En mi barrio nos reímos de La Desbandá

Vivo en un barrio de Málaga donde todas las calles, sí, todas, llevan el nombre de militares que participaron en el golpe de Estado franquista. Hace poco cambié de calle, y ésta simplemente recuerda a un triste alférez, no como en la anterior, Capitán Huelin, ni más ni menos el caporal, junto al teniente Segalerva, del alzamiento en Málaga. El caso de mi barrio, Haza Cuevas, no es ni mucho menos único en la ciudad. Aún tenemos una barriada que sigue llamándose Veinticinco años de Paz y medallas de la ciudad a otros prebostes del Régimen.

Todo ello se explica por el rechazo frontal del alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre, a cumplir la la Ley de Memoria Histórica. Desde 2015, cuando el Pleno municipal creó una Comisión de la memoria histórica, no le ha faltado imaginación para volverla inoperativa. No en vano, De la Torre fue ya presidente de la Diputación malagueña en el año 1971, mientras que su padre llegó a capitán en el ejército sublevado. De más está decir que también tiene calle en Málaga, precisamente la avenida que delimita mi barrio: Ingeniero de la Torre Acosta.

El acalde protagonizó algunos episodios especialmente vergonzosos durante la pasada legislatura. Por ejemplo, cuando se negó a retirar los honores de la ciudad al exministro franquista Utrera Molina, antiguo amigo suyo y al que dedicó un encendido elogio.

El caso más sangrante en Málaga, no obstante, es el del aviador Joaquín García-Morato, el Queipo de Llano local. Para empezar, cuenta con toda una avenida, la del propio aeropuerto. Sus restos permanecen desde 1971 en la capilla de Nuestra Padre Jesús de La Misericordia, en la parroquia del Carmen.

García-Morato se destacó en la Guerra con en el ataque indiscriminado sobre Jaén en abril de 1937, que se ha comparado con Guernika, o en el asedio a Antequera. Fue protagonista en el derribo de los aviones gubernamentales que intentaban impedir los bombardeos de las fuerzas nazis y fascistas. Hasta 2017, la página web del Ejército del Aire lo ensalzaba como “héroe indiscutible” y aseguraba que hizo una “carrera desbordante de cazador excepcional” tras el golpe de Estado. Para mayor escarnio, la última ministra de Defensa del PP, María Dolores de Cospedal, visitó su tumba durante la Semana Santa de 2017. No es de extrañar, la cofradía de La Misericordia, que recibe subvenciones del propio Ayuntamiento, además de la cesión de un terreno en calle La Serna y parte del convento del Carmen, aún muestra en el pecho de su virgen la Cruz Laureada de San Fernando con la que el franquista fue condecorado por sus servicios al alzamiento. El Pleno de Málaga aprobó retirar los restos, pero el Gobierno de De la Torre se niega a hacerlo.

Todo ello cuando el artículo 32 de la Ley Andaluza de Memoria Democrática prohíbe “La exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones […] realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial”.

La Ley de Memoria Histórica: papel mojado

El balance de la ley aprobada en 2007 por el Gobierno socialista es descorazonador, pues aparte de su falta de contundencia en algunos asuntos y la ambigüedad de algunos de sus artículos, se encontró con el boicot sistemático de los gobiernos del PP desde 2011, situación que ojalá en esta legislatura por fin se revierta.

Primero, en marzo de 2012 el PP suprimió la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, encargada de atender a los familiares y facilitar información y procedimientos para las exhumaciones. Se calcula que en España quedan 2.000 fosas sin abrir donde yacen sin nombre ni sepultura unos 100.000 españoles. La segunda medida fue recortar a menos de la mitad el presupuesto para la Ley de Memoria Histórica, de 6,2 millones (en 2011) a 2,5 millones (en 2012). Con ese dinero se subvencionaban, principalmente, exhumaciones, que Rajoy borró de los presupuestos. A partir de 2013 el presupuesto fue de cero euros para las víctimas, una decisión que la ONU criticó en un duro informe en el que cuestionaba que fueran los familiares quienes costearan la recuperación de los cuerpos o los forenses y voluntarios en sus ratos libres y sin remuneración.

La semana pasada se recordaba con multitud de actos La Desbandá, el mayor crimen de guerra de franquismo. Entre el 7 y el 8 de febrero de 1937 trescientas mil personas huyeron de la provincia por la carretera de Málaga-Almería ante el asedio de los bombardeos de las fuerzas sublevadas. De la Torre, como siempre que le preguntan, habla de «concordia», su término preferido. El término con el que invariablemente evita la palabra «reparación». El término con el que invariablemente sigue honrando a sus viejos correligionarios del franquismo e incumpliendo la Ley de Memoria Histórica.

El término con el que me obliga a vivir entre calles que recuerdan a criminales de guerra.