El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un nuevo decreto ley para modificar la Ley 2/2015 de medidas urgentes para generar empleo y los decretos ley para sus programas, y donde tal y como adelantó eldiario.es/andalucia, ha eliminado la disposición adicional para otorgar funciones a los laborales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que había provocado que la oposición -que suma mayoría absoluta- rechazara su convalidación por el Parlamento de Andalucía en el pleno de hace seis días. Para el caso de los laborales, se negociará próximamente “con todas las formaciones” y los sindicatos la mejor salida para definir sus tareas, independientemente de la Ley del Empleado Público que la Junta de Andalucía ha prometido esta legislatura para definir claramente las potestades públicas que corresponden a los funcionarios.
“Era perentorio aprobar con la mayor rapidez este texto porque (...) son muchas las contrataciones que están en juego y el desempleo es el principal objetivo de este gobierno”, ha justificado el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez para explicar que se haya corregido en menos de una semana. En este sentido, ha recalcado que con este decreto ley se permite que todos los consistorios tengan acceso a estos planes de empleo “porque sus parados no tienen por qué sufrir los perjuicios de su gestión”, en referencia a la idea con la que se había propuesto su elaboración pese a que finalmente el Gobierno de Susana Díaz optó por incluir en el mismo la solución para los laborales del SAE que todavía no tienen tarea pese a que cobran dinero público desde hace meses.
De este modo, desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), las administraciones locales tendrán un mes para solicitar su participación en unos planes de empleo aprobados en diciembre de 2015 y dotados con más de 400 millones de euros para generar más de 35.000 contratos temporales hasta mitad del próximo ejercicio. Toda vez que se ha eliminado la cuestión que causó polémica con la oposición, el Gobierno de Andalucía confía en que esta vez será convalidado, por lo menos con el respaldo de C's.
En todo caso, Miguel Ángel Vázquez ha negado que esa disposición adicional entrara “por la puerta trasera”, y ha dicho que se llevó al Parlamento de Andalucía sabiendo que tenía el “respaldo suficiente”, insinuando tanto que contaban con que C's, socio de investidura del PSOE-A no iba a bloquear el decreto ley, como que el PP-A tampoco tenía razones para hacerlo después de haberse “erigido en defensor” de estos empleados públicos, heredados tanto de la extinta Faffe -luego integrada en el SAE- como de sentencias ganadas por los colectivos ALPE y Memta.
Es más, les ha reprochado a los populares su “posición filibustera”, entre otras cosas porque las funciones que se preveían para ellos “no son potestades públicas”, que corresponden a los funcionarios, sino “las mismas” que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha dado a las agencias de colocación privadas. De todas maneras, como ha reconocido la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, para buscar una salida a estos colectivos se recurrirá a “otra norma” que se ultimará en las próximas semanas, un tiempo que no se puede permitir perder para la puesta en marcha de los planes de empleo.
“Es un asunto que llevaremos al Parlamento de Andalucía en su momento (...) porque hay centenares de empleados públicos que necesitan tener funciones”, ha comentado el portavoz sobre qué se hará para darles solución toda vez que han quedado fuera de este decreto ley. Ha remarcado que se hará “con diálogo”, precisamente cuya ausencia ha sido muy criticada tanto por la oposición como por los sindicatos, que afirmaron que esta disposición adicional “se coló de rondón”. Igual que el pasado mes de septiembre ocurrió con el otro decreto ley, el que modificaba la Ley de Función Pública, que la Junta de Andalucía ha visto tumbado en lo que va de legislatura, donde también fueron criticados por la oposición dos puntos que tuvieron que ser eliminados.