Premio Gordo al ex decano abusador

En enero de 2017 se condenó a siete años y nueve meses de cárcel al ex decano de Ciencias de la Educación de Sevilla por tres delitos de abusos sexuales continuados (2006 a 2010) y uno de lesiones psicológicas, contra dos profesoras y una becaria de investigación. Al condenado, el catedrático de Educación Física Santiago Romero Granados, le pilló dando clases pues gozaba de la fortuna de que la Universidad de Sevilla, sabiendo la denuncia, no aplicó medida preventiva alguna. Las víctimas, hundidas, sí que dejaron sus trabajos. Este diciembre 2019 ha confirmado hasta qué punto Romero Granados es hombre con suerte.

La Audiencia de Sevilla le acaba de rebajar la pena de cárcel a dos años y ocho meses. Porque, pese a confirmar los abusos, ve demasiado el tiempo tardado en juzgarlos. La dilación ya fue contemplada en la sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de 2017. Pero librarse de una condena de nueve años, que es lo que pudo caerle, era poca fortuna para Romero Granados. 

Cualquiera entenderá que la rebaja actual de siete años y nueve meses a dos y ocho meses es un premio mayor que el Gordo de Navidad. No sólo porque reduce la condena a casi un tercio sino porque, como el castigo es por varios delitos, es muy probable que el culpable no entre en prisión.

Beneficiar al culpable

La sentencia a muerte en Arabia de cinco chivos expiatorios del asesinato de Khashoggi ordenado, según la ONU, por Bin Salman nos deja igual por venir de una dictadura lejana. Pero, ¿también consentiremos que en nuestra democracia todo retraso, en un sistema cuya lentitud no se arregla, beneficie al culpable y castigue a las víctimas?

Según la abogada de una de las profesoras, Amparo Díaz, su representada considerará recurrir al Supremo. Mi primer impulso es animarla con la esperanza de que el atropello tenga arreglo. Pero, poniéndome en su pellejo, vislumbro el coste que llevarán pagando quienes son las mayores sufridoras de la tardanza.

Tocamientos y besos probados, pero menos cárcel

“Tienes que follar más, que estás muy flaca”; “La abrazó de manera efusiva para, a continuación, bajar las manos hasta tocarle los glúteos mirándola de manera lasciva”; “En una ocasión una profesora se agachó a coger algo, momento en que él la empujó con el pie diciendo ‘esta es una puta, qué se va a esperar’”; “le cogió la mano y venciendo la resistencia que ella le ofrecía, la colocó sobre sus genitales”; “la besó en varias ocasiones en la boca venciendo la resistencia de la víctima”. Los abusos de Romero quedaron probados en la sentencia del juez Luis Javier Santos en enero de 2017. La Audiencia, en 2019, lo mantiene.

Tampoco discute que, para forzar a las víctimas, el catedrático las amenazaba con frustrar sus carreras, vetar sus tesis e impedirles entrar en grupos de investigación. Junto al abuso sexual las obligaba a firmar a medias investigaciones hechas por ellas.

Pero la actual sentencia de la Audiencia considera que “la extensión de la pena impuesta resulta desproporcionada (…) no solo en atención al tiempo transcurrido desde la comisión del primer episodio en el año 2006, sino porque la denuncia fue interpuesta dos años después aproximadamente de la comisión del último hecho imputado”.

Quizá las lesiones psíquicas que la Audiencia no entiende ahora como un delito a añadir, sino inherente al abuso (lo que también resta cárcel) sí justifican el tiempo que las abusadas necesitaron para reaccionar. Primero tenían que recuperarse de las consecuencias que el juez Luis Javier Santos consignó tanto físicas - “vómitos”, “pérdida de peso”- como psicológicas -“pánico”, “pesadillas”, “trastorno adaptativo ansioso depresivo” y en el caso de quien, aún ese 2017, seguía en tratamiento psicológico, con “pensamientos suicidas”.

Eslabones de agresión a las víctimas

Pavorosa la conducta del predador Santiago Romero, pero no solo.

Escalofriante la connivencia de profesores. En el departamento, 35 frente a 6 se pusieron de parte del abusador cuando la denuncia trascendió en 2011; la mayoría del equipo decanal firmó un escrito de apoyo al catedrático enviado al rector: “Resultan totalmente inverosímiles las acusaciones que contra él formulan dos profesoras y una becaria de su departamento (…) Nunca he observado un comportamiento inapropiado, machista o abusivo de Romero”. Seis profesores fueron testigos exculpatorios en el juicio de 2016, como la vicedecana Mery Israel Saro que le consideró “excelente con todos por igual y que no discrimina a las mujeres” o Gloria González que justificó que Romero acostumbrara a echar el brazo a las mujeres diciendo que en “Andalucía somos muy propensos a esto”. Testimonio que el juez Santos calificó de “manifiestamente parcial y tendencioso”.

Terrible la inacción de la Universidad de Sevilla cuyos servicios jurídicos, a denuncia de las víctimas, alertaron al rectorado en primavera de 2011, pese a lo cual el rector Joaquín Luque mantuvo a Romero.

Y ahora esta sentencia de la Audiencia de Sevilla que hace caer la carga de los retrasos en quienes debiéramos resarcir ya que no supimos proteger.

¿Quién es, en serio, responsable del lento sistema de justicia? ¿Qué compensación dará a las víctimas? Dudas frente a una conclusión clara: este resultado no anima a denunciar, sino aumenta la sensación de impunidad. Lo que abona el terreno a delitos que, teóricamente, como sociedad combatimos.