Contratos fraccionados para evitar la concurrencia pública, presupuestos presuntamente adulterados, firmas posiblemente falsas y hasta facturas aparte por trabajos incluidos en contratos ya adjudicados. El informe especial del interventor del Ayuntamiento de Benalmádena por el “posible fraude” en las contrataciones del Puerto Deportivo de Benalmádena en el periodo 2011-2015 arroja una larga relación de malas prácticas: durante apenas tres años y medio, un único empresario, Miguel Sánchez-Infante, se embolsó más de dos millones de euros, el 46,80% de lo que el Puerto adjudicó en ese periodo, a través de seis empresas que controlaba directa o indirectamente.
Un segundo grupo de empresas, no vinculado directamente a Sánchez-Infante y controlado por Matías Iglesias y Manuel García Guerrero, obtuvo 836.710,82 euros (el 18,99%) también de manera sospechosa, a juzgar por las explicaciones del interventor. De esta forma, el interventor pone en la picota más del 66% de las adjudicaciones del puerto y cree que se pudieron cometer delitos de fraude, malversación, prevaricación y quebrantamiento de embargo para favorecer a tres empresarios amigos.
Enviado a la Fiscalía
El informe, adelantado por Sur, y al que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucía, fue elaborado en el marco de una auditoría a la gestión del Puerto en el periodo 2011-2015, y ya ha sido enviado a Fiscalía por la gravedad de los hechos. El interventor acusa a Francisco Salido, de Unión Centro Benalmádena y Consejero delegado del Puerto durante ese periodo, y a José Manuel López Merino, gerente del Puerto, de favorecer a tres empresarios mediante adjudicaciones presuntamente irregulares. Salido, que también fue concejal de asuntos sociales, está igualmente imputado por las presuntas irregularidades en las cuentas del comedor social del municipio.
Además, ambos están siendo investigados por su actuación en el Puerto a raíz de una denuncia presentada en su día por la concejala Encarnación Cortés. A esa investigación podría incorporarse ahora el informe especial del interventor. Durante la legislatura pasada, el partido que dirigía Salido apoyó al alcalde del PSOE, antes de participar en una moción de censura que, gracias a su apoyo, permitió al PP desbancar a los socialistas.
El texto del interventor documenta una retahíla de irregularidades presuntas cometidas con escaso disimulo. Por ejemplo: el Puerto convocaba a los procedimientos a tres empresas del mismo empresario con el fin de que existiera apariencia de competencia. Con empresas constituidas apenas tres meses antes de la firma de los contratos, Sánchez-Infante obtuvo 2.062.020,38 euros del Puerto de Benalmádena. Desde el mantenimiento de los jardines a la peatonalización, del acerado al recalce de los muelles, los contratos más jugosos acababan en manos de esta empresa.
Contratos de un mes prorrogados hasta casi tres años
El fraccionamiento permitía eludir los requisitos de publicidad y adjudicación. Una muestra es que el contrato para el mantenimiento de jardines se firmó por un mes prorrogable a cambio de 8.970 euros más IVA, pero la prórroga se alargó mes a mes hasta completar casi tres años, por los que el Puerto pagó 390.499,82 euros. Lo mismo ocurrió con los servicios de mantenimiento, contratados durante tres años (107.040 euros anuales más IVA) por plazos mensuales o con la limpieza de los servicios (21.240 euros mensuales durante casi dos años).
La lista de presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación sigue: el interventor sospecha que en otros casos pudieron falsificarse firmas de presupuestos o se inventaron las empresas. “Se puede afirmar que Deltrasub, de acuerdo con los antecedentes aportados, no es una sociedad ni cuenta con objeto social”, se lee. A veces los presupuestos son posteriores a la fecha de adjudicación o no constan en el expediente, hasta tal punto que se adjudicaron contratos “sin que se haga mención de otras empresas en los contratos concertados”.
Ni siquiera importaba que las empresas adjudicatarias se dedicaran al objeto del contrato, y una empresa dedicada a la promoción inmobiliaria obtuvo, por ejemplo, la adjudicación del mantenimiento de jardinería.
Eludir los controles de Hacienda
También Hacienda resultó perjudicada: cuando una de las empresas beneficiadas fue embargada por la Agencia Tributaria, el Puerto de Benalmádena pasó a ingresar sus facturas (hasta un total de 182.142,62 euros) en la cuenta de otra de las mercantiles del grupo, eludiendo así los controles de Hacienda. Otro de los contratos adjudicados a la empresa embargada fue cedido a una empresa del grupo con el presunto consentimiento de Salido. El interventor cree que se trató de un negocio “ficticio”, “cuya más que posible finalidad sea la desviación de fondos”.
El interventor cree que Salido y el gerente del Puerto, José Manuel López Merino, “facilitaron” las adjudicaciones a estos dos grupos de empresas, que actuaron para “mejorar el lucro” de los contratos, que ayudaron a la financiación de esas empresas, y que “controlaron” que el “camino del dinero” llevara a los empresarios. “Existe un concierto al objeto de que las empresas sean las adjudicatarias de la mayor parte de las contratas relevantes del Puerto Deportivo”, concluye el interventor, que acaba dando una definición del saqueo: “el verdadero interés” era “que la mayor parte de los fondos se destinaran” a esas empresas.
El informe del interventor describe minuciosamente algunos de los procesos de contratación y pago y dibuja un retrato nítido del fraude. Por ejemplo, Construcciones Benaltol se constituye el 13 de abril de 2011 y en agosto el Puerto le adjudica el mantenimiento de jardines, después de mejorar la oferta de las otras dos invitadas a la licitación. Ninguna de las tres empresas se dedica a la jardinería y todas tienen en común que su administrador es Miguel Sánchez-Infante.
El contrato es por 8.970 euros más IVA mensuales, 107.740 anuales, “cantidad que supera con creces” el importe para contratos menores. El contrato, por el que Construcciones Benaltol nunca prestó fianza, se prorroga mes a mes hasta junio de 2014. En ese plazo la empresa se embolsa 390.449,82 euros. Pero además, Construcciones Benaltol emite y cobra una factura de 21.154,39 euros por la poda de las palmeras, a pesar de que esos servicios estaban incluidos en el contrato de mantenimiento, y otra de 7.286,97 euros por “adecuación de riego”, sin que el interventor haya encontrado ni el presupuesto ni la certificación de los trabajos. Los técnicos del ayuntamiento se negaron a presentar su conformidad a la factura, lo que fue suplido con la firma del propio Salido, que también reconoció facturas sin detalle o al margen de los presupuestos.
Por los servicios de mantenimiento, el Puerto pagó más de 300.000 euros durante tres años a una empresa constituida 1 mes y diez días antes de resultar “agraciada” con el contrato, mensual pero prorrogado hasta los 3 años y 4 meses (40 prórrogas). Las tres empresas que se presentaron al concurso tenían el mismo administrador: Sánchez-Infante. El contrato se licitó a pesar de que el Puerto tenía seis personas en plantilla ya encargadas del mantenimiento. Los técnicos del puerto reseñaron hasta 98 días en que los trabajadores de la adjudicataria no acudieron a su puesto, pero las facturas fueron siempre abonadas en su totalidad “por orden expresa del consejero delegado del Puerto”.