El portavoz parlamentario de C's, Juan Marín, ha reiterado este jueves que lo comprometido con el PSOE-A para que su formación permitiera la tramitación de los presupuestos autonómicos de 2016 es que para entonces entrará en vigor la modificación del impuesto de sucesiones y donaciones en los términos que las dos fuerzas consensuen en el grupo de trabajo que crearán en los próximos días. Rechaza, de hecho, las declaraciones de la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, de que esta modificación no entraría en vigor hasta 2017.
Insiste en que él lo tiene claro, pero que si es necesario, “se pondrá por escrito otra vez”, porque entiende que ya está recogido de esta manera en lo suscrito el mes pasado por los dos partidos. Es más, no descarta que su grupo presente una enmienda a los presupuestos autonómicos de 2016, en tramitación en estos momentos, si bien esto no condicionará su respaldo a la ley “porque es mucho más que este impuesto”, convencido de que deben facilitar la aprobación de las cuentas “por responsabilidad”. De este modo, si los socialistas no aceptaran la enmienda, cuya presentación no está decidida porque dependerá de lo que se hable primero en el citado grupo de trabajo, C's tampoco va a dejar de respaldar las cuentas, en las que el PSOE-A necesita su voto porque está en minoría y el resto de la oposición las rechaza de plano.
De este modo, Juan Marín ha recordado que hay otra vía para incluir una reducción del impuesto de sucesiones y donaciones con el ejercicio empezado, y es la de la modificación presupuestaria que ya citaba este miércoles. “Vamos a exigir que la baja se haga efectiva en 2016”, ha repetido. “Si el PSOE-A no lo comparte, pues habrá que discutirlo, y eso es lo que se verá en el grupo de trabajo”, ha continuado.
En su opinión, todavía “queda tiempo” hasta que el 2 y 3 de diciembre sea el debate final de los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2016, prácticamente un mes en el que esperan tener algo más concreto del grupo de trabajo que impulsarán con el PSOE-A para abordar un tributo en el que C's es partidario de eliminarlo para herencias y donaciones por debajo del millón de euros y los socialistas prefieren una modulación con nuevos tramos donde ahora sólo están exentas cantidades por debajo de los 175.000 euros, lo que tendría un impacto de unos 60 millones de euros que se dejarían de ingresar en las arcas públicas.
En este contexto, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha deseado que puedan empezar a reunirse la próxima semana, y tampoco ha descartado que pueda aplicarse en 2016 con exige C's. “Si se dan las condiciones, se verá”, ha comentado, en alusión a que habrá que ver las liquidaciones, para conocer en qué medida afectaría a los ingresos de la Junta de Andalucía la decisión que se tome para este tributo, que cada año supone en torno a 350 millones de euros para las arcas públicas.
“Un ataque de cuernos” de los “carteristas”
Por su parte, el PP-A, que quiere eliminarlo en el 99% de los casos y ha elevado ya este tema hasta el pleno del Parlamento de Andalucía en tres ocasiones, la última una proposición de ley que fue aceptada por C's y rechazada por el resto (PSOE-A, Podemos e IU), no ve con buenos ojos un grupo de trabajo que “sólo puede servir para adormecer iniciativas”. Lo ha dicho su portavoz parlamentario, Juan Manuel Moreno, quien ha recordado que la “paternidad” de esta propuesta es del PP-A, por lo que ha ironizado con la idea de que “C's tiene un ataque de cuernos” porque le han tomado la delantera los populares.
En la misma línea, se ha mostrado “sorprendido” porque ahora se proponga un grupo de trabajo, que parece que “su objetivo es aburrir”. Incluso ha acusado a C's de hacerles “una competencia absurda”, refiriéndose a los de Juan Marín como un grupo “carterista” que “roba” ideas “y reivindica lo que no es suyo”. Finalmente, ha recordado que las autonomías tiene su propio margen para modular este tributo, y que “la Junta de Andalucía podía haber hecho como otras, para evitar que los andaluces sean los que más pagan” del país. Respondía de esta manera a por qué no se incluyó en la reforma fiscal de Mariano Rajoy su eliminación a nivel estatal, para agregar que esto sólo sería posible cuando esté negociado un nuevo modelo de financiación, que precisamente tocará en 2016.