Si bebes...no seas cargo público: los controles de alcoholemia, mal amigo de los políticos

El último caso conocido no es una excepción. El concejal del municipio malagueño de Vélez-Málaga, José Antonio Moreno, de Ciudadanos, fue sorprendido este fin de semana por la Policía Local conduciendo con una tasa de alcohol que superaba en más del triple la legalmente permitida. Su partido ya le ha dado un ultimátum: o dimite o será expulsado. Pero no es un caso aislado y ha habido muchos “ejemplos” de concejales de distintos partidos y ayuntamientos españoles que han pasado por esas circunstancias o similares, y que en la mayoría de los casos se han visto forzados a dejar su puesto de responsabilidad.

No hace mucho tiempo, en agosto de 2015, el portavoz municipal de Ciudadanos en Valladolid, Jesús Presencio, dimitió de este cargo después de haber dado positivo en un control de alcoholemia, donde también triplicó el máximo legal permitido. La suya también fue una dimisión a medias porque se negó a entregar el acta de concejal y ha quedado como no adscrito.

En junio de 2014, la concejal de salud de Alcalá de Henares (Madrid), tras un accidente y un positivo en alcoholemia, dimitió de su cargo. La popular Mercedes Gómez Catalán, concejal de Cooperación e Integración, Familia, Salud y Servicios Sociales, superaba los índices de alcohol y chocó contra un vehículo en el que viajaba una mujer embarazada de ocho meses. El alcalde le retiró sus competencias y le pidió que renunciara a su acta.

Más antiguo es el caso del concejal de Gobernación y Tráfico de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) por conducir bajo los efectos del alcohol en junio de 2009. El socialista Manuel García Torres (PSOE) fue multado tras saldarse con resultado positivo una prueba de alcoholemia que le fue practicada en la reciente feria de la ciudad, según reconoció la entonces portavoz del Gobierno municipal, María José Borge, después de que los Grupos de concejales de PP y PA hayan reclamado la destitución de García Torres y la entrega de su acta de concejal.

En 2013, el alcalde de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), el socialista Fernando Zamora, fue sancionado por conducir bajo los efectos del alcohol....pilotando el coche oficial del Ayuntamiento. En un comunicado, Zamora tuvo que explicar que todo sucedió en un viaje que había cursado al chalé de propiedad municipal enclavado en el núcleo costero de Matalascañas (Huelva), utilizado como residencia de tiempo libre para los vecinos del municipio. En el transcurso de ese viaje, fue sometido a una prueba de alcoholemia en un control de la Guardia Civil, arrojando un resultado positivo.

Más reciente es el caso de José Ignacio Echeverría, diputado regional del PP, que sufrió un accidente de tráfico con un tasa de alcoholemia de 0,64, cuando el máximo permitido es 0,25. Presentó su dimisión después de haber sido consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y presidente de la Asamblea de Madrid en la última legislatura.

El concejal de UPN Ignacio Polo presentó su dimisión en abril de 2014 tras ser multado por superar la tasa de alcohol permitida. El edil delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, fue multado por la Policía Municipal por superar la tasa de alcohol permitida tras golpear a otro vehículo cuando se disponía a salir de un estacionamiento.

En mayo de 2014, el diputado de Compromís en las Cortes Valencianas, Juan Ponce, dio positivo en un control de alcoholemia cuando conducía por una calle de Valencia y fue parado por la Polícía Local. El parlamentario se disculpó y anunció que se apartaba de sus cargos orgánicos e institucionales en la coalición.

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, fue condenado en marzo de 2014 por conducir triplicando la tasa de alcohol permitida. El titular del juzgado de Instrucción 3 de Castellón le condenó por un delito contra la seguridad vial a una multa de 1.200 euros y a ocho meses de prohibición para la conducción. El juez disminuyó la pena que pedía el fiscal, de 1.800 euros de multa y un año sin carné, al llegar a una sentencia de conformidad después de que Calles aceptara la pena.

También en marzo de 2014, el concejal del PP de Mugardos (Santiago de Compostela) Gustavo Garro, fue condenado a un año de prisión tras negarse a pasar un control de alcoholemial. El concejal protagonizó un incidente con la Policía Local de Ferrol ya que los agentes aseguraron que presentaba síntomas evidentes de que iba ebrio.

En febrero de 2014, Alfonso Novo, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, conducía un automóvil en el que viajaba junto a otra persona por la calle de Botánico Cabanilles, en la capital, cuando se saltó un semáforo en rojo. Una patrulla de la Policía Local le dio el alto y, al hacerle la prueba, comprobó que superaba la tasa de alcohol.

Por otra parte, el concejal de Nuevas Tecnologías de Vecinos por Torrelodones (Madrid), Hernando Martín Caballero, presentó en febrero de 2014 de manera “personal e irrevocable” su dimisión a la alcaldesa, Elena Biurrun, tras dar positivo en un control de alcoholemia de regreso a su casa. Según señaló en una nota de prensa su partido, que gobernaba gracias a los votos del PSOE y del grupo independiente Actúa, se sentían “orgullosos” de que el concejal tomara esa decisión.

Un juez retiró ocho meses el carné al concejal de Seguridad Ciudadana de Mont-roig del Camp (Tarragona), Fermí Díaz (PP), por conducir ebrio. La Policía Local sometió a un control de alcoholemia a Díaz -que es su responsable político- y el concejal dio positivo con una tasa de 0,74 miligramos de alcohol por litro de aire aspirado.

El PP, en otro caso conocido, abrió un expediente informativo tras conocer que el alcalde de San Juan de la Rambla (Tenerife), Tomás Mesa Díaz, fue imputado por la comisión de un presunto delito contra la seguridad vial al conducir ebrio y provocar un accidente en el que resultaron heridas tres personas. Ocurrió en diciembre de 2013.

En marzo de 2013, la directora del distrito malagueño de Puerto de la Torre y exconcejala en el Ayuntamiento de Málaga, Mercedes González (PP), presentó su dimisión, aceptada por el alcalde, Francisco de la Torre, tras haber sido imputada por, presuntamente, conducir bajo los efectos del alcohol. Al parecer, dio positivo en un control de la Policía Local, doblando la tasa de alcoholemia.