La asociación Derecho a Morir Dignamente se ha congratulado de la rectificación de la Junta, adelantada por elDiario.es Andalucía, relativa a que en la comunidad autónoma se admitirán finalmente como válidos los testamentos vitales anteriores a la ley de eutanasia de España, en vigor desde junio, en los que se pedía la ayuda a morir. Pero advierten: “Vamos a seguir reivindicando que en Andalucía se aplique la ley como en otras comunidades, con transparencia”.
Según comenta Isabel Torres, representante en Andalucía de la asociación, desde la misma están “satisfechos y contentos” ya que entienden que ha fructificado el trabajo y la reivindicación que se venía haciendo en ese sentido por parte de Derecho a Morir Dignamente. “Nos parecía algo ya incongruente poner otra traba más. Ya no sabían qué hacer para poner tantas trabas. Esto no pasaba en ninguna otra comunidad, porque la que lo mantuvo un poco más de tiempo fue Madrid y rectificó”, señala también respecto a la demora en la constitución de la Comisión de Garantía y Evaluación prevista en la ley de eutanasia, que se demoró en nuestra comunidad autónoma hasta el pasado mes de noviembre, varios meses después de la aprobación del nuevo marco legal por parte del Congreso de los Diputados.
En cuanto al número de personas que han solicitado esta nueva prestación de ayuda a morir, Torres lamenta que “otras comunidades dan datos de las solicitudes, de los procesos, pero aquí se están poniendo muchas dificultades para aplicar la ley porque solo sabemos por la gente que se pone en contacto con nosotros, que han sido son doce o trece, pero desde la Consejería no lo dicen”. “Pese a ser la comunidad más poblada, es llamativo que solo se haya resuelto una en todo este tiempo cuando sabemos que hay más”, indica en relación al caso de una mujer francesa, la primera persona en nuestra comunidad que pudo beneficiarse de la ley en su propio domicilio y asistida por un equipo médico, según adelantó la emisora France Info.
Torres pide “que haya más transparencia y que se cuente con nuestra asociación, porque tenemos buenas experiencias en otras comunidades para que se nos tengan en cuenta, con buenas prácticas, formación a los profesionales, etc.” La portavoz de la asociación insiste en “que se pongan las menos trabas posibles a la hora de aplicar la ley” en Andalucía.
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