El Consejo de Gobierno ha mostrado este martes su criterio contrario a la toma en consideración (contenido) y tramitación en el Parlamento de Andalucía de la proposición de ley de Podemos sobre pobreza energética, que busca garantizar unos mínimos vitales a la población en riesgo de exclusión. Con ésta, ya son tres las proposiciones de ley de la oposición cuya tramitación veta la Junta de Andalucía desde que se constituyera el nuevo gobierno en el que por primera vez -con el PSOE-A en minoría- ha comenzado a pronunciarse también en contra de ello, cuando hasta el momento sólo manifestaba su rechazo en materia de contenido, lo que no impedía su debate.
Las otras dos que corrieron la misma suerte fueron sendas proposiciones de ley elevadas por el PP-A: la de modificación del impuesto de hidrocarburos (30 de septiembre) y la de rebaja del tramo autonómico del IRPF (27 de octubre), por entender el Consejo de Gobierno que también suponían modificaciones de los presupuestos autonómicos en vigor o próximos a estarlo, o sea, competencia del ejecutivo y no del legislativo. Una controversia que ya el pasado mes de octubre originaba una intensa disputa en la Mesa de la Cámara, por un insólito empate, lo que incluso obligó a endurecer las exigencias para estas iniciativas y a hablar de una reforma del reglamento que el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, no se atreve a abordar con un plenario tan fraccionado como el presente.
C's no se ha encontrado todavía con este problema, no ya porque su alianza está siendo clave para el gobierno en minoría del PSOE-A, sino porque de momento no ha presentado ninguna, si bien trabaja en sendas proposiciones de ley para reducir el consejo de administración de la RTVA y el Consejo Audiovisual de Andalucía.
En el caso de esta última de Podemos, el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha subrayado que “carece de memoria económica razonada” y por tanto “no dice cuál sería su incidencia en los presupuestos” autonómicos de 2016. La propuesta sí que tiene memoria económica. De hecho, cifra en 300 millones de euros el coste, pero el portavoz ha insistido en que “no está bien razonada” y menos “en la recta final de la tramitación” de las cuentas para el próximo ejercicio, que serán aprobadas en el pleno que tiene lugar este miércoles y jueves.
Por otro lado, el portavoz ha trasladado que el Consejo de Gobierno considera que esta norma recuerda a la ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar emergencias habitacionales y pobreza energética “del Gobierno de Cataluña que fueron recurridas” por el ejecutivo de Mariano Rajoy en el Tribunal Constitucional, y por tanto está suspendida, una situación a la que ve innecesario que camine la Junta de Andalucía mostrándose a favor de su tramitación.
En este contexto, Miguel Ángel Vázquez ha incidido en que la Junta de Andalucía ya desarrolla, “como ninguna otra comunidad autónoma”, programas para garantizar los suministros mínimos a las familias con menos recursos. Ha subrayado varias veces que la Junta de Andalucía es “pionera” en esto, con ejemplos como el programa de garantía alimentaria por el que se le suministran comidas a los escolares, incluso en las vacaciones de verano, o con el destinado a contratos a personas en riesgo de exclusión.
Será la Mesa de la Cámara la que decida finalmente si se tramita, lo que se producirá con toda seguridad, en vista de lo ocurrido hasta el momento con las otras dos proposiciones de ley que tienen incidencia sobre los presupuestos autonómicos en vigor, y el de 2016 lo estará en unas pocas semanas. En este sentido, tanto el PSOE-A como C's se han pronunciado hasta el momento en contra de la tramitación de proposiciones de ley con este veto, de manera que el PP-A, Podemos e IU no han sumado votos suficientes para conseguir que sean debatidas pese a que insisten en que se mantengan la costumbre que había en el Parlamento de Andalucía de no hurtarles esta posibilidad y que luego cada uno vote lo que quiera.
Tras conocer esta resolución, la secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha reclarado que ésta es la quinta proposición de ley que presentan en los seis meses que llevan en el Parlamento de Andalucía, y que no se rendirán porque es su trabajo, de manera que continuarán “haciéndolo”, pese a que tres han contado ya con rechazos a su toma en consideración y/o tramitación. “Quedará escrito que, una vez más, el Gobierno de Andalucía no está a la altura de la circunstancias”, ha continuado refiriéndose a situaciones como los cortes de suministros básicos o los desahucios. La también portavoz parlamentaria de Podemos cree que a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, “se le tiene que pasar ya el trauma de la investidura” -en referencia a que no consiguió salir hasta la cuarta votación- y aparcar su “rencor” y “ansias de venganza hacia Podemos”.
Calendario de rechazos
Éstas son tres proposiciones de ley con la oposición del Gobierno de Andalucía a su tramitación, pero todas las que se han presentado hasta el momento han tenido por lo menos el rechazo a su contenido. De este modo, se ha opuesto a la toma en consideración de otras dos proposiciones de ley de Podemos, si bien en ningún caso se había negado a su tramitación como este martes. Por un lado, la de las cuentas abiertas (4 de agosto), que tumbaron los votos del PSOE-A y C's cuando fue abordada por el pleno del Parlamento de Andalucía. Por otro, la proposición de ley de emergencia ciudadana (30 de septiembre), todavía pendiente de llegar hasta el pleno.
En el caso del PP-A han corrido igual suerte dos de sus proposiciones de ley: la de rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones del PP-A (4 de agosto), debatida ya en pleno y rechazada por los votos del PSOE-A, Podemos e IU en contra, y la de modificación de la Ley 3/2005 de incompatibilidades de altos cargos (17 de noviembre), que no ha llegado todavía a pleno, pero que no tiene tampoco el veto de la Junta de Andalucía a su tramitación. Las otras eran las citadas en materia fiscal, en las que la Junta de Andalucía vetó también su tramitación y no se han debatido: la de modificación del impuesto de hidrocarburos (30 de septiembre) y la de rebaja del tramo autonómico del IRPF (27 de octubre).
En el caso de IU, ha permitido la tramitación de sus dos proposiciones de ley hasta la fecha, pero con el criterio contrario a su toma en consideración: la de banca pública (3 de noviembre), que consiguió ser debatida en el pleno pero que tumbaron los votos del PSOE-A, PP-A y C's, y la de participación ciudadana (24 de noviembre), que todavía no ha sido abordada por el plenario.
Precisamente, ese mismo día el Consejo de Gobierno vetaba la tramitación de 89 enmiendas a los presupuestos autonómicos de 2016 presentadas por el PP-A, Podemos e IU. De hecho, las enmiendas se enfrentan a correr la misma suerte, como ha sido el caso, hasta la fecha, de otras dos. De este modo, el 13 de octubre se rechazó la tramitación de dos enmiendas parciales al proyecto de Ley de Medidas Urgentes para favorecer la Inserción Laboral, la Estabilidad en el Empleo, el Retorno del Talento y el Fomento del Trabajo Autónomo, presentadas, respectivamente, por IU y el PP-A.