El Consejo Audiovisual de Andalucía ha dejado sin respuesta la reclamación firmada por más de 20 asociaciones del ámbito audiovisual afectadas de lleno por el decreto ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva aprobado el pasado mes de marzo por el Gobierno andaluz en el querebaja competencias al Consejo y normaliza la publicidad privada e institucional en televisiones y radios sin licencia. Aunque su presidente, Antonio Checa, anunció la pasada semana una respuesta a este escrito consistente en preguntas concretas dirigidas a él de forma expresa, el Pleno de la institución celebrado este martes ha optado por trasladarlo a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, para que sea ella quien les responda. Cuatro miembros del Pleno del CAA se han opuesto a esta decisión y anuncian un voto particular.
Esta decisión, aprobada este martes en el seno de la autoridad reguladora con el voto favorable de cinco de sus nueve miembros, se apoya en la tesis de que el CAA no debe pronunciarse sobre una norma ya aprobada por el Parlamento y limita sus competencias a cumplir y hacer cumplir la ley. En cambio, los cuatro consejeros que han votado en contra entienden que existe normativa de sobra en la que sustentar la capacidad del Consejo para emitir una opinión ante procesos legislativos que le afecten, bien a iniciativa propia o bien a instancias de terceros.
Estos consejeros esgrimen el artículo 4.2 de la Ley de Creación del CAA, donde se recoge que entre las funciones del Consejo está la de “asesorar al Parlamento de AndaluciÌa, al Consejo de Gobierno y a las Corporaciones Locales de AndaluciÌa, en los teÌrminos que regule su Reglamento OrgaÌnico y de Funcionamiento, en materias relacionadas con la ordenacioÌn y regulacioÌn del sistema audiovisual, asiÌ como elaborar los informes y dictaÌmenes oportunos en materia de su competencia, tanto por iniciativa propia como a peticioÌn de las entidades mencionadas.
El Consejo ha emitido una nota de prensa en la que apela al diálogo y al consenso en torno a los contenidos del decreto aprovechando el anuncio del Ejecutivo autonómico relativo a su intención de llevarlo a la Cámara andaluza para su debate, así como su intención de llegar a un acuerdo con el Gobierno central, que la pasada semana aprobó su impugnación ante el Tribunal Constitucional. “El pleno del Consejo, reunido de forma telemática, ha estimado que, de acuerdo con la ley de creación de este órgano, una institución independiente como ésta no tiene potestad para realizar valoraciones sobre una normativa vigente cuya observancia tiene encomendada”, reza la nota del CAA.
El CAA sí se ha pronunciado ante cambios legales
Esta postura es un cambio de timón en la labor desarrollada hasta ahora por el CAA, porque sí existen precedentes de pronunciamientos del Consejo ante la modificación o aprobación de textos legislativos, no ya en el Parlamento andaluz, sino en las Cortes Generales. En julio de 2012, el CAA celebró un pleno extraordinario en el que emitió un pronunciamiento para mostrar su preocupación ante la modificación de un artículo de la Ley General de Comunicación Audiovisual que consistía en eliminar los términos “pornografía” y “violencia gratuita” del artículo relativo a los derechos de los menores de edad, en el que se recogen los contenidos prohibidos.
Tres años antes, en diciembre de 2009, cuando esa Ley estatal entraba en su fase final de tramitación, el CAA aprobó un informe sobre las consideraciones acerca del Proyecto de Ley General en el que, entre otras conclusiones, reclamaba mejoras en cuanto a la protección de la infancia respecto de los contenidos audiovisuales y más concreción sobre los límites que el texto establecía para la publicidad. Dicho informe fue trasladado a los presidentes del Congreso, del Senado, a los portavoces de los grupos parlamentarios de ambas cámaras, así como a las presidencias de la Junta de Andalucía y del Parlamento andaluz.
Recorte de competencias
Los consejeros que discrepan con el acuerdo del Pleno consideran además que el Consejo no debería ser ajeno al contenido de este decreto, en el que se le recortan competencias al suprimir la necesidad de que el CAA emita un informe preceptivo pero no vinculante sobre las licencias de emisión a las radios y televisiones. El objetivo de estos informes perseguía “garantizar el pluralismo y la libre concurrencia en el sector y prevenir situaciones de concentración de medios y abuso de posición dominante”, según reza la Ley del Consejo.
El escrito al que supuestamente iba a responder el presidente del CAA está firmado por las asociaciones de la prensa de Huelva, Sevilla, Cádiz, Almería, Córdoba, Campo de Gibraltar, Jerez y Jaén, así como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. También lo suscribe el Colegio de Periodistas de Andalucía, la Facultad de Comunicación de Málaga, la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Radio y Televisión de Andalucía y varios sindicatos. Muchos de estos colectivos, asociaciones y emisoras han sido recibidos por Checa desde que inició su mandato al frente del Consejo hace menos de un año.
En su carta, reclamaban un pronunciamiento ante la “situación de indefensión e inseguridad jurídica” a una institución “pagada con impuestos de la ciudadanía andaluza y encargada de vigilar el cumplimiento de la ley” y planteaban una serie de preguntas directas al presidente del Consejo sobre una reforma legislativa que para los firmantes supone “un hito desregulador en materia audiovisual dirigido al fomento de fines espurios que solo benefician a quienes hasta ahora se han negado a someterse a la ley”.
Finalmente, el CAA -máxima autoridad en regulación audiovisual en Andalucía, según recoge el Estatuto de Autonomía-, deriva estas preguntas y peticiones a la presidenta del Parlamento andaluz para que sea ella quien responda a las inquietudes del sector audiovisual regional.