El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) va a defender este jueves ante el Pleno de la Cámara autonómica una proposición no de ley (PNL) por la que reclama que los partidos políticos tengan responsabilidad patrimonial subsidiaria en caso de corrupción de sus cargos públicos.
En la iniciativa, el partido naranja propone instar al Gobieno para que a su vez inste al Ejecutivo de la Nación a llevar a cabo un cambio normativo que contemple la reforma del artículo 120 del Código Penal, y todos aquellos cambios normativos que sean necesarios, para que se establezca la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales por los delitos que hayan cometido en el desempeño de sus obligaciones o servicios sus empleados o dependientes, sus representantes públicos, gestores, personas autorizadas o sus cargos orgánicos.
Del mismo modo, el partido que lidera en Andalucía Juan Marín aboga por impulsar un cambio normativo que obligue a los partidos políticos a la creación de un órgano interno anticorrupción con funciones preventivas y de control.
Por último, en virtud de la iniciativa, Cs también quiere que la Cámara autonómica inste al Ejecutivo de Susana Díaz a que publique de la normativa que conlleve la puesta en marcha de una Oficina Anticorrupción en Andalucía en el plazo de máximo de un mes.
Para argumentar la propuesta, el partido naranja sostiene que los episodios de corrupción política que se han ido conociendo en los últimos años en España “no sólo han sido causa de gran parte de la pérdida de confianza de los ciudadanos respecto a sus representantes políticos sino que han provocado, de forma evidente, la pérdida de recursos económicos para las arcas públicas”.
Así, advierte de que esta circunstancia ha dado lugar a que la corrupción política sea una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía y como consecuencia “debería ser una obligación de todos los representantes públicos luchar contra esta lacra”.
En opinión de Cs, la lucha contra la corrupción política debe ser una máxima en la tarea de los poderes públicos que además debe ir acompañada de la consiguiente recuperación de las cuantías económicas sustraídas del erario público mediante actuaciones ilegales. “Dentro de la acción conjunta de las instituciones públicas contra la lacra de la corrupción política, los partidos políticos tienen que mejorar sus mecanismos anticorrupción mediante funciones preventivas y de control”, agrega.
Y así, ve necesario realizar una modificación de la normativa estatal para la inclusión de la responsabilidad de los grupos políticos en aquellos casos en la que sus cargos sean investigados por casos de corrupción y salvaguardar la restitución a la hacienda pública de aquellas cantidades que hayan sido sustraídas de las arcas públicas.
Además, añade el partido naranja, “también resulta necesaria la creación de estructuras internas en los partidos políticos que realicen labores preventivas para evitar estos casos de fraude, y controlen la actuación de estos cargos públicos en el ejercicio de sus funciones”.