El Consejo Consultivo de Andalucía ha dictaminado que son nulos 126 expedientes de regulación de empleo (ERE) de la Junta de Andalucía que suponen un monto de recuperación de 65 millones de euros, en caso de que pueda llevarse a efecto. El presidente del órgano, Juan Cano Bueno, ha precisado que el Gobierno de Andalucía ha solicitado un total de 247 dictámenes entre el presente año y el pasado, de los cuales se han hecho dictámenes en 187, cifras que responden al balance total de los ERE revisados hasta el momento.
Igualmente, ha precisado que “solamente en 13 ocasiones” se ha declarado nulo el procedimiento, pero los efectos de la nulidad no se estiman pertinentes, esto eso, no debe devolverse el dinero, habiéndose aplicado a este efecto el artículo 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo. En este sentido, cuando el daño que podría causar la devolución del dinero fuese por ejemplo la quiebra de la empresa “existen una serie de circunstancias recurrentes que permiten que los efectos de la nulidad no se produzcan”.
Hay que sumarles otros 48 dictámenes que han sido devueltos porque el expediente no venía completo, bien porque no se había notificado convenientemente en el domicilio adecuado, porque no se le había dado trámite de audiencia a los interesados y en general por defectos de forma. Por ello, el Consejo Consultivo de Andalucía está a la espera de que se “reconstruyan” adecuadamente y le sean devueltos para tomar una decisión sobre ellos.
Carpetazo a la investigación por la filtración
Preguntado por el expediente abierto sobre la filtración de documentación relativa al Anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2014, ha informado de que se ha decretado que no hubo ninguna filtración por parte de los empleados públicos. Por tanto, ha añadido, “hay que pensar que la filtración está en algún miembro del Consejo Consultivo de Andalucía” pero no se ha podido llegar hasta el final porque no se puede hacer una indagación en profundidad de los medios de comunicación de los que se valen los consejeros sin violar la intimidad y el derecho al secreto de los mismos. “En un juego de presunciones se pueden llegar a establecer conexiones” sobre los posibles autores, pero al no estar acreditado no se puede formular una acusación, ha detallado.