Apenas dos meses después de su nombramiento, la nueva consejera andaluza de Salud, Rocío Hernández Soto, ha comparecido por primera vez en el Pleno del Parlamento, viéndose arrollada por la actualidad: los informes de la Intervención que acusan a la Junta de adjudicar a dedo 458 millones fraccionando miles de contratos menores “en fraude de ley”, publicados por elDiario.es esta semana, y la apertura de diligencias de un juzgado contra los 243 millones en contratos de emergencia -sin publicidad ni concurrencia- que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) otorgó a clínicas privadas entre 2021 y 2023 acogiéndose al marco legal de la pandemia ya derogado.
La nueva consejera subió a la tribuna con un discurso preparado para responder a la polémica de los contratos fraccionados, que ha sacudido al Gobierno de Moreno desde el martes, pero el anuncio de la primera investigación judicial por el sistema de contratación a dedo que el SAS prorrogó hasta el año pasado -y canceló tras revelarlo este periódico- la ha pillado desprevenida. La noticia, avanzada esta mañana por la Cadena Ser, ha dejado con el pie cambiado al Ejecutivo andaluz, sin respuesta ni argumentario preparado para defenderse del chorreo de críticas y acusaciones que ha traído preparadas al Parlamento el PSOE, impulsor de la denuncia en los tribunales el pasado 20 de junio.
Los socialistas han concatenado hasta cinco preguntas a la consejera denunciando que el sistema andaluz de salud está “viciado” y “fuera de la ley”, y han hecho un recorrido desde las denuncias contra los contratos de emergencia sin marco legal, de 2021 a 2023, a los informes de los auditores del SAS, que hablan de un “fraccionamiento indebido y masivo”. Esto último ha descolocado por completo al Ejecutivo de Moreno que, por primera vez y de forma inédita, ha reaccionado desautorizando el informe del órgano de fiscalización interna, porque “la muestra de expedientes analizados es insignificante”, del 0,19% de los 295.000 contratos a dedo realizados en 2021.
Entre esos expedientes, hay cientos de contratos menores concatenados con la misma empresa por la compra del mismo medicamento, troceados en pequeñas partidas para “eludir” el umbral que fija la ley para un contrato menor -entre 15.000 y 30.000 euros- que al final suman una cifra millonaria. Las principales beneficiarias de este sistema fueron las grandes farmacéuticas, como Novartis, Pfizer, Janssen, Roche o Bayer, pero los auditores del SAS también denuncian que hubo troceamiento de contratos “en fraude de ley” para obras de ampliación y reforma de hospitales, para gastos en papelería, mensajería, taxis, guardias de seguridad privada e incluso “reforma de adornos navideños”, como tituló este periódico el miércoles.
La consejera de Salud, con el rostro descompuesto y el tono de voz muy bajo, se ha defendido de las acusaciones repitiendo una y otra vez el comunicado que la Junta envió el martes, tras la publicación de la noticia, negando “rotundamente que los contratos menores estén en fraude de ley”, como advierten los cuatro informes de la Intervención del SAS en Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén. Pero en una de sus respuestas, ya sin mirar el papel, ha hecho un matiz significativo: “Es rotundamente falso que haya contratos en fraude de ley. Yo hablo de sanidad, no hablo de alumbrado de navidades, en esas cosas no voy a entrar”.
El Gobierno de Moreno está negando que haya “desvío de fondos”, en respuesta a las denuncias de la Intervención, que ha dado de plazo al SAS hasta diciembre para responder con un informe de implantación de sus recomendaciones que demuestre que han “corregido” las “graves deficiencias” que recogen los informes. Si no lo hacen, el órgano fiscalizador elevará un informe de actuación al apreciar indicios delictivos.
Sin embargo, la Junta tampoco ha negado la existencia de irregularidades en la abultada contratación menor que hizo el SAS en 2021, y que alcanza casi el 27% de los contratos que se hicieron ese año. La consejera de Salud, como la titular de Hacienda, Carolina España, se aferran a que la contratación a dedo se generalizó un año después de la pandemia porque el “objetivo era salvar vidas”. Pero el uso de esos contratos a dedo para arreglos navideños, taxis u obras de albañilería en hospitales y centros de salud ha tensado los nervios de la consejería, que este jueves en el Parlamento no ha puesto la mano en el fuego por esos supuestos denunciados por el interventor.
El diputado del PSOE, Rafael Márquez, es quien ha abierto fuego esta mañana, en la primera intervención del Pleno, en la que ha descrito la situación de la nueva consejera de Salud como “un papelón”. “Se ha dedicado a leer el papel que le han puesto quienes han implantado este sistema fraudulento de contratación”, ha dicho, señalando al presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, que era el consejero de Salud en 2021, cuando se aprobaron las primeras prórrogas de los contratos de emergencia con clínicas privadas sin anclaje legal.
“Hemos pasado de optimizar el gasto sanitario con la subasta de medicamentos, cuando gobernaba el PSOE, a regalar dinero a las farmacéuticas. Es normal que estén encantados con ustedes, pocas cosas les patrocinan”, ha dicho Márquez. El diputado socialista ha preguntado directamente a la consejera “cuánto dinero se ha desviado” al “eliminar los controles de fiscalización” para repartir contratos a dedo, y ha recordado que, al no haber publicidad ni concurrencia competitiva, la Junta no ha podido beneficiarse de ofertas a la baja en la contratación pública que, de media, ha dicho, es del 15% respecto al precio original.