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Opinión - Cada día un Vietnam. Por Esther Palomera

Córdoba abre la primera fosa en busca de 4.000 represaliados

“Estamos aquí para que descanséis, cerréis vuestro duelo y alcancéis la justicia de una vez por todas”. Estas palabras de consuelo salían este jueves de la boca de la directora de la excavación que se ha iniciado en las fosas del cementerio de La Salud de Córdoba, donde se busca a parte de los más de 4.000 represaliados por el golpe de Estado de 1936 y el franquismo en la provincia.

Tras esperar más de 80 años y justo el día después de que los acuerdos entre los partidos políticos que posibilitarán el nuevo gobierno de Andalucía anuncien el cambio de la Ley de Memoria Democrática, Córdoba ha iniciado las catas arqueológicas que servirán de paso previo a la exhumación de los represaliados del franquismo.

Familiares de las víctimas llegaban con antelación a esta cita que han esperado durante décadas. Ellos han sido los protagonistas de un acto que ha simbolizado los años de espera, de búsqueda y de lucha por mover a las administraciones a tomar cartas en el asunto y desenterrar la historia silenciada.

Conteniendo la emoción que luego se desataría, hijos, sobrinos y nietos llegados de la capital y la provincia han visto, al fin, cómo se ha empezado a mover la tierra bajo la que están sus familiares, ávidos de que las tareas de búsqueda se desarrollen ya sin más obstáculos y puedan, al fin, tener los restos de los suyos consigo, después de décadas de silencio y de orfandad.

“Por mi padre y todos los que sufrieron”

Ha sido una de las frases con las que los familiares han tomado la azada y han comenzado, simbólicamente, a excavar la tierra donde ahora se buscará a sus seres queridos. Uno a uno, los que hoy eran protagonistas del acto, han puesto sus esperanzas en cada marca en la tierra que han dejado con la azada. Y han puesto también sus lágrimas, contenidas hasta entonces pero imposibles ya de parar en ese momento, de pie, justo encima de la fosa donde presumen están sus familiares.

Los testimonios dan cuenta de la esperanza que guardan y del sufrimiento vivido en este tiempo. “Hoy es un día grande”, decía Francisco Sánchez, emocionado. “Hemos pasado mucho, mucho”, explicaba mientras pisaba el suelo bajo el que espera encontrar a su padre, tres tíos y dos tías. Su padre se dedicaba al campo, administraba varios cortijos, no tenía vinculación política alguna. Pero también corrió la misma suerte que otros muchos. Lo fusilaron.

Como al padre de Antonio Cabello. Con 36 años, era teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera y trabajaba en la Diputación, cuando tras el golpe de estado de julio de 1936 “lo cogieron por ser socialista, nada más”. Lo fusilaron días después de pasar por la cárcel. Tuvo cuatro hijos, de los que hoy solo viven dos. Su mujer también murió, a los 88 años, después de toda una vida luchando por saber dónde estaba enterrado su marido.

Y al igual que Antonio Deza, hijo y sobrino de víctimas, y portavoz de la asociación de familiares de represaliados Dejadnos Llorar. “Para todos es un momento muy emocionante. Es el sueño de muchos. Para los que nacimos en 1936, a los 83 años estamos a la espera de coger sus restos, besarlos y darles sepultura digna”.

A todos ellos han querido reconfortar la palabras del equipo técnico en cuyas manos depositan su esperanza a partir de ahora. Un equipo técnico de profesionales trabajará durante dos meses en las catas de las fosas del cementerio de La Salud, catas que servirán de paso previo y análisis para conocer el estado de las fosas, saber cuántas personas hay enterradas allí y ser la base para una posterior exhumación de los cuerpos.

El Estado, de nuevo

En esta tarea aúnan sus fuerzas tres administraciones: Ayuntamiento de Córdoba, Junta de Andalucía y el Gobierno central, siendo la primera fosa donde el Ejecutivo participa desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. Las catas concluirán en dos meses con un informe que dictará los siguientes pasos a seguir para la exhumación de las primeras fosas. En paralelo, se realizarán pruebas de ADN a familiares y a los restos que se hallen, para cruzar los datos e identificar definitivamente a las víctimas. Será el paso final de un camino que ha costado comenzar más de 80 años.