La administración de justicia afronta elecciones sindicales para un mandato clave en la reorganización del sector

Tras las elecciones sindicales en la educación y la sanidad pública, tocan el 19 de junio las de la administración de justicia, un cuerpo que supera en Andalucía los 7.500 empleados públicos, que poco a poco han conseguido conquistar los mismos derechos que el resto, pese a navegar más que ningún otro sector en el complicado mar de las competencias. En el horizonte, el eterno compromiso de reestructuración de las oficinas judiciales -después del ensayo piloto en El Ejido y Vélez-Málaga- y su impacto en las condiciones laborales.

No en vano será un mandato en el que se irá negociando la nueva oficina judicial en la mayoría de los partidos judiciales para contar con una organización y dimensión apropiada, tanto en plantilla como en recursos, que responda a las cargas de trabajo existentes en cada jurisdicción, pues en Andalucía se sobrepasan las ratios establecidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Lo recuerdan desde el CSIF, fuerza mayoritaria en el sector con 45 de los 162 delegados y tres victorias consecutivas en estos procesos. Confían en renovar esa confianza y tener un papel relevante en las negociaciones que se avecinan. Su representatividad en todas las mesas, empezando por la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, le permite contar con ventaja en su estrategia de defensa de la plantilla como garantía a su vez de un mejor servicio a los ciudadanos.

“Votar CSIF es de justicia” es el lema del sindicato -que presume de una política de transparencia en su gestión “única en Andalucía”- para esta convocatoria. “Lo más importante es que la administración de justicia sea considerada un servicio público esencial y por ello debe recibir mayor inversión por parte del Gobierno de Andalucía”, subraya Manuel Moreno, presidente del sector en el CSIF en Andalucía.

En este sentido indica que “la única manera es que se acometan planes de actuación extraordinarios”, encaminado entre otras cosas a reducir el atasco en los juzgados, tanto en la fase de trámite como en la de ejecutorias. Defiende igualmente planes de choque “voluntarios y remunerados” por el que los funcionarios puedan prolongar su jornada laboral por la tarde.

Los logros del mandato que termina

En su opinión, es el momento de dar un paso más después después de los logros del acuerdo del 27 de noviembre de 2018 en la Mesa Sectorial de Negociación del Personal de la Administración de Justicia, como colofón a una serie de conquistas de estos trabajadores los últimos años. En esta línea, desde el CSIF destacan la recuperación de la jornada laboral de 35 horas (gracias a un sistema de media hora de cortesía porque dependen del Gobierno de España, que no ha consolidado esta reivindicación) como uno de los logros cuando ha tocado recompensar el esfuerzo de los recortes asumidos por este personal.

“CSIF ha conseguido que la administración reconozca el papel fundamental que el funcionario de justicia ha desempeñado durante los años de crisis. Los empleados públicos, con su profesionalidad y compromiso con el ciudadano, han mantenido en pie los juzgados en un momento en que se recortaba en personal. Todo ello, en una coyuntura de conflictividad social, aumento de litigios y en plena transición hacia la digitalización de la justicia”, relata.

No ha sido fácil. Para ejercer presión, el sindicato impulso movilizaciones en todas las provincias y bloqueó la negociación en la mesa sectorial hasta alcanzar diversas mejoras laborales, como el incremento retributivo del específico en 90 euros. “Fue la que más costó conseguir”, recuerda. También apunta, entre otras mejoras peleadas por su sindicato, la eliminación de los descuentos por bajas por enfermedad y diferentes medidas de conciliación, como el permiso retribuido por hijos con cáncer, bolsa de horas de libre disposición para atender a familiares directos o permiso de paternidad de 20 semanas.

Tras las elecciones sindicales en la educación y la sanidad pública, tocan el 19 de junio las de la administración de justicia, un cuerpo que supera en Andalucía los 7.500 empleados públicos, que poco a poco han conseguido conquistar los mismos derechos que el resto, pese a navegar más que ningún otro sector en el complicado mar de las competencias. En el horizonte, el eterno compromiso de reestructuración de las oficinas judiciales -después del ensayo piloto en El Ejido y Vélez-Málaga- y su impacto en las condiciones laborales.

No en vano será un mandato en el que se irá negociando la nueva oficina judicial en la mayoría de los partidos judiciales para contar con una organización y dimensión apropiada, tanto en plantilla como en recursos, que responda a las cargas de trabajo existentes en cada jurisdicción, pues en Andalucía se sobrepasan las ratios establecidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).