El Consejo de la Juventud de Andalucía (CJA) intentará en marzo la que será su tercera convocatoria de asamblea el último año para tratar de renovar sus órganos mientras persiste en su pulso con la Junta de Andalucía para contar con personalidad jurídica propia, en lugar de estar adscrito al Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) y por tanto mermada su independencia, una reivindicación de hace años en la que nuevamente se han topado con una negativa.
Ha sido en el último pleno en el Parlamento de Andalucía cuando el PSOE y C's tumbaron una enmienda que Podemos incluyó en una moción de 25 puntos del PP sobre políticas de juventud. En la misma, que fue respaldada también por los populares e IU, se pedía que se instara a la Junta de Andalucía a dotar de personalidad jurídica propia este consejo con más de tres décadas de historia y que está integrado por asociaciones como máximo órgano de participación, representación y consulta de la juventud de Andalucía.
Con su propuesta, Podemos se hacía eco de una petición de las asociaciones. En esta línea, la coordinadora general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha defendido que el CJA “debe adaptarse a los tiempos que corren” y que, con más de 30 años, “ya es hora de que se emancipe”.
Pero las razones que esgrimieron los dos socios de investidura para votar en contra fue que se incluirá en el marco de la futura Ley de la Juventud de Andalucía, cuyo anteproyecto fue aprobado en 2014 por el Consejo de Gobierno. De hecho, está en el listado de 30 leyes que el Gobierno de Susana Díaz ha prometido impulsar en 2017, pero desde que salga del Consejo de Gobierno como proyecto de ley hasta que sea aprobado por el Parlamento de Andalucía y entre en vigor pueden pasar hasta dos años.
Por eso, el posicionamiento del PSOE y C's ha levantado una oleada de críticas entre las asociaciones, donde los jóvenes han recordado a la presidenta que tenía el compromiso, como su predecesor José Antonio Griñán, de devolverle a este consejo la autonomía de la que gozó hasta un decreto de 2003. Es más, que tuviera personalidad jurídica propia le permitió ser miembro de pleno derecho del Consejo de la Juventud de España (CJE).
La diputada del PSOE María Márquez, que defendió el posicionamiento de su grupo, presumió de ser la más joven de los que ocupan escaño y por tanto de entender las demandas del colectivo. “Nadie como el PSOE se ocupa de las políticas de juventud”, aseguro, instando a los demás grupos a enumerar “cuántos diputados de menores de 30 años” tenían en sus bancadas.
Son autónomos en todos los demás territorios
La realidad es que, salvo el de Andalucía, y el de Canarias que ha sido el último en constituirse y está pendiente del desarrollo de la ley, los otros ocho que integran el CJE tiene personalidad jurídica propia -Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Murcia, Navarra y País Vasco- como máximos órganos de voz y voto de la juventud en sus respectivos territorios y como ocurre con todas las entidades que lo conforman. El resto de comunidades autónomas no cuentan con este instrumento en el CJE o lo han suprimido, si bien varias están trabajando para dotarse del mismo.
Esto hace que haya una anomalía entre los principios que rigen el CJE y que el CJA siga como miembro porque no cumple con las exigencias de autonomía para serlo de pleno derecho. Su presidenta del CJE, Julia Chica, que curiosamente es miembro del CJA, envió el pasado año una carta al director del IAJ, Francisco Tomás Pizarro (de Juventudes Socialistas de Cádiz), con una resolución en la que se insistía en la necesidad de independencia para conformar el organismo. “El CJE se dotará de los mecanismos necesarios para que todos los miembros de cumplan los requisitos y serán de aplicación inmediata”, responde cuando se le pregunta cómo encaja este incumplimiento que ha generado también polémica por la inclusión del canario sin que estuviera garantizada previamente su personalidad jurídica propia, lo que precisamente se hizo aprovechando el resquicio que se había abierto con Andalucía.
En cualquier caso, Julia Chica evita valorar la situación del CJA “y de cualquier otro consejo”, y no concreta si esto conllevaría la expulsión de los andaluces -y los canarios- porque no cumplen. Eso sí, se remite a “los principios básicos” del CJE para estos órganos, donde la personalidad jurídica propia es uno de ellos como garantía de la independencia.
Todo ello se produce en un contexto de interinidad en el CJA que tenía que renovar su dirección hace casi un año. Una primera asamblea, cuando el 7 de mayo de 2016 se cumplió el mandato, no concluyó con un resultado por diferentes objeciones del equipo técnico para un proceso en el que sólo había una candidatura, la encabezada por Álvaro Sánchez, de la Formación Orientación y Ocio Joven (Foro Joven), para la presidencia, cargo que en el caso de Andalucía no está remunerado como en otros consejos.
En la segunda, el 2 de julio de 2016, en torno a un tercio del centenar de delegados presentes dejó la asamblea cuando se votaba, y luego impugnó el resultado en el que salió elegida la única candidatura que se había presentado, de nuevo liderada por Álvaro Sánchez, con algunos cambios su lista. Eso ha hecho que éste nunca haya podido tomar posesión como presidente porque el responsable del IAJ no ratificó esos resultados, sino que suspendió la comisión permanente dentro de sus competencias para hacerlo porque no es un órgano con autonomía. El tercer intento está previsto, como se ha dicho, para marzo y las entidades han recibido ya la carta sin que haya fecha para la convocatoria.
Por tanto, el CJA continúa con una comisión permanente en funciones. La que la presidía, Lorena Rodríguez (también de Foro Joven), dimitió después de lo que calificó de “pucherazo” con el primer intento de asamblea. Ejerce como tal, pues, el vicepresidente primero David Lozano Guerrero (federación El Patio). El resto de componentes son el vicepresidente segundo Jaime Dario Araújo López (E-Veleta) y los vocales José Manuel Fragoso Vázquez (Jóvenes de UGT-A) y Rocío Vázquez Sánchez (Juventudes Andalucistas).
“Fiscalizar libremente”
Esta última explica que piden esa “autonomía para poder fiscalizar libremente las políticas de juventud de la Junta de Andalucía” porque estando adscritos al IAJ como en estos momentos, se sienten “muy enconsertados” para ello, además de que ni siquiera pueden impulsar por iniciativa propia proyectos, firmar convenios con terceros, cambiar su reglamento... Trabajan incluso con personal de la propia Junta de Andalucía. “Dicen que no existe marco legal para hacerlo, pero es perfectamente viable”, apunta Rocío Vázquez Sánchez.
En términos parecidos se expresa Lorena Rodríguez, fuera ya incluso de Andalucía, quien se remite a un informe del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura Vicente Álvarez García integrado en el dictamen de la Ley de la Juventud de Andalucía, que fue encargada de negociar durante su mandato. “Sólo falta voluntad política. Que no se puede es una excusa”, comenta. Para lamentar luego que no pudiera cumplir con este objetivo: “Cuando tomé posesión, uno de los objetivos para los dos años de mandato era lograr personalidad jurídica propia, pero todo han sido trabas”.
Por su parte, Álvaro Sánchez, quien no descarta integrarse en una candidatura aunque duda de que la vuelva liderar, se muestra “decepcionado” por el papel de C's, “que dijo que venía a cambiar las cosas y se ha plegado al argumentario del PSOE alegando que no se puede dotar de personalidad jurídica propia mientras no esté la nueva ley y no tiene por qué ser así”.
Pero lo que más le pesa es que todo ello se produzca en un órgano del que el propio director del IAJ presumía de que podía considerarse de los más independientes: “Esto podía haberle dado el impulso definitivo”. También aborda el bloqueo en la renovación: “Me parece que el IAJ no ha sido imparcial como debiera en este proceso. Y el resultado es que el consejo está desamparado y prácticamente desaparecido, con sólo una actividad el último año”.
En todo este conflicto hay una cuestión de fondo y es la tensión entre dos frentes. Por un lado, los colectivos más vinculados a Juventudes Socialistas, que por primera vez en la historia del CJA no tenía representación en la candidatura que se presentaba, y por otro, los que les acusan de no querer perder el control y empujan por el cambio cuanto antes para absoluta autonomía de la Junta de Andalucía, “independientemente de quién gobierne”.
El hecho de que estando en un conflicto como el presente no se cerrara el censo, lo que critican estas asociaciones, puede desequilibrar definitivamente la balanza. La última actualización que recoge la web del IAJ es a junio de 2016, justo en vísperas de la primera asamblea, con 32 entidades. Todas, incluso las nuevas, tendrán pleno derecho a siete delegados en la próxima asamblea para la que el IAJ no ha publicado cuántas entidades podrán finalmente participar. Cuando la cifra sea pública y se conozcan las nuevas entidades con derecho a voto, será otra historia.