telmo por el “trato de favor” por parte de la Administración. Consideran que en sus contratos “existe fraude de ley” y que “no se está respetando la oferta al Servicio Andaluz de Empleo ni lo acordado en las mesas de negociación del personal laboral con la Consejería”, que “amenaza con despedirlos a los siete meses de ser contratados a pesar de que en la oferta el contrato era por un año”. “Ha sido una decisión política, es la única explicación que nos da el Gobierno andaluz. Llegaron a un acuerdo con el personal subcontratado por empresas externas de la Junta que no ha pasado un proceso de selección y no reunían la titulación exigida”, añaden.
