El Defensor del Pueblo Español ha admitido a trámite la queja que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) interpuso y examinará las dos muertes producidas en la comisaría de Algeciras (Cádiz) en el primer semestre de este año, de las que se hizo eco este periódico hace un par de semanas. El Defensor ha puesto el asunto en manos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), dependiente de él, “al objeto de que se valore su inclusión en el programa de visitas que se han de realizar”, según el texto de respuesta a APDHA.
El Defensor comunica en su respuesta que “se han iniciado las actuaciones oportunas ante la Dirección General de la Policía”, respecto a los requerimientos de información que reflejaba la queja interpuesta por la asociación, y que era relativa a las medidas de comunicación entre personas detenidas y agentes de custodia, a las normas establecidas en dicha comisaríapara la vigilancia de aquellas personas que se consideren más propensas a la autolesión, a las instrucciones establecidas en la unidad para que la persona detenida sea examinada por personal sanitario en el plazo más breve posible y sobre la formación del personal de custodia en relación con la prevención de la comisión de conductas autolíticas por parte de las personas detenidas.
Desde la asociación solicitaban también en su queja saber si se dispone de sistema de videovigilancia en cada celda y sistema de llamador en cada una de ellas conforme a la Instrucción 4/2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que obliga a disponer de sistema de videovigilancia y videograbación de todas las dependencias en las que permanezcan las personas detenidas, según a los requisitos técnicos establecidos por el Ministerio del Interior, tras distintas recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo.
Además, añadió APDHA en su queja que durante su última visita a la Comisaría de Algeciras en 2018, el Mecanismo para la Prevención de la Tortura constató falta de limpieza e higiene en la zona de calabozos, la presencia de menores, deficiencias en la prestación de la asistencia letrada, así como ausencia de una explicación sobre los motivos por los que solamente se ingresan en los calabozos de la comisaría a personas de nacionalidad argelina o marroquí, mientras que las de origen subsahariano o asiático son derivados a dispositivos de atención humanitaria y custodia.
Desde APDHA, celebran que el Defensor del Pueblo Español haya aceptado su petición ya que según los últimos datos publicados esta semana por esta misma institución, en 2019 han muerto cinco personas bajo custodia policial en Andalucía. La organizacion se pregunta si los protocolos de actuación policial durante la detención y custodia son suficientes para evitar estos casos y si se han adoptado todas las medidas de vigilancia necesarias.
Por otra parte, señalan que, a pesar de los protocolos existentes que se deben aplicar durante la detención y custodia, estos resultan insuficientes a la vista de los datos globales arrojados tanto por el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura como por el Congreso de los Diputados respecto a las muertes ocurridas bajo custodia policial.
El MNPT constató en su informe anual correspondiente al año 2018 que en los espacios de detención custodiados por Guardia Civil y Policía Nacional ubicados en Andalucía se habían producido 26 intentos autolíticos –suicidios-, siendo la segunda comunidad autónoma con mayor número de casos. Además, en una respuesta parlamentaria al Congreso de los Diputados, el Ministerio del Interior señalaba que entre 2010 y 2020 se ha producido el fallecimiento de 65 personas en dependencias policiales, 31 de ellos calificados como suicidio.