El Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad el primer recurso que ha estudiado sobre el caso de los ERE de Andalucía: el del exconsejero José Antonio Viera contra su condena de siete años de cárcel por un delito de malversación. El pleno explica que su recurso estaba escrito en “términos genéricos” y sin “explicación alguna o desarrollo argumental”. En los próximos días el tribunal de garantías tiene previsto estudiar el recurso de la exministra Magdalena Álvarez, inhabilitada por un delito de prevaricación, con el borrador de la sentencia proponiendo su estimación y anular su condena.
Se trata del primer recurso que ha estudiado el pleno del alto tribunal contra las sentencias de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo que condenaron a integrantes de los gobiernos andaluces de José Antonio Griñán y Manuel Chaves por el sistema de ayudas que derivó en el descontrol de casi 700 millones de euros en subvenciones. Varios fueron condenados a penas de inhabilitación por prevaricación y otros, como es el caso de Viera, también a penas de prisión por malversación de caudales públicos.
El Constitucional ha rechazado el recurso de Viera pero sin entrar en el fondo de las alegaciones contra la condena por este delito que sí han realizado otros encausados. Su recurso, dice por unanimidad el tribunal, tiene un “defecto insubsanable”: especificar qué vulneración de derechos fundamentales denuncia. “La queja se expresa en términos genéricos, sin que vaya acompañada de explicación alguna o desarrollo argumental”, explica en un comunicado. El Constitucional, recuerda este mismo comunicado, no puede analizar cuestiones “de oficio” si no lo plantea la demanda.
El pleno tiene pendiente esta semana examinar uno de los recursos clave contra las sentencias de los ERE, al menos para los condenados por prevaricación: el de la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez. Condenada a nueve años de inhabilitación por ese delito, en su caso el pleno debatirá si haber participado en la fase prelegislativa de esas ayudas también se puede considerar prevaricación. En la tramitación del caso ante el Constitucional la Fiscalía ha apoyado de forma parcial algunos recursos y ha cuestionado una parte de las condenas por prevaricación.
Fuentes del tribunal explican a elDiario.es que no todos los condenados jugaron el mismo papel en la creación y desarrollo del sistema de ayudas, y que por tanto no todos los debates serán idénticos en torno a los diferentes recursos. Existen diferencias, por ejemplo, entre los que participaron en la creación de los anteproyectos o proyectos de presupuestos que posteriormente fueron aprobados en el Parlamento de Andalucía, y los que aprobaron modificaciones presupuestarias posteriormente, o gestionaron la adjudicación del dinero.