El magistrado Juan Antonio Calle Peña, presidente del tribunal que enjuicia en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla a 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y las directas a empresas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha cuestionado durante una hora aproximadamente al exconsejero de Empleo Antonio Fernández sobre las “contradicciones” entre su declaración en fase de instrucción ante la juez Mercedes Alaya y la prestada en esta vista oral.
El presidente del tribunal ha reproducido una serie de preguntas y sus respectivas respuestas del acta de la declaración del exconsejero ante la por entonces juez de Instrucción número 6 de Sevilla que comenzó el 20 de abril de 2012 y que duró cuatro días --tras la que Alaya ordenó el ingreso en prisión de éste--, preguntando con insistencia a Antonio Fernández si ratificaba su respuesta o no.
Esta situación ha provocado la protesta del abogado defensor de Antonio Fernández porque su cliente no estaban entendiendo el “plano lógico” de las preguntas que estaba realizando el presidente del tribunal por “agotamiento y cansancio”, solicitando por ello la suspensión de la declaración para continuar este miércoles o un breve receso para poder reunirse con su representado. El juez ha afirmado que “no es cansancio, sino que no quiere responder”.
Fernández, al inicio de su declaración en la vista oral el pasado Lunes Santo, no ratificó su declaración ante Alaya porque “la transcripción de la misma no refleja ni lo que dije ni lo que quise decir, aunque eso no quiere decir que no dijera la verdad”. Posteriormente y tras la lectura durante su declaración durante el juicio del acta completa, a petición de la acusación que ejerce el PP-A, Antonio Fernández, que confesó que se sintió “absolutamente inseguro, indefenso y acosado” durante los cuatro días que duró su declaración ante Alaya, insistió en que no la ratificaba, aunque afirmó: “en ningún caso me retracto de nada, pues dije la verdad entonces y ahora”.
Precisamente sobre este aspecto el magistrado Juan Antonio Calle señaló al que fuera consejero de Empleo entre abril de 2004 y marzo de 2010 que “es incompatible no ratificar las actas de la declaración y no retractarse”, pidiéndole entonces que se aclarara.
Este martes, durante la trigésimo sexta sesión del juicio por la 'pieza política' de los ERE y tras concluir el interrogatorio de la defensa del exconsejero, el magistrado ha querido dar “la oportunidad” a Fernández de manifestar en que difiere “lo que dijo de lo que quiso decir”. Así, durante una hora, ha reproducido una serie de preguntas y sus respuestas del acta de la declaración ante Alaya, tras lo que preguntaba a Fernández si se ratificaba y de no ser así, cuestionarle por qué, con el fin de que éste respondiera ahora a las mismas preguntas.
Pese a que Fernández ha trasladado al tribunal que se encontraba “incapacitado” para recordar lo que dijo y quiso decir, el magistrado ha comenzado a leer las preguntas y respuestas del acta para que el exconsejero ratificara o no sus respuestas. “Lo puedo ratificar” ha sido una afirmación repetida por el que fuera también viceconsejero de Empleo.
“VACÍO NORMATIVO”
Uno de los momentos más destacable del debate se ha vivido cuando se ha abordado la normativa y el reglamento sobre las ayudas sociolaborales y a empresas. El juez ha recordado a Fernández que ante Alaya declaró que había “un vacío normativo” sobre las mismas. Fernández ha intentado explicar, ante la insistencia del presidente del tribunal para que aclarara sus contradicciones, que la Orden Ministerial de 1995 sobre ayudas extraordinarias a trabajadores y la “normativa nuestra” --el reglamento de la Junta de ayudas excepcionales-- “no tenían desarrollo” reglamentario pero eran “vigentes”.
La juez instructora preguntó, según Fernández, si había reglamento sobre los requisitos para acceder a las ayudas, y “dije que no”. “No había normativa sobre requisitos ni aquí ni en Madrid”, ha añadido ahora. “Sobre los requisitos había un vacío normativo, pero la Orden Ministerial y la normativa de la Junta, vigentes, establecía el órgano concedente o que las ayudas se daban sin publicidad y concurrencia, pero no los requisitos”, ha insistido.
Ha afirmado que “no hay incompatibilidades entre la Orden Ministerial y el convenio marco”. “Las ayudas no eran absolutamente discrecionales”, ha ratificado Fernández, precisando que “discrecional no es ilegal”.
De otro lado, ha precisado que “no cree” haber declarado que fuera el entonces consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, quien propusiera la creación del convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) por el que el ente instrumental pagaría las ayudas, tras recibir los fondos con cargo a la partida 31L vía transferencia de financiación desde la Dirección General de Trabajo, centro directivo que concedía las ayudas sociolaborales y las ayudas directas a empresas en crisis.
En este sentido, Fernández, para quien el Ministerio Fiscal solicita ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación, ha aclarado que el convenio marco no surge en 2001 sino que procede de “una firma de mera normalidad” tras los convenios firmados en 1999 y el borrador, no firmado, del año 2000. En el año 1999, según ha añadido, “lo firmaría el entonces consejero de Trabajo Guillermo Gutiérrez”.
“NO TENÍA QUE VELAR POR LA LEGALIDAD DEL CONVENIO MARCO”
Además, ha aclarado que dijo ante Alaya que “probablemente” Viera “hubiera comentado al Consejo de Gobierno” la creación del convenio marco, aunque este martes ha asegurado que “no sabe” lo que éste informó. En la misma línea, ha precisado, frente a lo recogido en el acta de la declaración, que en su condición de consejero o viceconsejero “no tenía que velar por la legalidad del convenio marco, sino por la conveniencia política”.
Ha ratificado que informó al 'consejillo', órgano preparatorio del Consejo de Gobierno al que acuden los viceconsejeros y presidida por el consejero de Presidencia --entonces Gaspar Zarrías--, sobre el convenio marco, pero matizando que fue “con ocasión de una modificación presupuestaria”.
Del mismo modo, no ha ratificado, como viene en el acta, que “Viera tuvo que contar al presidente de la Junta Manuel Chaves” que se trabajaba en un sistema operativo para dar mayor rapidez a la concesión de las ayudas --convenio marco--. “No lo ratifico, es posible que Viera” lo comentara, pero “no ratifico” que “Chaves lo debió conocer”, ha insistido. No se lo conté a Chaves y no sé lo que pudo contar Viera“, ha asegurado ahora.
Por otro lado, ha aclarado que “no conoció” las observaciones de la Intervención General recogidas en el informe adicional de 2005 sobre las cuentas de IFA con respecto al ejercicio de 2003, aunque “sí” conoció “la temática” del informe a través de su equipo. Ante Alaya, Fernández dijo que le informaron de que la Intervención General observó que el procedimiento --de concesión de las ayudas-- era “inadecuado” y tras alegar la Consejería de Empleo al borrador del informe adicional, la Intervención se “aquietó” a las alegaciones.
La sesión de este martes ha concluido a las 14,45 horas después de que Fernández haya pedido al presidente del tribunal “cortar” la vista por los problemas de voz, por lo que las preguntas del magistrado Juan Antonio Calle sobre la declaración ante Alaya continuará este miércoles y tras finalizar el interrogatorio del exconsejero llegará el turno del expresidente José Antonio Griñán.