El Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres (CAPM), representado en sus vicepresidentas, Silvia Oñate y Rocío Pérez, ha entregado este lunes el Parlamento de Andalucía una carta dirigida a los grupos políticos con representación parlamentaria para instarles a que exijan al Gobierno de España la retirada inmediata del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada. El CAPM fue el primero en Andalucía en exigir --mediante una carta dirigida al Gobierno central el pasado 23 de diciembre- la retirada de dicha reforma.
Según explica el documento, la reforma legal “vulnera la capacidad de decisión de las mujeres en relación a su maternidad”, y “las considera incapaces de decidir” por sí mismas sobre su proyecto de vida. Para el CAPM, “se trata de una imposición ideológica y moral” para la que “no existía ninguna demanda social”, que “contraviene las directrices de la Organización Mundial de la Salud y sitúa a España a la cola de Europa en lo relativo a derechos de las mujeres”, con la regulación “más restrictiva de los países de nuestro entorno”.
En un comunicado, el CAPM señala que la derogación de la actual ley, que “había reducido el número de abortos”, afectará especialmente a las mujeres con menos recursos, ya que “finalmente serán las que no podrán salir fuera de España para interrumpir su embarazo”.
Además, recuerda el CAPM en la carta, el anteproyecto de Ley “excluye el apartado de salud sexual y reproductiva, que garantiza la prevención de embarazos no deseados, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y, en general, los medios para que la maternidad sea una decisión libre de las mujeres”.