El III Plan andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE 2020-2023), cuya formulación aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado martes, no es ambicioso económicamente hablando y opta por una visión “realista”, según se señala en el borrador, al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía. El objetivo del Gobierno autonómico, que ha venido incumpliendo en los últimos años su compromiso presupuestario para la cooperación internacional y el desarrollo, prevé tan solo llegar al 0,35% al final del plan, exactamente el mismo porcentaje previsto para el primer año de vigencia del anterior plan. Es decir, la previsión presupuestaria para 2023 es la misma que se previó para 2016.
En cualquier caso se trata de la primera versión del nuevo PACODE, que acaba de hacerle llegar la Junta a los agentes andaluces de cooperación para que puedan hacer aportaciones, “que se irán trabajando conjuntamente hasta definir una nueva versión que será objeto de trabajo entre todos los centros directivos de la Junta de Andalucía y a lo que le seguirán los preceptivos informes, previo a su aprobación por el Consejo de Gobierno a finales de este año”, indica la Junta.
Para Héctor Rivero, presidente de la Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (CAONGD), el nuevo plan “es ambicioso en cuanto a los cambios previstos pero no se acompaña del necesario esfuerzo presupuestario. Estamos en la fase de aportaciones y, obviamente, esa es una de las que vamos a hacer”, apunta.
Para la Junta, el nuevo PACODE “marcará la hoja de ruta que va a guiar la cooperación andaluza en este próximo cuatrienio” y “verá la luz a finales de este año”, con la finalidad última de “contribuir a la erradicación de la pobreza y a la consolidación de procesos encaminados a promover un desarrollo humano y sostenible”, dentro del marco que establece la Agenda 2030.
El documento, en todo caso, presenta una estimación del incremento esperado del presupuesto de la Junta de Andalucía destinado a cooperación internacional, que prevé un 0,25% para 2020, un 0,3% para 2021 y un 0,35% para 2022. La propuesta es que, con “la coyuntura económica actual”, “el presupuesto aumente al menos proporcionalmente a lo que lo haga el presupuesto de la Junta de Andalucía y en caso de que este último disminuya, que la disminución de lo destinado a cooperación sea proporcional”.
“Es necesario redoblar los esfuerzos, para no perder las capacidades instaladas, institucionales y profesionales, trabajando efectivamente para sentar las bases de una recuperación paulatina de las dotaciones presupuestarias para esta política pública, que permitan, a medio plazo, avanzar hacia el objetivo, no logrado con los Planes de Cooperación anteriores, de alcanzar el 0,7% de los Presupuestos de la Junta de Andalucía, en coherencia con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Cooperación, y con las metas de la Agenda 2030”.
Para el cálculo del porcentaje destinado a cooperación se parte del Presupuesto de la Junta sin contar lo destinado a las transferencias a las Corporaciones Locales por Participación en los Ingresos del Estado (PIE), al Pago de la deuda pública y al Fondo Andaluz de Garantía Agraria (FAGA), puesto que son partidas finalistas de las que no cabe destinar parte a la cooperación. Por el mismo motivo se excluyen las cantidades correspondientes a Fondos Estructurales Europeos, por ser gastos que es obligatorio destinar a finalidades determinadas.
Los incumplimientos en la materia en Andalucía se remontan 16 años atrás. El artículo 15 de la Ley Andaluza de Cooperación de 2003 estableció que “la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía fijará anualmente los créditos destinados a la cooperación internacional para el desarrollo que tenderán progresivamente a alcanzar el mínimo del 0,7% de los Presupuestos de la Junta de Andalucía”. Para colaborar a la erradicación de la pobreza en el mundo hasta alcanzar el 0,7% en 2012, sólo se llegó a poco más del 0,2% al final del periodo.
Mucho más habría que remontarse para ver los orígenes de la reivindicación del 0,7%. Tanto como casi medio siglo, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó, el 24 de octubre de 1970, la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Con base en el informe final de la 'Comisión Pearson', en 1969, la ONU hizo un histórico llamamiento para que los países desarrollados ofrecieran un nivel mínimo del 0,7% de su producto interno bruto (PIB) en Ayuda Oficial al Desarrollo.
Con todo, la Junta incumpliría uno de los puntos del acuerdo suscrito el 9 de enero entre PP y Vox para investir a Juan Manuel Moreno como presidente andaluz. El último punto de aquel documento, el número 37, decía: “Trabajar para que, en el marco de las ayudas a la cooperación internacional al desarrollo, se den pasos decididos hacia una gestión nacional de estos recursos”. Aunque no es ambicioso en el aspecto presupuestario, tampoco parece que en el nuevo plan de la cooperación andaluza se aborden “pasos decididos” hacia una gestión estatal de ese tipo de recursos públicos.