Rocío Quirante llevaba sus 37 años viviendo en Málaga cuando acudió en junio a la manifestación que mezclaba las críticas a la situación de la vivienda y a la invasión turística, que en los últimos años van muy de la mano. Pocas semanas después, se encontró con que esta ola se la llevaba por delante a ella también por efecto de una onda expansiva: “Echaron a mis caseros, que vivían de alquiler en una casa, y yo me tuve que ir para que ellos volviesen a la suya”. Los testimonios del exilio de tu ciudad, de la imposibilidad de encontrar un piso decente para hacerlo, se han sucedido este sábado en Málaga, Cádiz y Sevilla, donde más de 70.000 personas (según los organizadores) se han lanzado a la calle para denunciar lo que está pasando.
“Trabajo duro para pagar un zulo”, se ha coreado en Málaga, mientras en Sevilla se ha escuando que “la avaricia rompe el barrio”. La crítica a que la apuesta económica por el turismo ha complicado al límite el mercado inmobiliario ha estado muy presente en unas protestas muy heterogéneas, secundadadas por decenas de colectivos que ponían más o menos el acento en el factor turístico pero con un hilo común: los precios de los alquileres están expulsando a los vecinos de sus barrios. Y ya de comprar una vivienda, ni hablamos.
Málaga para Vivir calcula que ha reunido a más de 30.000 personas (10.000 según la Subdelegación del Gobierno) y que la manifestación ha tenido incluso más éxito que la de junio. Sevilla para Vivir ha elevado la cifra a 35.000 (que el recuento de la Policía Nacional rebaja a 3.000), mientras que Cádiz Resiste apunta a que ha habido 4.000 asistentes, a los que habría que sumar los que han salido en los municipios de La Línea de la Concepción y Tarifa. El análisis es el mismo y bastante sencillo: la situación es insostenible.
Como ejemplo, el de Amalia Vahí, de la asociación vecinal Triana Norte, que contaba que de un bloque del barrio han salido en poco tiempo cuatro familias que llevaban décadas viviendo allí porque les han duplicado el precio del alquiler. O el relato de Alejandro González en Málaga, que vive en una casa en la que son 15 personas y que paga 350 euros por la habitación, “y es de lo más barato que te encuentras porque la casera es una persona consciente, de hecho se está manifestando por aquí también”. “Conozco a mucha gente que vive en apartamentos: pisos que han sido reacondicionados para dividirlos en seis o siete con una pequeña cocina y un baño, pagando 650 euros por vivir en un zulo”.
En la capital hispalense, al llamamiento de Sevilla para Vivir han acudido más de 60 organizaciones, cada una cargando las tintas en una u otra cuestión lo que se ha traducido en una proliferación de manifiestos reivindicativos. Entidades sociales, medioambientes, sindicatos y partidos de izquierda han estado presentes en un acto en el que una de las portavoces de la plataforma convocante, Nerea de Tena (de Haciendo Barrio Macarena) ha denunciado que “los vecinos se tienen que ir de sus propios barrios”. Por ello, ha reivindicado que se aplique la ley estatal “para declarar zonas tensionadas y poner un límite al precio de los alquileres”.
Porque el efecto es expansivo, como ejemplifica el caso de Rocío Quirante: ella se ha tenido que ir para que volvieran a casa sus caseros. ¿Y por qué tuvieron que irse ellos? “Pues en teoría porque el hijo de su casero no encontraba una casa donde vivir”, un efecto dominó del que no te libra ni tener una nómina. “Mi sueldo es decente pero claro, para seguir en Málaga a lo mejor me quedaba con 400 euros para vivir el mes”.
Rocío nació y ha vivido toda su vida en la capital costasoleña, pero ahora lo hace en Torre del Mar (a unos 40 kilómetros) y porque puede teletrabajar. Eso sí, a costa de dejar atrás todo su entorno y complicarse la vida en lo personal, “soy abonada del Málaga y de Unicaja y tengo que planificar y hacer maniobras cada vez que vengo aquí”.
Mari Ángeles Piña cuenta que también se plantea irse. “Me expulsaron de mi piso”, dice. Vivía de alquiler en El Ejido, un barrio céntrico en Málaga, y de un día para otro le exigieron 300 euros más por su piso de 50 metros cuadrados: de 500 a 800. “Ese alquiler no lo puedo pagar”, comenta. Lleva 16 años en Málaga. “Voy andando al trabajo, y eso es lo ideal, pero en Málaga está desapareciendo”. Cree que detrás de todo está el negocio en torno a un bien que también es un derecho: “Cuando las viviendas pasaron a ser objeto de especulación para el turismo los grandes tenedores empezaron a comprar edificios completos. Vivíamos muchas amigas en la zona, y ahora me queda una”.
En Sevilla la manifestación ha sido muy heterogénea, con mucha presencia joven con discurso de izquierda que no ha salvado ni al Ejecutivo central al grito de “Gobierno progresista, cómplice de los rentistas. Se acabó la tregua, lo queremos todo, rezaba la pancarta del Movimiento por la Vivienda de Sevilla, que aglutina a entidades como Barrios Hartos, Apdha o la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).
En general, ha habido un llamamiento a todas las administraciones para que pongan soluciones realistas y efectivas, y las mayores críticas se las ha llevado la Junta de Andalucía, que por cierto ultima una ley que culpa más del problema de la vivienda a la ocupación ilegal que a los pisos turísticos. Tampoco se han librado los gobiernos locales de Sevilla y Málaga, ya que los manifestantes consideran insuficientes las normas que están introduciendo para frenar la avalancha de casas con destino a los turistas.
“Ser casero no es una profesión”, “SOS, vecinos en extinción”, “Nuestro alquiler, tu paguita” o “Las casas para vivir” han sido algunas de las consignas que se han lanzado, mezclando el problema de la vivienda con el de los pisos turísticos. Y es que Málaga (12.345), Sevilla (9.745) y Cádiz (2.310) suman más de 24.000 hogares que se destinan a los turistas, lo que en la práctica sería un municipio de considerables dimensiones.
Los manifiestos han sido dispares, aunque coinciden en lo básico. “¡Por el derecho a una vivienda digna y asequible!”, reivindica el de Sevilla para Vivir, que apostilla que “el derecho a la vivienda es también el derecho a permanecer y pertenecer a nuestras ciudades y pueblos”. Y aporta datos: el precio del alquiler por metro cuadrado en la provincia sobrepasa el 60%, con lo que una persona tiene que dedicar casi el 50% de su salario para alquilar un piso de 70 metros cuadrados si quiere vivir en la capital y casi el 45% de media si se va a un pueblo. “El hecho de poder tener un hogar se come hoy un 10% más del salario que hace una década. Por eso decimos basta”.
El de Málaga para Vivir, por su parte, defiende que “otra ciudad se avecina”, con el objetivo de “parar” el actual modelo porque “los abusos y brutalidades” asociados al mismo “no dejan de crecer: cada vez hay más alquileres abusibos e impagables, más destrucción del territorio, más precariedad laboral”. Por ello, se aboga por una urbe “que se basa en el cuidado de su vecindad”. “Hoy lo decimos aún más alto: no nos vamos a ningún sitio, nos quedamos a luchar por la Málaga para Vivir que se avecina”, sobre la base de que “las ciudades y las viviendas son para vivir”.
Los partidos políticos también han aprovechado para lanzar sus mensajes. El PSOE, por ejemplo, le ha exigido al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno (PP), que “dé la cara” ante “las nulas medidas en vivienda”, mientras que IU ha reclamado que se intervenga el mercado de la vivienda para “proteger los derechos de la mayoría frente a especuladores”. Adelante Andalucía ha planteado que se expropien las 640.000 viviendas que hay en Andalucía en manos de fondos buitre.
En Cádiz, por su parte, se han coreado consignas como “O cambiamos el sistema o nos quedamos sin vivienda” o “Vivienda social, sin dejar a nadie atrás”, tal y como informa Europa Press. La organización se ha mostrado contraria a “la especulación de las viviendas” que, consideran que “deja los barrios llenos de turistas”, además de cargar “contra las grandes cadenas que echan a nuestro pequeño comercio” y “contra los salarios que no nos dejan pagar alquileres que son una locura”.
Una locura que ejemplifica el periplo de Rocío Quirante, que ahora en Torre del Mar paga un alquiler de 700 euros, diez más de lo que le costaba en Málaga hasta que en agosto sus caseros le enseñaron la puerta para entrar ellos a vivir. “Me lo dijeron en verano, estuve dos meses buscando aquí y fue una odisea. He visto zulos mucho más caros de lo que pagaba, bajos, interiores por casi 900 euros... Algo parecido a lo que tenía hasta agosto serían cerca de 2000 euros…”. Y lanza un aviso para navegantes: “Cuando vine a la manifestación anterior en junio lo hice porque sabía la situación pero no sabía que me iba a tocar a mí. Y es que al fin y al cabo a todos nos puede tocar”.
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