El Consejo de Gobierno ha manifestado este martes su criterio contrario a la toma en consideración a la proposición de ley de la banca pública presentada por IU, si bien no se opone a su tramitación, o sea a que se debate en el pleno del Parlamento de Andalucía. El motivo, expuesto por el vicepresidente de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, es que el Gobierno de Andalucía está trabajando ya en un proyecto de Ley de la Entidad de Crédito de Andalucía (ECA), que recogerá las consideraciones hechas por diferentes organismos, fundamentalmente el Banco de España, desde que fuera aprobado el primer documento para su puesta en marcha la pasada legislatura cuando gobernaban el PSOE-A e IU.
Por ello, se da la paradoja de que el Consejo de Gobierno se manifiesta en contra de un texto que es “idéntico” al que aprobó en 2014, tal y como admitió IU en su presentación y como este martes ha reconocido el propio Manuel Jiménez Barrios, pero lo ha justificado porque “se han producido acontecimientos que obligan a reformularlo”. En este sentido, el también consejero de Presidencia ha explicado que “hay que incorporar observaciones hechas por diversos organismos, especialmente del Banco de España, que es el competente”.
Del mismo modo, ha expuesto que hay que adaptar el contenido del citado anteproyecto -que es el que ha usado IU para su proposición de ley- a la nueva normativa del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. En todo caso, el consejero ha garantizado que el compromiso con la ECA sigue adelante y ha recordado que “tendrá como objetivo prestar respaldo al tejido productivo” de la comunidad autónoma.
Cabe recordar que IU presentó esta proposición de ley dentro de la estrategia desplegada para recuperar las leyes del pacto de la pasada legislatura que se quedaron en un cajón tras la ruptura. Tanto con la banca pública, como más recientemente con una proposición de Ley de Participación Ciudadana, pretende obligar a que el PSOE-A se pronuncie sobre compromisos que fueron adquiridos la pasada legislatura pero que quedaron paralizados. De todas maneras, en el caso de la banca pública se ha topado de momento con este rechazo el Consejo de Gobierno que ha optado por rehacer dicha ley con unas consideraciones del Banco de España que no ha facilitado a la espera de dárselas a conocer primero a la coalición de izquierdas.
Dudas para la ficha bancaria
Entre las alegaciones hechas por el Banco de España sobre el anteproyecto, figuran, entre otras, observaciones que ponen en duda la concesión de la ficha bancaria, que había sido una de las exigencias de IU para que fuera realmente un banco. En este sentido, según ha manifestado el consejero sin dar más detalles, una de las alegaciones se refiere a funciones recogidas para la futura ECA, que según el Banco de España, “no son compatibles con las actividades contempladas en el anexo de ley, como la gestión de fondos sin personalidad jurídica”.
El Banco de España también cuestiona del anteproyecto los mecanismos de participación ciudadana que se habían establecido, igual que el papel de supervisión que se le otorgaba a determinadas consejerías, porque el Banco de España recuerda que el control de las entidades de crédito es su “competencia”, tal y como ha expresado el consejero. Éste ha insistido en que independientemente de que tenga o no ficha bancaria, cosa que a estas alturas no puede garantizar, es un compromiso del Gobierno de Andalucía contar con este instrumento. Ha concluido reiterando que el documento con las alegaciones del Banco de España se lo va a trasladar a IU “porque la Junta de Andalucía quiere poner en marcha la ECA”.
Por su parte, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, ha defendido que la creación de la ECA es “fundamental para salir de la crisis desde unos parámetros diferentes a los que existen ahora”. En declaraciones a la agencia Europa Press, ha apuntado que en Andalucía “no estamos para asumir lo que diga el Banco de España”, sino “para convencer a las instituciones financieras de que un instrumento público que dé crédito a pymes, cooperativas y autónomos, es fundamental para encontrar una salida de la crisis”. En su opinión, hablar de cambio del modelo productivo sin este instrumento, es dejarlo “cojo”.