El juez que tendrá que dictar sentencia sobre la querella que enfrenta a Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jaén a propósito de la prestación del servicio de dependencia ha añadido un nuevo capítulo. Ha dictado un auto en el que señala que le sean devuelos al consistorio jiennense los 407.465,48 euros que, en dos depósitos diferentes, había consignado en la cuenta del juzgado. Es el dinero que le ha transferido la administración autónoma por la atención a dependientes a partir del 3 de diciembre, fecha en la que el ente local considera finiquitado su convenio con la Junta.
El Ayuntamiento ya ha anunciado que pagará a la empresa y en respuesta a “las circunstancias personales de las trabajadoras y para garantizar la atención a los usuarios”, ha dicho la concejala de Asuntos Sociales, Reues Chamorro. La Junta, en un comunicado señala que el juez interpreta como “mal hechas” las consignaciones y que “por ningún concepto debe asumir la entrega de cantidad alguna” a la empresa concesionaria del servicio, Multiservicios Jabalcuz. Así las cosas, las trabajadoras podrán cobrar. antes de conocder la opinión municipal, la presidenta del comité de empresa, Mari Carmen García, se ha mostrado traquila al señalar que “si a voluntad es la que demostraron ayer [en el acto de conciliación en el que se desconvocó la huelga], que el dinero se facilitara a la empresa, no creo que el ayuntamiento ponga impedimentos”.
Este auto se conoce apenas 24 horas después de que el Ayuntamiento se comprometiera a enviar un escrito al juez para que remitiese los fondos consignados a la empresa. Precisamente ese compromiso es el que ha impedido la huelga que las empleadas tenían convocada para el próximo lunes. Las fuentes consultadas en la Junta no han podido precisar la fecha en la que el juez emitió el auto.
Las trabajadoras habían convocado una huelga indefinida para el lunes 21 de abril, que se ha desconvocado a seis días de la fecha señalada. El Ayuntamiento presentó un escrito que firmó y envió al juzgado número 3 de lo contencioso administrativo para que, desde éste, se remitan a la empresa Multiservicios Jabalcuz los fondos del servicio consignados ante el tribunal. Los mismos que ahora el tribunal le devuelve al Ayuntamiento.
El acuerdo entre las partes recoge el compromiso municipal y expresa que el dinero consignado ante el tribunal debe destinarse “solo y únicamente al pago de la nóminas pendientes de cobro de las trabajadoras”. No obstante, mientras el juez resuelve la demanda, si recibiera algún pago nuevo de la Junta de Andalucía con cargo a la dependencia el ayuntamiento pretendía enviarlo al juzgado, cosa que parece improbable toda vez que el juez ha expresado, según la Junta, que “este juzgado no es intermediario de pago alguno”.
También parece contradecir el argumento del consistorio que insiste en que “mientras la Junta de Andalucía mantenga la demanda o no haya sentencia, no puede hacerse cargo del dinero del servicio de Dependencia, ya que ahora mismo no haya convenio en vigor”, explicó, antes de conocerse el auto, la concejala de Asuntos Sociales, quien ha vuelta a atribuir a la Junta la responsabilidad sobre la judicialización del conflicto. También ha recordado que presentaron una propuesta de convenio que podría zanjar este proceso.
La Junta de Andalucía cree que la decisión del juez “vuelve a poner de manifiesto que lo que debe primar, en todo momento, es la prestación del servicio a personas tan vulnerables como son las atendidas por la ayuda a domicilio, y espera del Ayuntamiento de Jaén que asuma su responsabilidad y no genere incertidumbre ni en las personas dependientes ni en las trabajadoras por las que son atendidas”, aclara en un comunicado.
La huelga
Las trabajadoras recibieron la suspensión de la huelga con alegría. “Es que llevamos mucho pasado”, ha dicho la presidenta del comité de empresa, Mari Carmen García. En los últimos días habían informado a los usuarios de la inminencia de la huelga y sobre los derechos que los asistían en este caso. “Ahora les diremos que no se va a hacer”, contaba visiblemente satisfecha.
La decisión de acudir a una huelga indefinidda la adoptaron la pasada semana en dos asambleas y contó con respaldo de toda la plantilla. “Incluso las que no pudieron ir a la asamblea han venido a firmar”. Era su forma desesperada de reclamar sus salarios. La última nómina que cobraron fue la de enero, después de que la empresa recibiera un pago a comienzos de febrero. Desde entonces, nada.
Según Miguel Ángel Cazalilla, secretario de Salud y Servicios Sociosanitarios de UGT, en el transcurso del acto de conciliación, el empresario ha dejado claro que aún le deben 8 meses. Cazalilla ha lamentado que el consistorio haya aguardado hasta el último momento para presentar el escrito que les garantiza el pago. No obstante ha valorado que “el problema real era que no cobraban y nadie despejaba cuándo iban a cobrar, eso se ha solucionado”. Lo que no ha impedido que los representantes de las dos administraciones en liza hayan “cruzado reproches” durante la reunión.
La Junta insiste en que está cumpliendo con los pagos. El Ayuntamiento sostiene que el convenio no está en vigor puesto que lo denunció “en tiempo y forma”. La solución la impondrá el juez que debe resolver la demanda que la Junta interpuso formalmente el pasado 27 de marzo. La sentencia podría ver la luz en los próximos días, toda vez que el Ayuntamiento ya ha contestado la demanda de la Junta. Según Cazalilla, en el SERCLA, el teniente de alcalde ha asegurado que acatará y no recurrirá el fallo del juez. La Junta que advierte que “no ha tenido otra opción” que presentar la demanda dice que “hay que esperar”, en palabras de la delegada del Gobierno “que el juzgado dictamine”. De momento, ha emitido un auto.