La Mesa del Congreso de los Diputados ha desestimado este martes la petición de la Junta de Andalucía para que se hagan públicas las actas de la comisión de investigación creada tras el asesinato el 4 de diciembre de 1977 en Málaga del sindicalista Manuel García Caparrós durante las movilizaciones de miles de andaluces reclamando una autonomía de primera.
La decisión, que supone un varapalo para el Gobierno de Susana Díaz que cogió el guante de IU y Podemos para pelear por esta desclasificación, se ha tomado con un informe de la Dirección Documentación, Biblioteca y Archivo que recuerda que las personas que en 1981 comparecieron en la citada comisión de investigación lo hicieron con la garantía de que sus declaraciones serían secretas durante 50 años.
En concreto, la petición que ha sido desestimada este martes está dirigida a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y firmada por el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, que entre otras cosas justifica esta exigencia amparándose en la proposición no de ley (PNL) aprobada en el Parlamento de Andalucía el pasado mes de junio a propuesta de IU.
Tiene sello de salida del 24 de octubre de 2017, un día antes de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, recibiera a las tres hermanas García Caparrós en el Palacio de San Telmo, y repitiera este compromiso, que ya fue aprobado en Consejo de Gobierno el 29 de agosto de 2017.
Esa primera aprobación llegó tras comprometerse la presidenta en sede parlamentaria con la líder de Podemos, Teresa Rodríguez, y después de que la diputada de IU por Málaga, Eva García Sempere, que a comienzos de año ya había registrado esta petición, se hubiera topado con dos negativas de la Mesa del Congreso, si bien a la tercera logró el acceso parcial a los 675 folios que está estudiando desde hace un par de meses.
De todas maneras, la presidenta insistió en su exigencia para que el acceso no fuera sólo de la diputada de IU. Lo recordaba la pasada semana durante el Debate del Estado de la Comunidad, donde tras asegurar que su ejecutivo ha hecho la solicitud “por dos veces”, garantizaba que no iba a “cejar” en este empeño para que se levante “el absurdo secreto” que pesa sobre esta documentación: “En modo alguno es suficiente que se permita a un diputado su consulta, sino que es una reclamación no sólo de su familia sino de toda Andalucía”. Sin embargo, desde la Mesa del Congreso se sugiere que el Gobierno de Andalucía designe a un diputado de su partido (PSOE) para que pueda hacer lo mismo que la de IU.
Veto en el Parlamento de Andalucía
La decisión se produce días después de que el PSOE haya vetado en la mesa de la comisión de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática del Parlamento de Andalucía la comparecencia de la única diputada que está pudiendo consultar las actas. IU lo propuso, en tanto que las actas no sean públicas, para poder arrojar más luz sobre el caso, dado su acceso, por primera vez, a los archivos.
En cualquier caso, precisamente este pasado lunes, IU anunciaba que registrará a su vez una petición para que el Congreso de los Diputados haga públicas las actas, con lo que insiste en una pugna que empezó cuando por primera vez reclamó su consulta Eva García Sempere hace casi un año, e independientemente de que el Gobierno de Andalucía lo haya solicitado previamente.
Esta iniciativa la concretaban el portavoz de la Dirección Colegiada de IU en Andalucía, Pedro Ortega, y la propia Eva García Sempere después de que el PSOE haya vetado su comparecencia en el Parlamento de Andalucía. “Dado que no podemos informar en la sede de la soberanía popular, vamos a pedir que todo el pueblo pueda conocer las actas y se publiquen”, expresó la diputada, quien ya ha revisado más de la mitad de los 675 folios.
Tras la decisión de este martes de la Mesa del Congreso, habrá que ver cómo orienta IU su petición para no toparse con la misma respuesta que el Gobierno de Andalucía. Lo más probable es que considere que hay parte de los archivos en los que se puede alegar que están protegidos por esos 50 años de secreto, por ejemplo las declaraciones de los comparecientes, pero otros, como los informes oficiales, podrían ser perfectamente sacados a la luz.
Cabe recordar que cuando Eva García Sempere solicitó poder consultar las actas, se topó con dos negativas de la Mesa del Congreso, la segunda coincidiendo ya con que Susana Díaz había hecho la petición. Ello no evitó que los dos socialistas integrantes de la Mesa del Congreso, incluida la presidenta del PSOE de Andalucía, Micaela Navarro, entendieran que no era oportuno hacerlo, entre otras cosas por los “precedentes” que esto pueda crear. No fue hasta el tercer intento que se accedió a que únicamente esa diputada pudiera ver los archivos y con limitaciones.
En lo ocurrido este martes, la propia Micaela Navarro explica que la Mesa del Congreso “ni rechaza ni aprueba, sino que la Ley de Secretos Oficiales impide que se publique el expediente”. Se puede consultar anonimizando los nombres, pero no hacer público, por lo que no ha lugar una votación cuando la ley lo prohíbe, independientemente de que ella comparta las intenciones de la Junta de Andalucía.
Conocer a fondo esta información, cuando están a punto de cumplirse 40 años de la muerte de Manuel García Caparrós, convertido en símbolo de la autonomía, es vital para sus tres hermanas, quienes tras el fallecimiento de sus padres tomaron su testigo en la lucha por esclarecer todo lo que rodeó la muerte del joven.
Lo más novedoso que ha trascendido hasta el momento, según la documentación consultada por Eva García Sempere, es que dicha comisión de investigación desveló, con informes oficiales, que una treintena de policías fueron expedientados por haber efectuado disparos en las manifestaciones, uno de los cuales acabó impactando en el pulmón del joven. Tenía sólo 18 años.