La Junta “llegará hasta las últimas consecuencias” para cobrar la deuda del Estado
La Junta de Andalucía espera una resolución “en los próximos días” del contencioso administrativo planteado contra el Gobierno de la Nación para exigirle el pago de los 1.504 millones de euros correspondientes a liquidaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de los años 2008 y 2009 que les reconoció Madrid con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente.
Esta cuantía corresponde al cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera (DAT) del Estatuto de Autonomía, que cifra en el 17,8% (ahora sería el 17,9%) el porcentaje de las inversiones totales en las comunidades autónomas que correspondería a Andalucía por su peso de población. Se refiere así a cantidades que la región debía a haber recibido esos años a través de los PGE y que no se incluyeron.
La cifra total la eleva la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, a 2.247 si le suma los 743,1 millones de euros que según sus cálculos ha dejado de recibir Andalucía por esta misma regla los tres años posteriores, pero esto no ha sido reconocido formalmente por Madrid. En este sentido, ha explicado que el contencioso administrativo se ha presentado después de que no hayan sido atendidos por el departamento del ministro Cristóbal Montoro los requerimientos por parte de Andalucía.
La consejera ha ido más lejos al señalar que para los PGE de 2014 el Gobierno de la Nación “ha recurrido a una trampa” para acercarse al cumplimiento de la DAT (la comunidad autónoma recibirá el año próximo un 17,3% del total de inversiones, medio punto por debajo de sus exigencias), dado que ha “incorporado fondos europeos” que no deberían “computarse aquí”, aunque no ha sabido detallar en qué medida.
En todo caso, la Junta de Andalucía sabe que es complicado llevar esta reclamación mucho más allá, dado que hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que exime al Gobierno de la Nación de esta obligación, como es el caso de la sentencia 31/2010 sobre una reclamación similar de Cataluña. Sí al menos intenta agarrarse a la vía contencioso administrativa para el caso de los 1.504 millones de euros reconocidos por la Intervención General del Estado en la Comisión Bilateral Estado-Junta de Andalucía en 2011. Otra cosa será que resulte un esfuerzo estéril si los tribunales esgrimen el mismo argumento de que el Gobierno de la Nación ha hecho uso de la libertad que tiene para decidir las inversiones.
