El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha llevado este jueves al Parlamento el Informe 2022 de la institución, del que esta vez ha querido destacar en rueda de prensa la actual situación de la sanidad pública, los riesgos de la transición digital y la eliminación de los asentamientos chabolistas en Almería y Huelva como temas a resaltar. Casi 26.000 actuaciones, entre quejas de diversa índole y consultas, han sido tramitadas por la Defensoría, a la que se acercaron más de 30.000 personas durante el pasado año para que sus derechos fueran protegidos. Al margen de ello, Maeztu se ha detenido profundamente en argumentar su rechazo a la conocida orden de la Consejería de Salud que establece la posibilidad de establecer conciertos con la sanidad privada en los ambulatorios.
La sanidad pública, cuya defensa viene siendo objeto en los últimos tiempos de numerosas reivindicaciones y movilizaciones a raíz de determinadas actuaciones de la Junta de Andalucía, así como de las negociaciones con los representantes de los profesionales sanitarios, es una cuestión en la que ha incidido Maeztu, quien ha tachado de “ruido” todo lo que envuelve a esas cuestiones y quien ha expuesto un rotundo alegato en defensa de la sanidad pública, pidiendo regular normativamente y dotar de contenido legal, no a través de instrucciones administrativas como la referida, que la atención primaria no sea nunca susceptible de ser desarrollada por la sanidad privada puesto que eso es “incorrecto” dentro del marco constitucional y estatutario.
El Defensor ha solicitado que se establezca por ley que el sistema sanitario público garantice la atención primaria, apostando en ese sentido por que se retire la citada orden de la Junta, en la que “no debería de haber entrado” la posibilidad de que en los centros de salud públicos se puedan utilizar los recursos de la sanidad concertada a ese nivel asistencial. Consciente de que la Consejería de Salud está “intentando” alcanzar un pacto con los representantes sindicales, Maeztu ha anunciado que le hará llegar la semana que viene “directamente” su propuesta, consistente en convocar “una mesa de diálogo con responsables políticos y sanitarios para devolver el crédito y la confianza de la ciudadanía” en el sistema público sanitario, “porque eso se ha quebrado”, ha lamentado, abogando por recuperar “la joya de la corona” de la sanidad pública. “Éramos el orgullo de Europa”, ha enfatizado.
El “camino” que se ha venido recorriendo en los últimos meses, el “descrédito que arrastra” la sanidad pública, el “runrún” de la privatización, la “sombra de la amenaza” sobre el sistema público, han sido algunas de las expresiones expuestas por Maeztu a partir de la referida Orden de Salud, y también del desvío de fondos públicos a la privada del que ha venido informando este periódico, o del “colapso” asistencial que llevó a la calle a miles de personas en todas las capitales de provincia el pasado sábado. Argumentando que él no es un sindicato “sino un garante de los derechos” de la gente, ha señalado que en la cuestión sanitaria el “dislate” con la llegada de la Covid-19 “terminó por emborronarse” con la apertura de la puerta a la sanidad privada.
“Todo ese ruido a mí me preocupa muchísimo y explica la desconfianza creada por la Orden de Salud”, ha comentado, insistiendo en que estas cuestiones tienen que ser reguladas por ley al objeto de que la atención primaria quede garantizada en el sistema público. “No se debió de colar la atención primaria en una orden de tarificación”, ha insistido. “Mi autonomía me dice que es el orgullo de un sistema público, gratuito y universal, donde el médico atiende a una persona”, ha reflexionado, calificando ese hecho de “elemento discordante” en lo que debió ser una actualización de los precios. “No son temas laborales. Aquí lo importante es la relación médico-paciente. La atención primaria es fundamental para dar seguridad a la ciudadanía, y a partir de ahí veremos las situaciones laborales, etc, porque ¿dónde está el horizonte? Evitemos decir que no se va a privatizar y no estemos al pairo de decir que hacemos esto o hacemos lo otro”, ha resumido.
Según detalla en el informe, “un sistema público de salud ofrece seguridad a la población”. “La respuesta debe ser, en nuestra opinión, la misma que reclamamos en los tiempos más duros de la pandemia: solo desde un fortalecimiento de la financiación pública de la sanidad y de un incremento de los profesionales se logrará mejorar la salud de la población, atendiendo los problemas clínicos y sanitarios con criterios de necesidad, no de disposición económica”, recoge el informe.
Otros dos asuntos relevantes han merecido una especial preocupación del Defensor del Pueblo andaluz. El primero aborda la erradicación total de los asentamientos chabolistas en los municipios con mayor población migrante de las provincias de Huelva y Almería, y que recientemente ha sido motivo de debate en el propio Parlamento Europeo, a iniciativa de la Asociación Multicultural de Mazagón y de Almería Acoge.
El segundo, la desigualdad que genera la transformación digital de la sociedad andaluza. “No nos cabe duda de que la transformación digital de la sociedad andaluza está comportando enormes e indiscutibles beneficios para la misma, pero lo cierto es que las quejas recibidas en relación con este proceso nos permiten comprobar que estos beneficios no llegan a todas las personas por igual, ni benefician en igual medida a todos los colectivos sociales”, alerta el Defensor.
El informe también ha abundado este año en el bienestar emocional de la población -especialmente prioritaria la atención a la salud mental de jóvenes y adolescentes-, una realidad que tiene “un indicador alarmante en el incremento de suicidios”. También se detiene en la atención a las personas mayores, ya que “urge gestionar de una manera humanizada la demanda motivada por el envejecimiento de la población, especialmente en las residencias”. Las listas de espera para acceder a una prestación por dependencia o el estado de los profesionales de los servicios sociales emergen también como asuntos relevantes, destaca el informe.
La lucha contra la violencia machista y la erradicación de otros tipos de violencia, en particular las ejercidas contra la infancia, han ocupado también un espacio prioritario en las actuaciones del Defensor en 2022, así como la pobreza infantil y la calidad de la educación, que debe ser inclusiva e igualitaria, con especial atención a la mejora de la calidad educativa en el mundo rural, como ya se expuso hace apenas unas semanas.
Según el informe, en el apartado de la Atención Primaria en el sistema sanitario público, la ciudadanía se ha hecho eco de las “dificultades de acceso” a la misma remitiendo escritos genéricos sobre las deficiencias de la misma, o bien, en su mayor parte, relatando su experiencia personal sobre los obstáculos para obtener una consulta con el especialista de atención primaria. Los problemas para la obtención de cita en el centro de salud “han sido los prevalentes”, tanto en relación con no poderla gestionar a través de las aplicaciones electrónicas establecidas al efecto (por no asignar ninguna cita, informando de estar cerradas las agendas y conminando a acudir al centro sanitario); a causa de asignar una cita muy dilatada en el tiempo; o bien por no ofrecer otra modalidad de consulta que la telefónica. Asimismo, se han basado en la imposibilidad de entablar contacto por los instrumentos tradicionales, como el telefónico, que no es respondido por más que se reiteren las llamadas.
La consecuencia inmediata, según el informe, es que las personas que precisan atención sanitaria en un plazo razonable “han de acudir presencialmente al Servicio de Atención Ciudadana del Centro de Salud y, en su caso, acaban siendo atendidas por el facultativo a cargo de las consultas no demorables, como forma desnaturalizada de dispensación de la atención primaria programada ordinaria”.
El tratamiento que la Defensoría ha dado a esta problemática en el último año ha sido el de “realizar una escucha activa, recopilando los testimonios y abundando sobre las disfunciones y percepciones manifestadas”. Y ello por tratarse de una cuestión de actualidad y notoriedad, con repercusión de índole general aunque de distribución geográfica irregular en nuestra comunidad autónoma (no en todos los distritos sanitarios) y, por tanto, por no tratarse de una dificultad limitada a alguna zona precisada de intervención particularizada, sino de enfoque conjunto.
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