Dolores se levantaba cada mañana con dos miedos: uno, no tener nada en el monedero para comprar una caja de leche; y dos, recibir una nueva carta del banco exigiéndole el pago de las letras de su piso, acumuladas durante meses. Tanto a ella como a su marido se les agotó la prestación por desempleo y las pocas casas a las que Dolores iba a limpiar también dejaron de llamarla. No sabía qué hacer ni dónde ir. No comprendía tampoco por qué el banco, tras años de pago puntual, no le ofrecía más opción que saldar la deuda o irse de la vivienda. Sentía, además, vergüenza. Nunca, nunca había imaginado verse en esa situación. Hoy Dolores se levanta un poco más tranquila. Ella y su marido se han mudado a casa de sus padres, pero ya no viven con miedo a abrir el buzón: han conseguido la dación en pago. Aunque solos puede que no lo hubieran logrado. Dolores, nombre ficticio, ha “vencido” al banco gracias a una de las oficinas de Vivienda de la Junta de Andalucía, creadas en octubre para la prevención, mediación y la protección de las víctimas de desahucios.
Porque si en algo coinciden colectivos antidesahucio y Administración autonómica es que este drama se conjuga en plural. Plural por el número: en Andalucía se han producido casi 70.000 desahucios entre 2007 y 2011, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y, en el primer semestre de 2012, se produjeron 7.551, más de 40 al día, un 41,98% más que en el mismo periodo del año anterior. Y plural por la manera de enfrentarse al problema: en pocos casos las entidades bancarias parecen escuchar al afectado si no viene respaldado o asesorado por movimientos de apoyo vecinal, organizaciones sociales de presión o, como en este caso, de la mano de una oficina de la Junta. Granada Santos, delegada de Vivienda en Sevilla, percibe una evolución en la sensibilización en general y, sobre todo, de los bancos. “Al principio nos encontrábamos con muchas entidades financieras que no querían ni sentarse. Ahora se sientan. Hemos conseguido alquileres sociales, daciones en pago, condonaciones de deudas de hasta 9.000 euros. Cuando en las familias hay niños o enfermos, suelen lograrse alquileres sociales. Eso antes era impensable. Incluso alguna entidad ha puesto un solo interlocutor para solucionar todos los casos”, afirma. “Desafortunadamente, ha tenido también que morir gente”, señala en referencia a los suicidios de personas poco antes de ser desahuciadas.
El valor de la intermediación autonómica ante bancos y juzgados se ha traducido en 969 desahucios evitados en tres meses y medio de funcionamiento. “Son casi mil familias que, de no haber acudido a las oficinas, hoy podrían estar en la calle - explica la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU)- Nuestro objetivo es que la gente no pierda sus viviendas y estamos demostrando que la resignación institucional no estaba justificada. En Andalucía nadie pierde su casa del parque público por no poder pagar porque entendemos que un poder público no puede añadir más dolor al dolor”, explicó la consejera, quien ya el pasado junio ordenó la paralización de todos los desahucios en el parque público de la Junta en caso de endeudamiento sobrevenido por la pérdida del empleo.
Aún se ofrecen cláusulas abusivas
Del total de familias atendidas hasta ahora (1251), 163 (el 13%) acudieron en la fase de prevenció. La consejera extrajo una conclusión alarmante: los contratos que muchas familias llevan a las oficinas para asesorarse antes de firmar una hipoteca siguen teniendo cláusulas abusivas. “Pese a la tragedia social que estamos viviendo, aún hay cláusulas abusivas. Las estafas de hoy pueden ser los desahucios de mañana. Es urgente un desarrollo legislativo y ya estamos en ello en Andalucía, aunque sería necesario un marco estatal garantista”, afirmó. El tercer grupo, en la fase de protección, con 119 casos atendidos, es el más complicado. Según Granada Santos, cuando ya no hay nada que hacer porque el desahucio se ha ejecutado, se buscan soluciones alternativas. “A veces son los ayuntamientos los que pagan un alquiler social a esas familias con niños que se han quedado en la calle”, explica.
“La vivienda es un derecho, no una mercancía financiera -insiste la consejera- y no cabe continuar con las políticas especuladoras en las que el Gobierno central continúa empeñado. Las medidas para garantizar el derecho a la vivienda no pueden estar envueltas en retórica caritativa, sino que deben ser cuestión de voluntad política de defender los derechos humanos”.
Las organizaciones sociales y movimientos como el 15-M, Stop Desahucios o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) están dando visibilidad a un problema global y, con una inmensa dedicación detrás, han logrado conquistas históricas. La semana pasada, por ejemplo, siete familias que ocuparon un bloque de viviendas en Triana (Sevilla), bautizado como la Corrala Libertad, pactaron un alquiler social con la promotora del inmueble: 600 euros mensuales por todo el efidicio.
“Se puede”, fueron las palabras más repetidas por Carmen Román en la rueda de prensa donde se dio a conocer el acuerdo. La dueña del edificio se ha dado cuenta de que el enemigo es la banca, concluyó el abogado del Grupo 17 de Marzo Enrique Yrazustra. “Nosotros somos familias normales que en estos momentos de crisis estamos pasando un momento duro por no tener trabajo”, añadió casi llorando Carmen tras abrazar a su hijo Ismael. “Si nosotros no nos ayudamos, hoy en día, en la política no nos va a ayudar nadie”, continuó Paco, la pareja de Carmen.
16 de febrero, a la calle
Las organizaciones sociales consideran que los gobiernos -también el andaluz- pueden y tienen que hacer mucho más, como reclamarán en la manifestación del próximo 16 de febrero. “La política tiene que dar respuesta a esta situación. Tiene que institucionalizar el problema y declarar el estado de emergencia habitacional ya”, explica Eva Morales, de Intercomisión de Vivienda del 15-M. El colectivo, en general, no confía en estas oficinas de la Junta. “A veces se han adoptado soluciones con los bancos que nos han parecido desagradables, comprometiendo casi todos los ingresos que tiene la persona afectada para pagar a la entidad. Son oficinas de mediación, pero lo que necesitamos son otras acciones políticas”, asegura Juanjo García, portavoz de las 36 familias que ocuparon el primer edificio de forma colectiva en Sevilla, la Corrala Utopía. “Las instituciones públicas no garantizan a la población la capacidad de tener una renta para pagar sus casas y las echan a la calle. Por eso nosotros, la sociedad civil, nos organizamos para no dejar a nadie tirado”, incide Juanjo Santiago, del 15-M de Triana. A sus asambleas, cada semana, pueden llegar hasta diez casos nuevos. Cada uno de los que participa enestas asambleas, con su drama personal dentro, van aportando su granito de arena a lo que consideran un problema de todos. “Esto no puede ser una solución caso a caso, una solución a cada persona que viene a pedir ayuda a una asamblea. Tenemos que encontrar una solución colectiva, que no es otra que cambiar las leyes”, concluye Caty.
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