Encima de apaleados, encarcelados

Justo un mes después del salto a la valla entre Nador y Melilla, el 24 de junio, ese intento de entrar a España de 1.500 subsaharianos, gaseados y apedreados por las fuerzas fronterizas, heridos al caer, devueltos ilegalmente a Marruecos tras pisar España, amontonados muertos con heridos durante horas al sol y apaleados por policías marroquíes como muestran vídeos de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, resulta que aún no hay autopsias que revelen las causas de las muertes, ni informes sobre autores y mandos responsables, ni juicio a los culpables y reparación a viudas, huérfanos, padres, ni compromiso de Pedro Sánchez de que el gobierno “de coalición progresista” jamás volverá a avalar un atentado a los derechos humanos como esta masacre que él llamó episodio “bien resuelto”. En cambio, empiezan a llover penas de cárcel para las víctimas supervivientes. ¿Podemos creerlo?

Solo 133 migrantes conseguían llegar al CETI de Melilla y, mientras, Marruecos puso a disposición judicial a 65 sudaneses, gentes de una nacionalidad que, cuando logra entrar en España, consigue una tasa de asilo del 88% porque llegan perseguidos y amenazados por quienes dieron un golpe de Estado el año pasado para frenar la senda democrática iniciada con la revolución pacífica de 2018-19. Un juez marroquí, esta semana, ha condenado a 33 de esos 65 sudaneses a 11 meses de cárcel y 50€ de multa por tres delitos: “facilitar y organizar la entrada y salida de personas extranjeras de forma clandestina desde y hacia Marruecos”, “aglomeración armada en la vía pública” y “ultraje a funcionarios públicos”.

Y esos 33 pueden darse con un canto en los dientes. Los 32 compañeros cuyo juicio será el próximo miércoles 27 se enfrentan a un delito mayor, “tráfico de seres humanos”, por lo que les pueden caer ¡hasta 15 años de prisión!

Acusar de traficantes a las víctimas de la trata de personas o a los activistas humanitarios que les auxilian es una perversión extendida. Lo hace este juez marroquí, yo vi y oí en directo cómo lo hacía la fiscal griega que quería encarcelar a los tres bomberos andaluces Julio Latorre, José Enrique Rodríguez y Manuel Blanco que en 2016 rescataban náufragos sirios en Lesbos. Sé por los abogados griegos que la fiscalía también acusaba a desamparados migrantes a quienes los vendedores de pateras de Turquía obligaban, a punta de pistola, a llevar el timón, sin saber navegar, en la travesía del Egeo. Tambié´giorgi mn disfrazan a las víctimas de verdugos un Marlaska o un Pedro Sánchez cuando culpan a difusas mafias de muertes en realidad causadas por la violencia y la omisión del deber de socorro de la Gendarmería marroquí y la Guardia Civil española en un grado de responsabilidad por dirimir.

El Estado marroquí, que según la AMDH desencadenó la violencia sobre los migrantes, ahora promueve juicios y encarcelamientos de las víctimas mientras, a la vez, echa la culpa de las muertes a la Guardia Civil española.

La Fiscalía española ha investigado en Melilla, el Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo ha criticado que no haya certeza ni del número de víctimas y ha ido también a indagar, expertos de la ONU exigen cuentas a España y Marruecos, pero de momento sólo la ONG marroquí AMDH esclarece los hechos desvelando cómo la violencia policial marroquí causó la matanza por el empeño en demostrar a España que tras el pacto sobre el Sáhara Occidental cumple a fondo su rol de “poli malo”. Aunque, en paralelo, el organismo oficial de Marruecos sobre derechos humanos acuse de las muertes a la Guardia Civil.

España, encima de espiada por Marruecos con el programa Pegasus, encima de traidora a los saharauis para agradar a Marruecos o cediendo a su chantaje y ofensora así de una Argelia que antes del pacto nos proveía de un gas que hoy prefiere dar a Italia, para colmo acusada del crimen por el reino alauí.

Violar derechos humanos da votos a la derecha

Si alguien, político o ciudadano, piensa que las vidas de estos 23 o 40 negros no importan, a diferencia de la de George Floyd, yerra de medio a medio. La ultraderecha neofascista ha crecido, en este lustro de Trump, Brexit, Giorgia Meloni ahora a punto de gobernar Italia y Vox que pasó de cero a tercera fuerza política en España, a base de discursos de odio, racismo y defensa de los muros.

Cierto que los 15 asesinatos del Tarajal, cuando guardias civiles balearon con pelotas de goma a indefensos migrantes que nadaban a Ceuta, sigue impune desde 2014, pero aquellas órdenes las dio el ministro Fernández-Díaz del gobierno de Rajoy, los de la corrupción, las cloacas anti-Podemos y anti-independentismo, los de “la fiscalía te lo afina”. Sus electores no se abstienen de ir a votar cuando constatan que pisotean los derechos humanos y solo creen en el poder y la pasta. En cambio, la izquierda, ¿verdad?

El “rearme de izquierdas” que el presidente Sánchez prometió tras la debacle andaluza, luego en el Estado de la Nación y ahora con los cambios en el PSOE y su grupo parlamentario no será creíble si siguen avalando la violación de derechos humanos.

La evidente coyuntura de crisis global que ya nos golpea en España con una inflación del 10% y la amenaza de un otoño sin gas ni cereales por la guerra de Rusia contra Ucrania exige mirar de frente lo que se viene y, en vez de dejarse arrastrar por miedo e inercia, plantear los cambios que son urgentes. No solo nuevos nombramientos como los de Patxi López y María Jesús Montero, ambos de fuste, y Pilar Alegría, más anodina, sino nuevas políticas. También en migración, tema clave, en sí y ligado con fuerza a las presentes crisis bélica, energética y medioambiental.

Miramos al Este, cuando la clave es Sur

El 45% del trigo que come África es importado de Rusia y Ucrania y ahora ni llega ni les va a llegar. También son rusos fertilizantes y fitosanitarios agrícolas usados por los africanos. Las peores cosechas derivarán en carestía, pan caro, más necesidad de migrar.

En paralelo, como Europa prevé responder al chantaje ruso de cerrar su gaseoducto dando la espalda a las renovables para entregarse de forma suicida al carbón y lo nuclear, se disparará la emisión de CO2 y el calentamiento global ya insoportable, que este verano causa terribles incendios y muertes por golpes de calor, aún se agravará más.

En Andalucía duele y da risa el inconsciente centralismo de quienes en Madrid, este año, descubren que los 40 grados agotan, aplatanan, nos lo explican bien, desde la atalaya capitalina, y claman que el trabajo a estas temperaturas debería estar prohibido, tras aguantar los andaluces, toda la vida nuestra injusta fama de vagos.  

Pues bien, aunque cueste creerlo, ni cordobeses, ni madrileños, ni zaragozanos somos quienes sufrimos más calor este verano llamado a ser, según el experto del CSIC Fernando Valladares, “el más fresco de lo que nos quede de vida”. ¿Los más perjudicados? Exacto, los africanos. Ellos, quienes menos contaminan, no debaten si poner el aire acondicionado a 18 o 24 grados, ¡porque la mitad, 600 millones de personas, 100 millones más que los 500 que vivimos en Europa, no tienen electricidad!

Españoles y europeos vivimos horrorizados el calor de este verano, pero dejamos que la crisis energética por la guerra rusa resucite las energías contaminantes y queremos que los africanos, la mitad sin electricidad, aguanten el infierno sin migrar.

¿Imagináis las olas de calor en África? ¿Las dotaciones africanas para afrontar incendios? ¿Resistir sin ventiladores, ni agua corriente? ¿No migraríais vosotros? ¿Y os figuráis en la frontera siendo apedreados por policías impunes, entre amigos vuestros que caen asesinados, y acabar siendo vosotros los juzgados y encarcelados entre 1 y 15 años?

Se ve que falta imaginación y empatía porque no reaccionamos. Hay, no obstante, una buena noticia: ellas y ellos, los africanos. Impulsores de las manifestaciones contra la masacre de Melilla celebradas en España y hasta en ese Marruecos donde el miedo a la represión lo pone complicado; quienes denuncian el racismo represor en la prensa africana; activistas, analistas, historiadores, periodistas, creadores en sus 55 países de origen o en la diáspora, también en España de los que ya os hablé aquí y que promueven un revulsivo endógeno, propio, nacido de su unión frente a los manidos e inútiles llamamientos a que “Europa juegue un papel para ayudar al continente frágil”, cuando África es dueña de la mayor riqueza energética y mineral del planeta y tierra de la fuerza humana más potente en términos de población y edad (1.200 millones de personas con 18 años de media).

Mientras miramos al Este, la joven África se mueve atenta a sus propios intereses. De hecho, desde el pasado jueves 20 de julio a mañana 24, se celebra la I Cumbre anual de jóvenes líderes africanos nada menos que en Rabat. Tiene el mayor interés saber qué tratan y debaten, justo ahí, además, en ese Marruecos a quien Europa paga para que frene a la gente de su continente incluso al precio de las cárceles y la muerte.

Justo un mes después del salto a la valla entre Nador y Melilla, el 24 de junio, ese intento de entrar a España de 1.500 subsaharianos, gaseados y apedreados por las fuerzas fronterizas, heridos al caer, devueltos ilegalmente a Marruecos tras pisar España, amontonados muertos con heridos durante horas al sol y apaleados por policías marroquíes como muestran vídeos de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, resulta que aún no hay autopsias que revelen las causas de las muertes, ni informes sobre autores y mandos responsables, ni juicio a los culpables y reparación a viudas, huérfanos, padres, ni compromiso de Pedro Sánchez de que el gobierno “de coalición progresista” jamás volverá a avalar un atentado a los derechos humanos como esta masacre que él llamó episodio “bien resuelto”. En cambio, empiezan a llover penas de cárcel para las víctimas supervivientes. ¿Podemos creerlo?

Solo 133 migrantes conseguían llegar al CETI de Melilla y, mientras, Marruecos puso a disposición judicial a 65 sudaneses, gentes de una nacionalidad que, cuando logra entrar en España, consigue una tasa de asilo del 88% porque llegan perseguidos y amenazados por quienes dieron un golpe de Estado el año pasado para frenar la senda democrática iniciada con la revolución pacífica de 2018-19. Un juez marroquí, esta semana, ha condenado a 33 de esos 65 sudaneses a 11 meses de cárcel y 50€ de multa por tres delitos: “facilitar y organizar la entrada y salida de personas extranjeras de forma clandestina desde y hacia Marruecos”, “aglomeración armada en la vía pública” y “ultraje a funcionarios públicos”.