El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, ha irrumpido este martes en la campaña electoral del PP en Castilla y León, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de cometer un “atraco” con las mascarillas que “incautó” a Andalucía nada más declararse el estado de alarma, en marzo de 2020, cuando en toda España había un déficit de tapabocas para prevenir los contagios. Durante un mitin en Aranda del Duero junto al candidato y presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, Aguirre ha lanzado esta acusación que posteriormente ha difundido el PP nacional desde su cuenta de Twitter:
“Lo más duro, después del decreto de alarma, fue el atraco que sufrió Andalucía como consecuencia del Gobierno central, cuando me llama el ministro Salvador Illa, un domingo, yo en mi casa, y me dice: consejero, hemos descubierto una fábrica de mascarillas en Andalucía. Y le digo: ¡no me digas! Sí, sí, las vamos a incautar todas. ¿Y cuál es? En Alcalá. ¡Coño, mi fábrica! Oye, pues mandó a la Guardia Civil y se llevó el millón de mascarillas. Ese fue el mayor atraco que he tenido yo a lo largo de estos dos años”, dice Aguirre, provocando carcajadas entre el público.
El consejero de Salud se queja del entonces ministro Illa, al que reprocha que le dijera hace dos años que “el Gobierno central se encargará de abastecer a todos y las consejerías no tenéis que comprar nada”. “Lo que pasa es que nosotros somos ya viejos y dijimos: a dios rogando y con el mazo dando”, avisa a Aguirre.
En realidad el relato del consejero de Salud no coincide con la versión de la propia empresa, una fábrica de textil de Alcalá la Real, en Jaén, que hace dos años se puso en contacto con el Ministerio de Sanidad para abastecerle con su stock de mascarillas. El 17 de marzo de 2020, tres días después de que entrase en vigor el estado de alarma que confinó en sus casas a todos los españoles, la pandemia se había cobrado 184 fallecidos en el país y 11.000 contagios. Ese día, Aguirre hizo pública una carta que acababa de enviar el ministro Illa reclamándole la devolución de 150.000 mascarillas “ya comprometidas” con hospitales andaluces, que habían sido “requisadas”, dijo, por la Guardia Civil el domingo 15 de marzo en una la empresa Diseños NT, de Alcalá la Real.
El Ministerio de Sanidad respondió entonces que se trataba de una “incautación” de material quirúrgico que se había ordenado en toda España, y recordó que el presidente Sánchez había designado a Illa máxima autoridad en el gabinete de crisis del Gobierno, y éste había pedido a empresas y ciudadanos que devolviesen todas las mascarillas y desinfectantes que hayan acumulado estos días porque las autoridades sanitarias lo necesitaban con urgencia.
Fueron los responsables de la empresa jiennense los que salieron al paso de este pulso entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía para corregir al ministro –“porque no fue una incautación, sino una colaboración responsable”– y también al consejero Aguirre, “porque tampoco fue un requisamiento”. “Nos hemos puesto al servicio del país, ahora fabricamos para el Estado. Nuestra producción ha sido intervenida, pero no incautada. Hemos puesto todo nuestro stock al servicio del país. Estamos colaborando para facilitar el trabajo a la autoridad única para frenar la epidemia”, explicaron entonces los responsables de la fábrica a eldiario.es
El Ministerio de Sanidad, a través de la Guardia Civil en contacto con la empresa de Jaén, recogió el stock para redistribuir las mascarillas en los hospitales con más urgencia y más número de contagios. En ese momento, el nivel de contagios en Andalucía (683 positivos) estaba muy por detrás de otras comunidades, como Madrid (4.871 casos), de donde procedían la mitad de los fallecidos por la pandemia, o Cataluña (1.394 casos). La Junta, no obstante, había denunciado que la falta de mascarillas generaba una situación de “extrema gravedad” para el personal del Sistema Andaluz de Salud (SAS).
La carta de Aguirre al ministro recoge un severo reproche, acusándole de falta de coordinación entre administraciones. El consejero denunció la “absoluta precariedad del SAS tras el requisamiento de las 150.000 mascarillas de nuestro principal proveedor [la empresa de Jaén], que mantenía un suministro regular de aproximadamente 200.000 mascarillas semanales”.
El estado de alarma declarado por el Gobierno central el 14 de marzo de 2020 puso a todas las empresas que fabricaban material quirúrgico a trabajar directamente para el Ministerio de Sanidad, que es quien centralizaba el protocolo de contingencia contra la pandemia. En Andalucía, no sólo la empresa jiennense, sino “el resto de proveedores de mascarillas derivan su producción” al Ministerio, admitió Aguirre entonces, quejándose de que “apenas tenemos existencias para el resto de la semana”. El consumo semanal previsto en Andalucía era de 250.000 mascarillas, y la falta de material provoca ahora un problema “de seguridad para pacientes y personal sanitario”.