Según han informado a Europa Press desde la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, esta institución decidió abrir una investigación de oficio tras conocer por los medios de comunicación la problemática de estas familias sin recursos que decidieron 'okupar' estas viviendas.
De este modo, el pasado 25 de junio solicitó al Ayuntamiento de Bollullos un informe para saber quién es el propietario de los citados inmuebles, así como si el Consistorio había emprendido alguna acción para buscar una solución a este problema de vivienda al que se enfrentaban estas familias, las cuales solicitaron permanecer en ellas pero mediante un alquiler social. Por el momento, la Oficina del Defensor no ha recibido respuesta alguna del Ayuntamiento bollullero.
Las familias accedieron a las viviendas el pasado junio ante la falta de recursos que atravesaban e incidieron en que abogan por un alquiler social para poder mantenerse en las mismas.