El pasado mes de octubre, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz organizó un taller de trabajo en la sede del Parlamento de Andalucía con responsables de todos los sectores que tienen responsabilidad en la atención sanitaria para personas enfermas mentales internos en centros penitenciarios. Entre las conclusiones de aquel encuentro se constató la necesidad de que la institución que dirige Jesús Maeztu conociese de primera mano cuál es la situación real de estas personas a fin de mejorar sus circunstancias en prisión. Pero el Gobierno central, que gestiona los centros a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP) del Ministerio del Interior, no quiere. El Gobierno, en una decisión sin precedentes conocidos, ha denegado al Defensor del Pueblo Andaluz el acceso a un centro penitenciario, en este caso al de Córdoba.
A finales de febrero, la Oficina del Defensor atendió una llamada del Centro Penitenciario de Córdoba advirtiendo de que había recibido una comunicación oficial de IIPP en la que denegaba la petición de que Jesús Maeztu cursara visita el lugar con la citada finalidad. Los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para rechazar el acceso aludían a que “no era conveniente alterar el régimen penitenciario habitual de los internos”, según fuentes cercanas a estos hechos.
El objetivo del Defensor era conocer el funcionamiento de los módulos especiales en los que los reclusos con trastornos mentales reciben la atención y el tratamiento oportuno, después de haber conocido más en profundidad su situación durante la mencionada jornada de trabajo que acogió el Parlamento. Además, la intención de la directora de la cárcel cordobesa era que la ronda de visitas del Defensor empezara por su centro penitenciario, pero ha sido imposible. Instituciones Penitenciarias, por el momento, no ha querido aclarar las circunstancias de este rechazo.
El Artículo 49 del Reglamento Penitenciario ('Comunicaciones con autoridades o profesionales'), en su punto 2, dice claramente que “las comunicaciones orales y escritas de los internos con el Defensor del Pueblo o sus Adjuntos o delegados o con instituciones análogas de las Comunidades Autónomas, Autoridades judiciales y miembros del Ministerio Fiscal no podrán ser suspendidas, ni ser objeto de intervención o restricción administrativa de ningún tipo”.
El Defensor del Pueblo, que a nivel estatal dirige la exalcaldesa popular de Sevilla Soledad Becerril, consultado por este periódico acerca de la excepcionalidad de la circunstancia ocurrida en Córdoba, no ha querido entrar a valorar la negativa a la entrada de la institución dirigida por Maeztu, limitándose a decir que se trata de una cuestión entre IIPP y el Defensor Andaluz, sin querer comentar siquiera si ha ocurrido alguna circunstancia parecida en alguna otra comunidad autónoma.
“¿Qué temen? ¿Qué quieren impedir?”
El hecho de haber impedido la visita ha sorprendido a una de las asociaciones que participó en aquel taller de trabajo en el Parlamento, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. La coordinadora del área de cárceles de APDHA, Maribel Mora, califica como “muy grave” la negativa a la entrada en prisión del Defensor del Pueblo Andaluz, “que tiene reconocido tanto en el Reglamento Penitenciario como en la propia Ley del Defensor su competencia e imposibilidad de que se le restrinjan las comunicaciones con los presos que se encuentran en Andalucía”.
“Es increíble que en un estado democrático existan instituciones cada vez más cerradas, opacas y poco trasparentes que imposibilitan no solamente que la sociedad civil participe o fiscalice el cumplimiento de los derechos humanos sino incluso las instituciones creadas para tal fin”, señala Mora. “Es intolerable y el Gobierno debe tomar cartas en el asunto, excusarse y depurar responsabilidades”, apunta.
La responsable de APDHA considera que “en época de elecciones, donde todos han hablado de trasparencia, Instituciones Penitenciarias cada vez lo es menos”. “Las personas presas son unos de los colectivos más indefensos de la sociedad y a los que más se dirigen a los colectivos defensores de derechos humanos e instituciones como del Defensor del Pueblo denunciando vulneraciones de derechos de todo tipo. ¿Qué temen? ¿Qué quieren impedir? Esto sería un escándalo en cualquier país europeo. Esperemos que de inmediato el Gobierno tome cartas en el asunto y ponga orden en el Ministerio del Interior. En caso contrario entendemos que es una ilegalidad intolerable que podría constituir incluso una infracción penal”, concluye.
No es la primera vez que el centro penitenciario cordobés se ve encuelto en algún tipo de polémica. El pasado verano, APDHA denunció que la prisión de Córdoba incumplía su obligación de velar por la salud de los presos y que no evitó la muerte violenta de un preso.