La judicatura plantea crear en España equipos de jueces para los grandes casos de corrupción

Más allá de las clásicas y repetidas reivindicaciones de más medios humanos y materiales para la Administración de Justicia, las XXIII jornadas de jueces decanos de España, celebradas en Sevilla entre el lunes y el miércoles, no se han querido desligar de la actualidad y han tenido uno de sus puntos de mira en la lucha contra la corrupción. Al juzgado al que le toca en suerte un caso de corrupción política complejo, voluminoso y con decenas de imputados no da para mucho más. Y la respuesta, quizá en forma pero pocas veces en tiempo, en ocasiones no es la más adeucada. Ante ello, una de las propuestas más novedosas planteadas por los encargados de impartir finalmente Justicia es la de establecer equipos de jueces que investiguen conjuntamente casos complejos de corrupción a fin de agilizar el procedimiento.

“La delincuencia organizada cada día es más complicada. Los delincuentes trabajan en equipo. Pues trabajemos en equipo nosotros también, y con medios suficientes y adecuados para dar una respuesta eficaz”, destaca a eldiario.es/andalucia el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer.

Durante las jornadas nacionales, los jueces han estado planteando la posibilidad de ver cómo se podría articular la creación de una medida encaminada a que varios jueces se dedicaran a instruir un determinado procedimiento que tenga una complejidad desmesurada, o, según qué caso, se establecieran unos jueces que apoyarían a otros en funciones jurisdiccionales pero bajo la dirección de un juez instructor-director.

En definitiva, “apoyar y ayudar a los jueces que están llevando los grandes temas de corrupción”, según explica Viguer, que apunta también a la posibilidad de la figura de un juez secundado por jueces colaboradores pero sin funciones jurisdiccionales, es decir, encargados de preparar las declaraciones, la documentación, estudiar jurisprudencia, etc.

Los jueces aún no han elevado tal propuesta a su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que aún desconocen cómo se podría articular. Pero con la creencia de que se puede hacer. La iniciativa legislativa correspondería al Ministerio de Justicia, añade Viguer, si fuera sensible a ese tipo de propuestas, aunque a nivel del CGPJ también se podría desarrollar con un reglamento interno, estima.

“Un círculo vicioso”

La opción se viene comentando en algunos foros judiciales, señala el decano de Valencia, pero los jueces creen que es el momento de estudiarla definitivamente. “La corrupción es un tema que socialmente preocupa pero que a la judicatura también le preocupa desde del punto de vista de la eficacia”, indica. “Un gran tema de corrupción te puede perfectamente paralizar un juzgado y hay que arbitrar de manera innmediata mecanismos de refuerzo para que el titular del juzgado pueda dedicarse en cuerpo y alma y con toda intensidad al asunto de corrupción”, explica.

Los conocidos refuerzos “llegan muchas veces tarde o no llegan”, lamenta Viguer. La maquinaria burocrática para reforzar un determinado juzgado es larga: los refuerzos dependen del CGPJ, pero los tiene que autorizar económicamente el Ministerio de Justicia, y luego es la Consejería de la comunidad autónoma correspondiente la que tiene que aportar los medios materiales y humanos.

“Ayudar a los juzgados que instruyen grandes casos de corrupción se podría hacer mañana mismo y sin un gran coste económico”, sentencia el juez, que alude a una “cuestión de voluntad”. “Los jueces dependemos de la tutela económica del Poder Ejecutivo; es un círculo vicioso en el que se condiciona fundamentalmente el funcionamiento del Poder Judicial”, explica. “En este país no se podrá investigar adecuadamente la corrupción si no es con juzgados que tengan los medios humanos y materiales necesarios para ello. Y esto muchas veces no funciona así. Los tiene que proporcionar el Poder Ejecutivo. Habría que reflexionar un poco también sobre eso”.

Entre otras propuestas de los jueces decanos analizadas durante el encuentro está la de crear una Policía Judicial que dependa orgánica y funcionalmente de los jueces, así como crear un cuerpo funcionarial de peritos contables a disposición de los juzgados y tribunales, con el fin de no tener que acudir a la Agencia Tributaria o a la Intervención General del Estado, a los que se les cuestiona su propia imparcialidad precisamente por pertenecer a la propia Administración, según señala el decano de Valencia.