La indignación por la crisis de la sanidad pública desborda al Gobierno andaluz

Mientras los partidos políticos que disputan el poder a Susana Díaz reajustan su estrategia -tras la imprevista llegada de Pedro Sánchez a Moncloa-, la mayor oposición al Gobierno andaluz está en la calle. Decenas de miles de personas se manifestaron el domingo por el centro de Sevilla reclamando “una sanidad pública sin recortes”. Algunas fuentes cifran la multitud en 10.000 indignados, otros elevan el número hasta 60.000. Eran muchísimos, están muy bien organizados, y hacen mucho ruido social a pocos meses para las elecciones andaluzas y municipales. Ni la Junta ni el PSOE andaluz saben ya cómo pararlo y entre los alcaldes socialistas -alguno había ayer tomando nota de lo que pasaba- empieza a cundir la preocupación. Ellos son los que más de cerca ven el cabreo de sus vecinos cuando salen del centro de salud después de horas y horas de espera en la consulta.

La manifestación salía de Plaza Nueva, discurría por las calles peatonales del centro, luego giraba hacia amplias avenidas -obligando a cortar el tráfico- y terminaba frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz. Abría la comitiva un grupo de percusionistas, marcando el paso, y la cerraba una furgoneta con amplificadores en el techo, con música a todo volumen. La marcha avanzó sin altercados, de manera pacífica, aunque los gritos y las pancartas de protesta reflejan un alto grado de indignación ciudadana: “Venden mi salud”; “Los recortes matan”; “Susana no sana o Susana no sana ná”; “Roban salud”; “Las listas de espera matan”; “¿Cuántos más deben morir?”; Te va a votar tu puta madre“…

¿Cuántas personas había? Si uno se quedaba parado, tardaba 50 minutos en ver pasar la comitiva, desde la cabecera hasta el primer tramo, porque a media mañana la larga riada de personas se partió en dos. Una segunda larga fila de personas se descolgó de la primera multitud, ocupando prácticamente todo el recorrido de la manifestación durante horas: Plaza Nueva, Avenida de la Constitución, Puerta de Jerez, Calle de San Fernando, Plaza Don Juan de Austria, la Avenida del Cid, la Avenida de María Luisa, la Glorieta de los Marineros, el Paseo de las Delicias y la Avenida de Roma.

La llamada de Spiriman

La protesta había sido convocada por la asociación ‘Justicia por la Sanidad“, presidida por el controvertido doctor Jesús Candel, alias Spiriman en redes sociales. El lema oficial era éste: ”Por una sanidad pública, digna y completa, sin privatización, no más recortes y fuera corruptos“. Se escuchan golpes de tambor, sirenas, pitos, gritos. Los organizadores llevan su propio equipo de grabación, que toman imágenes y entrevistan, micrófono en mano, a los manifestantes. Luego inundarán las redes sociales de vídeos. Desfilan médicos de la sanidad pública, de prácticamente todas las especialidades, desfilan enfermeras, universitarios del área sanitaria, farmacéuticos y, sobre todo, muchos pacientes, muchos usuarios de la sanidad pública, muchas personas mayores, pensionistas, jubilados.

La manifestación del domingo no es sólo Spiriman, un médico que ha logrado con sus arengas agresivas -a veces trufadas de insultos personales- y sus vídeos de denuncia en You Tube una enrome movilización social. La respuesta social al llamamiento del doctor Candel -los organizadores dicen haber fletado 100 autobuses de todas las provincias- deja atrás la capacidad de movilización de sindicatos y partidos políticos. Apenas hay banderas de partidos en la multitud, aunque sí se ven dirigentes de Podemos e IU.

El Gobierno de Andalucía asume que tiene un problema serio. Es incapaz de cicatrizar la profunda herida de descontento y rabia que se ha instalado en el personal sanitario andaluz y en las decenas de miles de pacientes que se manifiestan en la calle en protesta por el deterioro de la salud pública tras años de recortes. El Ejecutivo de Susana Díaz se quedó absorto en octubre de 2016 cuando vio desfilar por las avenidas de Granada a más de 50.000 personas protestando por la fusión de dos hospitales de la capital granadina. Antes de que terminase el año el incendio de la indignación sanitaria se había extendido a Huelva y a Málaga, donde se movilizaron otras 70.000 personas.

Este domingo, dos años después de aquello, decenas de miles de personas han vuelto a manifestase en el centro de Sevilla con las mismas reivindicaciones. Ya no reclaman medidas concretas. Vienen a denunciar el desgaste de la calidad en la sanidad pública andaluza. La Junta de Andalucía no sabe cómo taponar la herida. Desde 2016, Susana Díaz ha pedido disculpas públicamente en reiteradas ocasiones (en entrevistas televisadas, en sesión parlamentaria, en la inauguración de instalaciones sanitarias); ha destituido a casi toda la cúpula de la Consejería de Salud que había entonces, la que se desayunó por sorpresa la primera protesta masiva; ha frenado el proyecto de fusión hospitalaria de Granada, la espita que desató la marea blanca; y ha pedido a todo su gabinete reforzar el mensaje político en defensa de la sanidad pública, la llamada “joya de la corona del Gobierno”.

El vídeo de la consejera de Salud

Mientras los indignados seguía manifestándose en las calles de Sevilla y las redes sociales se llenaban de mensajes contra Díaz, el Gobierno andaluz intentó reaccionar con un precipitado anuncio de contención de daños: la consejera de Salud, Marina Álvarez, apareció en un vídeo oficial recordando las cifras presupuestarias de su departamento: el 30% de los Presupuestos Autonómicos son para la sanidad; el gasto sanitario ha aumentado un 20% en los últimos cuatro años y alcanza en la actualidad los 9.000 millones de euros -cifra récord en la historia autonómica-; la sanidad andaluza cuenta con 100.000 profesionales, 1.500 centros de salud y 49 hospitales; la Junta ha anunciado una oferta pública de empleo masiva: 29.000 puestos de trabajo para estabilizar la plantilla sanitaria. “Estamos orgullosos de nuestros sistema sanitario, es un referente nacional e internacional”, culminaba la consejera.

Pero la multitud que inunda la calle demuestra que el discurso oficial no cala en el colectivo sanitario. Hay un gen de indignación que va más allá de los recortes en sanidad, en la propia marcha había pancartas sobre educación o exigiendo la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, una reclamación latente de PP y Ciudadanos. Ambos partidos, además de dirigentes de Podemos e IU, se sumaron ayer a las protestas a través de Twitter y Facebook. A media tarde el tsunami en las redes sociales había hecho saltar todas las alarmas en la Junta.

La marea blanca y las protestas sanitarias han sido el eje motor del discurso de oposición a Díaz en el Parlamento, con frecuentes intervenciones de PP, Podemos e IU. La presidenta andaluza, que no puede confrontar en abierto con sus médicos y sus pacientes, ha aprovechado los ataques de la oposición política para denunciar “la pinza entre el PP y Podemos”. Su defensa articula una especie de complot de la derecha para desprestigiar la sanidad pública y “alarmar a la ciudadanía” con el oscuro objetivo de “abrir la puerta al negocio de las farmacéuticas y las empresas sanitarias privadas”. Pero la calle está cabreada y se mueve por impulsos propios, hay demasiada gente manifestándose para digerir esa teoría de la manipulación política y mediática.

La ley que blindará la sanidad, en el aire

Uno de los orígenes de la indignación ciudadana con la sanidad pública está en un proyecto de la ex consejera de Salud, María Jesús Montero, luego consejera de Hacienda y ahora, desde hace unos días, ministra del ramo en el Gobierno de Pedro Sánchez. La idea de Montero para para reducir gastos en puestos directivos de la sanidad pública andaluza pasaba por unificar las gerencias de los hospitales de una misma ciudad y trabajar bajo un modelo de unidades intercentros. En Huelva y Granada, por sus características poblaciones, se proyectó unificar sus grandes hospitales en grandes complejos hospitalarios, un modelo que ya funciona en otras provincias andaluzas, como Córdoba, Jaén, Almería. Sevilla y Málaga lo paralizaron de raíz.

En la práctica, la fusión hospitalaria en Granada ha hecho que se repartan las especialidades entre distintos edificios y, como consecuencia, un paciente con politraumatismos tenga que “autodiagnosticarse”, según los críticos, para decidir cuál de los edificios visita primero, y luego, trasladarse de uno a otro recabando las pruebas que requiere su tratamiento. La Junta defiende, sin embargo, que la fusión hospitalaria no se aplicó para ahorrar costes y que no dio lugar a recortes.

La última carta en la manga de Susana Díaz es el proyecto de Ley de Sostenibilidad de la Sanidad Pública Andaluza, en el último trámite parlamentario, que promete el blindaje del presupuesto sanitario, plantilla y recursos incluidos. Pero está por ver si el resto de formaciones políticas -incluido su socio de Gobierno, Ciudadanos- apoya una ley de la Junta en materia sanitaria, siendo ahora el mayor riesgo que amenaza a la presidenta andaluza de cara a las próximas elecciones.