La Mesa del Congreso de los Diputados ha acordado admitir a trámite la proposición de ley aprobada por unanimidad el pasado mes de septiembre en el Parlamento andaluz, a iniciativa del grupo Por Andalucía, para facilitar el acceso de personas con discapacidad a la función pública, mediante una reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Una proposición de ley impulsada desde el Parlamento andaluz, pero a tramitar ante la Mesa del Congreso de los Diputados, órgano que en una reunión celebrada el pasado martes, 22 de octubre, acordaba “admitir a trámite” esta iniciativa, “trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa”, según se recoge en el acuerdo de la Mesa de la Cámara publicado este pasado viernes en el citado Boletín Oficial de las Cortes Generales, consultado por Europa Press.
Una vez admitida a trámite la proposición de ley y publicada en el citado boletín, la Mesa del Congreso la remite al Gobierno “para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”, según se establece en el artículo 126 del Reglamento de la Cámara baja que regula la tramitación de proposiciones de ley.
Dicho artículo precisa que, “transcurridos treinta días sin que el Gobierno hubiera negado expresamente su conformidad a la tramitación, la proposición de ley quedará en condiciones de ser incluida en el orden del día del Pleno para su toma en consideración”.
“Antes de iniciar el debate --continúa detallando el artículo 126 del Reglamento--, se dará lectura al criterio del Gobierno, si lo hubiere”. El formato del debate será equivalente al de uno de totalidad de una ley, y “el presidente preguntará si la Cámara toma o no en consideración la proposición de ley” referida. “En caso afirmativo, la Mesa de la Cámara acordará su envío a la comisión competente y la apertura del correspondiente plazo de presentación de enmiendas, sin que, salvo en el supuesto del artículo 125, sean admisibles enmiendas de totalidad de devolución”.
“La proposición seguirá el trámite previsto para los proyectos de ley”, si bien al tratarse de una iniciativa de comunidad autónoma, su defensa ante el Pleno del Congreso corresponderá a una delegación elegida por la Cámara andaluza.
El Pleno del Parlamento andaluz ya eligió el pasado 2 de octubre, en una votación en urna, a los tres diputados que compondrán la delegación que se encargará de la defensa de la proposición de ley ante el Congreso. Se trata, en concreto, del portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, y las diputadas del PSOE-A y Por Andalucía Pilar Navarro y Esperanza Gómez, respectivamente.
La referida proposición de ley persigue una propuesta de modificación del artículo 61.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el fin de incluir que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59, las pruebas de acceso para las personas con discapacidad intelectual consistan en una prueba de situación que permita valorar las habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo.
Se trata así de sustituir el examen de acceso de las personas con discapacidad intelectual por una especie de prueba práctica en la que se evalúen sus competencias para desempeñar el trabajo y no unos conocimientos teóricos que les cuesta adquirir y que, sobre todo, “les cuesta demostrar en un examen test que no está concebido para personas que no entienden el concepto de trampa que entraña todo examen de este tipo, aunque sea fácil”, según argumentaron desde el grupo impulsor de esta iniciativa.
Esta proposición de ley contó también con el criterio favorable del Consejo de Gobierno andaluz del PP-A, que en su reunión del pasado 26 de agosto dio su visto bueno a la tramitación de esta iniciativa.
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