- La presión desde ciertos sectores le llevó a dimitir de todos sus cargos, pero ha seguido dando clases hasta su suspensión, que no expulsión, este martes, tras una condena que ha llegado seis años después
Una década ha pasado, desde que lo sufrieron por primera vez, para que tres profesoras de la Universidad de Sevilla (US) hayan conseguido que el catedrático Santiago Romero Granados sea condenado por abusos sexuales a siete años de prisión. Este caso, que ha puesto al descubierto una realidad oculta en la US, que este martes ha decidido la suspensión del docente, ha sido el de la lucha de David contra Goliat: tres mujeres a las que pocos creyeron contra un profesional de reconocido prestigio y rodeado de amigos y hasta familiares en la institución.
En este sentido, la primera denuncia contra él no se presentó hasta 2011, pese que los abusos sexuales que ha considerado probados el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla se produjeron entre 2006 y 2010. Sin embargo, las propias víctimas han reconocido que se sentían incapaces de hacerlo por miedo y por las secuelas que sufrían. De hecho, sólo una de ellas está trabajando en el mismo sitio actualmente. La situación de dominación por parte del condenado, que a todos los efectos era su jefe, había dejado sin capacidad de reacción a tres mujeres sobradamente preparadas, una de las cuales había sido incluso la persona con el mejor expediente académico de su promoción.
Pero cuando todo empezó, según recoge la sentencia, eran una profesora con la plaza recién ganada; otra, con categoría de ayudante; y la tercera, sustituta con contrato excepcional. Y se enfrentaban a quien se convirtió en el primer catedrático de Educación Física del país, a quien entre 1997 y 2009 fue decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, además de miembro del claustro y el consejo de gobierno de la US, y al que incluso vieron cómo en 2010 el Consejo Superior de Deportes le imponía la Medalla de Plata al Mérito Deportivo. Era el reconocimiento a una trayectoria profesional en la que además de en la docencia ha destacado como entrenador y seleccionador nacional y regional de voleibol en su modalidad femenina.
Pocos las respaldaron: sólo dos profesores, que ya habían dejado la US, secundaron el relato de las víctimas, mientras que 10 respaldaron al catedrático. Todo ello en un caso que no llegó a los tribunales hasta 2011, después de que en 2010 las víctimas fueran al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que les ofreció apoyo jurídico y psicológico y las animó a dirigirse a los servicios del rectorado. La US le abrió al catedrático un expediente disciplinario, pero lo cerró porque decidió elevar el caso a los juzgados por su “gravedad”, y sin que en un primer momento tomara medidas cautelares como pedían las víctimas.
La entonces consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, reclamó que el rector, que era Joaquín Luque, tuviera en cuenta la petición de las mujeres, recordándole en un escrito que la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género obliga a las administraciones públicas a “tratar y prevenir” las conductas objeto de denuncia para que “exista un entorno laboral libre de acoso sexual o por razón de sexo” y “sin perjuicio de la responsabilidad penal, laboral y civil que se derive”. Tras ello, se adoptaron algunas medidas cautelares que permitieron evitar que las víctimas tuvieran que encontrarse con el denunciado en las instalaciones donde seguía dando clases y en sus puestos de responsabilidad sin problemas.
Lo cierto es que para la US era un escándalo de tal magnitud que muchos miraron para otro lado, pero la presión siguió creciendo, con la convocatoria de dos protestas del Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT) incluida. Finalmente Santiago Romero Granados fue obligado a dimitir de todos su cargos como responsable de su departamento y miembro de la junta de facultad, el claustro y el consejo de gobierno de la US, aunque siguió dando clases.
Sin que los tribunales se hubieran pronunciado todavía, la situación había originado tanta polémica que en 2012, cuando Antonio Ramírez de Arellano, ahora consejero de Economía y Conocimiento, tomó posesión como rector decidió trabajar en el tema. Por ello, en 2013 se aprobó el Protocolo para la prevención, evaluación e intervención en las situaciones de acoso laboral, sexual y por razón de sexo, siendo de las pocas universidades públicas del país que cuenta con uno.
Hasta dónde podía llegar la US
Este protocolo, que fue aprobado casi dos años después de que Santiago Romero Granados fuera denunciado, no recoge expresamente las palabras ni suspensión ni expulsión en su redacción. Sí prevé que “para garantizar la protección” de los afectados “por conductas que pudieran ser constitutivas” de este tipo de acoso, “se podrán proponer con carácter preventivo y debidamente motivadas cuantas medidas cautelares se estimen adecuadas dirigidas a la seguridad de las víctimas así como su revisión, con el fin de evitarles mayores perjuicios”.
Entre estas medidas cautelares que cita, incluye la movilidad de los implicados tanto de centro como de grupo o turno de trabajo, “y tendrá la preferencia de elección la presunta víctima”. Eso sí se aplicó en el caso de las denunciantes, y hasta el departamento que compartían con el denunciado se dividió en dos para que no coincidieran.
No ha sido hasta este martes, seis años después de la denuncia y cuando se ha conocido la condena, que la US ha decidido la suspensión, que no expulsión, del docente, que ya no podrá dar clases ni pisar siquiera las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación. Desde la institución insisten en que han actuado como corresponde y cuando todavía la sentencia ni siquiera es firme. El propio rector, Miguel Ángel Castro, que este martes tenía reunión del claustro, ha aprovechado para leer un comunicado ante el mismo tras la “alarma” generada y anunciaba la reapertura del expediente disciplinario que horas después concluía con esta decisión.
En todo este tiempo, la carrera y la salud de las víctimas se ha visto afectada por un caso que ha permanecido abierto con hasta tres rectores en la US. La propia sentencia reconoce la “dilación indebida” en la instrucción, que se suma como “atenuante” para el condenado.