El Algarrobico ha trascendido su propia existencia material. Símbolo de la destrucción del litoral a base de toneladas de cemento, el hotel almeriense situado en Carboneras se ha convertido también en un intrincado proceso judicial. En una patata caliente arrojada entre administraciones, jueces y empresas, que nadie se atrevía a coger.
Más de 15 años de embrollo judicial
Tras más de 15 años de embrollo ambiental y legal, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha anunciado este martes que el gobierno andaluz presupuestará su derribo. El ejecutivo ha defendido la medida como una pieza más de su “Revolución Verde”. Moreno Bonilla ha destacado que se trata de “un compromiso político y moral con las generaciones futuras” y la “demostración palpable de un cambio real en el modelo de política ambiental”.
Desde Greenpeace y otras organizaciones ecologistas que llevan más de una década luchando por el derribo de este hotel ilegal, se trata de puro “postureo ambiental”, ya que más de una veintena de sentencias obligan al ejecutivo regional a demolerlo y al nacional, a restaurar el espacio protegido sobre el que está construido este edificio de 21 plantas y 400 habitaciones que nunca alojó turistas, sino pintadas de ecologistas.
Enhorabuena por “cumplir la ley”
Pilar Marcos, responsable de Biodiversidad en Greenpeace, subraya que el ejecutivo conservador “va a hacer lo que no hizo la anterior administración, así que bienvenida la demolición, que no es más que el cumplimiento de sus competencias, avaladas por más de veinte sentencias y una definitiva del Tribunal Supremo en 2016. Bienvenidos por cumplir con la ley”.
Sin embargo, las organizaciones ecologistas encuadran este anuncio como mero “postureo ambiental” o greenwashing, ya que durante el Estado de Alarma, la Junta de Andalucía anunció un paquete de medidas (el 'decretazo), que debilitaba la normativa ambiental, agilizando “los procesos de 21 leyes y 6 decretos que entienden que el medio natural es una 'molestia', priorizando el beneficio de unos pocos sobre interés general”, en palabras de Greenepace.
De este modo, insisten en que las contradicciones en las que incurrido la Junta de Andalucía desde que anunció una revolución verde en la Cumbre del Clima de Madrid, son un lavado de cara ambiental (greenwashing) que va a “posibilitar la proliferación de un desarrollo urbanístico desaforado, como los que ya se vienen dando en Los Genoveses o Nerja, en una costa que ya cuenta con el 15,4% de su superficie degradada”.
¿Invasión de competencias?
El anuncio de Moreno se ha hecho con un importante interrogante, al destacar que en los presupuestos autonómicos de 2021 “habrá una partida para financiar los primeros trabajos de demolición del Algarrobico, primer paso para la posterior restauración ambiental de la zona”.
Sin embargo, esos primeros pasos le corresponden a la administración central, ya que según el acuerdo de 2011 firmado por el entonces presidente autonómico, José Antonio Griñán, y la exministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, el derribo corría a cargo del Gobierno de España y el reciclaje de los escombros, al de la Junta de Andalucía. Así quedó por escrito en la resolución de 22 de noviembre de 2011, Protocolo general con la Junta de Andalucía, para la recuperación de la playa de El Algarrobico, publicado en el BOE.
Liberar el dominio público marítimo de la costa es competencia del Ministerio de Transición Ecológica. Por esa razón, Greenpeace entiende que la Junta “se coordinará con el Ministerio de Medio Ambiente para que no se invadan competencias”.
Por tanto, el primer paso de la Junta de Andalucía debería ser ejercer el derecho de retracto: pagarle 2,3 millones de euros a Azata del Sur, para que los terrenos vuelvan a ser públicos y no de la empresa constructora. El ejecutivo andaluz debe aclarar ahora si esa “partida para financiar los primeros trabajos de demolición” que ha anunciado se refieren al derecho de retracto.
El viacrucis judicial y político del Algarrobico
Fue en 2006 cuando un Juzgado de Almería paralizó las obras del Hotel Algarrobico. Era el comienzo de un viacrucis judicial. Una maraña de procesos judiciales y más de una veintenta de sentencias, enredada a base de denuncias, recursos y alegaciones, tanto la constructora, como el Ayuntamiento de Carboneras o la Junta de Andalucía, que llegó a manipular los planos de la zona, según los tribunales.
En 2018, una sentencia del Tribunal Supremo dio fin al embrollo: se acabó la vía contencioso-administrativa y la Junta de Andalucía estaba obligada a acudir a la civil para reclamar los terrenos sobre los que está construido el hotel. A la postre, eso significa, ejercer su derecho de retracto, para que Azata tomara los 2,3 millones de euros y los terrenos volvieran a ser de titularidad pública.
En enero de 2018, consultadas ambas administraciones por este diario, la Junta de Andalucía (socialista, en aquel momento) señalaba que que el protocolo de colaboración seguía “vigente y en su cláusula segunda se indica que el Ministerio abordará la financiación de la demolición y que la Junta abordará el desescombro y la correcta gestión de los residuos que esta demolición genere”.
El Gobierno de España lo corroboraba: “el Ministerio firmó un Protocolo de colaboración con la Junta de Andalucía para la recuperación de la playa de El Algarrobico. El Ministerio ha manifestado su compromiso de colaborar en la cofinanciación de esta recuperación, que supone la demolición del hotel”. Los trabajos de demolición y restauración superan los siete millones de euros, según las estimaciones de la administración y los grupos ecologistas.