El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sancionó el pasado viernes a cuatro compañías aéreas por un valor superior a los 15.000.000 de euros. Entre las prácticas reconocidas como abusivas por la sentencia se encontraban los extras por equipaje de mano, la falta de transparencia en los precios o la tasa por elegir asiento junto a personas dependientes, así como la imposibilidad de pagar en efectivo en el aeropuerto.
El secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, ha anunciado en rueda de prensa en Sevilla la creación de una plataforma de afectados por estas prácticas. En su intervención ha insistido en la necesidad de “demandas masivas para repercutir de manera real sobre las compañías” afectadas (Ryanair, Volotea, Vueling y EasyJet). Los consumidores pueden presentar reclamaciones tan sólo presentando las pruebas (facturas, correos electrónicos...) que demuestren que fueron víctima de las prácticas sancionadas, sin necesidad de abogado o procurador, según ha explicado Rubén Sánchez.
El sector de los transportes, encabezado por las aerolíneas, copó el 9% de las denuncias a través de la organización de consumidores, según datos proporcionados por la propia FACUA. Esas denuncias han experimentado una fuerte subida desde que, en noviembre 2018, Ryanair comenzase a cobrar el equipaje de mano como cargo adicional. Una práctica que no tardó en ser adoptada por otras compañías de corte lowcost. FACUA recuerda que “ya se quejó en su día” y recalca que las devoluciones a los usuarios tendrán un carácter retroactivo de hasta cinco años, prorrogables si se cuenta con un abogado o procurador.
Una victoria a años vista
Aunque el Ministerio haya declarado las prácticas como “abusivas” y “poco transparentes”, la sentencia aún dista de ser firme. Rubén Sánchez calcula que no habrá una resolución del tribunal administrativo “hasta julio” y que aún así, las compañías sancionadas agotarán también sus recursos por lo contencioso, llegando hasta el Supremo si hiciese falta. Sin embargo, FACUA establecerá un mecanismo de ayuda para los consumidores que presenten las pruebas requeridas, además de redactar las denuncias para aquellos que sean socios de pleno derecho de la organización.
Pese al anuncio de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) de su desacuerdo e intención de agotar los recursos legales disponibles, los consumidores pueden desde este lunes poner en marcha los mecanismos legales para recuperar su dinero. Sánchez ha recalcado que, además del reembolso, FACUA está luchando porque las comunidades autónomas impongan una multa adicional a las aerolíneas por cada reclamación ganada. La asociación ha recordado también el ejemplo de Baleares, que emprendió una diligencia contra las mismas cuatro compañías (Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea) el pasado año, pero que derivó la causa a Consumo por ser incapaz de imponer multas significativas.
La sanción impuesta (la más grande desde que el Ministerio adquirió la potestad sancionadora en mayo de 2022) no ha conseguido amedrentar a las aerolíneas, que defienden el derecho de los consumidores de “pagar solo por los servicios indispensables”, y que no eliminarán estas prácticas hasta que no haya una sentencia en firme. A este respecto, el secretario general de FACUA ha recalcado que el derecho a viajar con equipaje de mano en cabina es algo reconocido en el ordenamiento jurídico del tráfico aéreo desde los años 60, y que ya existen sentencias europeas que han dado la razón a los consumidores.