A partir del próximo 16 de febrero la Policía Nacional podría echar por la fuerza a las familias alojadas en la Corrala Utopía. La titular del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla decretó el pasado viernes el “desalojo forzoso” de las viviendas propiedad de Ibercaja y habitadas desde hace ya 21 meses por 36 familias. La juez ha ordenado el “cumplimiento inmediato” de esta medida, avisando de que si en un plazo de 15 días no se hace efectiva esta decisión, serán los cuerpos de seguridad del Estado las encargadas de llevarla a cabo y expulsar a las personas del edifico. El abogado Luis de los Santos, miembro del colectivo de juristas 17 de Marzo y portavoz de la defensa, ha explicado que recurrirán el auto ante la audiencia provincial de Sevilla. Los motivos fundamentales de su recurso se basarán en la “falta de motivación, la falta de proporcionalidad de la medida y desde luego consideramos que la doctrina que se ha aplicado no es la más progresista”. Según explica, “entendemos que la vida de todas personas que llevan allí un año y medio está por encima de cualquier otro bien jurídico, como la propiedad”. Además, indica que “la entidad no ha justificado urgencia alguna en disponer del edificio y tampoco la ha expresado el Ministerio Fiscal y el auto de la jueza solo alude a restaurar el orden jurídico perturbado sin valorar nada más”.
De los Santos basa su opinión en varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que han respaldado esas tesis y alude al caso del bloque de Salt y a otros procesos. “El Tribunal europeo dice que para que se produzca un desalojo de este tipo, que puede ser legal conforme al ordenamiento, necesita que las Administraciones Públicas tengan una alternativa para estas familias. Es decir, si no hay alternativa para las familias, el Tribunal considera que este tipo de desalojos son ilegales y no deben producirse”, afirma. El abogado apunta a la responsabilidad de las administraciones públicas y concretamente a la Junta de Andalucía. Pese a que en ese precedente el Tribunal de Estrasburgo se posición a favor de las familias que habían ocupado el edificio, finalmente fue desalojado por los Mossos d'Esquadra.
Interponer este recurso no presupone que se pueda suspender el desalojo y no implica obligatoriedad de la jueza en intervenir. A pesar de ello, Luís de los Santos indica que “vamos a pedir que mientras se resuelva el recurso en la Audiencia Provincial, se suspenda el desalojo”. “Entendemos que si se ejecuta provisionalmente y posteriormente la audiencia se acoge a nuestro razonamiento y reconoce que este acto ya no se ajusta a derecho, se produciría un perjuicio de imposible reparación”, señala.
Las vecinas han confirmado que no abandonarán voluntariamente el edificio antes de dicho plazo y que por tanto van a resistir. Concretamente, Manoli ha pedido a la Junta de Andalucía que “se mueva”, “que nos ayude” y ha recordado que “un desalojo por la fuerza puede ser muy peligroso”, teniendo en cuenta que “hay personas mayores, alguna de ellas ghravemente enferma y hay niños”. Ella tiene 65 años y tras toda una vida trabajando como limpiadora no pudo afrontar el pago de la hipoteca, aunque lo intentó por todos los medios, y se vió en la calle. Así perdió sus ahorros e incluso su plan de pensiones.
Huelga de hambre
Toñi Rodríguez, una de las ocupantes del edifico, lleva una semana en huelga de hambre. Durante la rueda de prensa ha dirigido sus declaraciones a Amado Franco, presidente de la entidad bancaria, afirmando que le gustaría “que se sentara con nosotras a hablar, y contarle nuestros problemas. Esos pisos los van a tener vacíos, yo me estoy jugando la salud, pero lo hago con mucho orgullo. Si a última hora me voy a morir en la calle, me da igual. Pido por favor que este señor se siente con nosotras a hablar porque se pueden solucionar muchas cosas”.