Cambio de impuestos en 2025: ¿están orientados al bien común?

Los principales cambios tributarios que se producirán en 2025 incluyen el incremento del Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF), la implementación de un impuesto a la banca, aumentos del IVA, una tasa obligatoria de basuras y un impuesto sobre el diésel. Analizo estas modificaciones desde la perspectiva del bien común, pero antes de comenzar quiero hacer dos puntualizaciones. La primera es que no voy a valorar en qué y cómo se gastan los impuestos, ya que es otra cuestión diferente. La segunda, es que aproximaré este concepto tan abstracto a la realidad mediante su relación con los siguientes principios: el fomento de la dignidad, la igualdad y la solidaridad, el cuidado del medioambiente y el fomento de la participación y la democracia.

Aplicaré estos principios solo a las propuestas de reforma mencionadas, sin evaluar todo el sistema tributario ni otros elementos como la competitividad o la creación de empleo. Estos valores son los que defiende la Economía del Bien Común, como valores básicos sobre los que se construyen relaciones sociales sólidas, incluidas las económicas.

En primer lugar, el IRPF se incrementa del 28% al 30% para las rentas de más de 300.000 euros anuales provenientes de beneficios derivados de seguros, ventas de inmuebles, acciones e intereses de rentas y depósitos. Esta reforma favorece la reducción de la desigualdad por dos motivos: primero, afecta a los más ricos, y segundo, se centra en las rentas procedentes del capital, que, a diferencia de las obtenidas del trabajo, no tienen límites en cuanto a las posibilidades de acumulación y transmisión a otras personas. Las rentas del trabajo, en cambio, están limitadas físicamente, ya que es inviable trabajar más de 24 horas al día y no es posible vender la capacidad personal de trabajo para generar ingresos.

El incremento del IVA perjudica especialmente a las personas con rentas más bajas. Teniendo en cuenta que en España más del 20% de la población está en riesgo de pobreza, esta parte de la población será la más afectada

En segundo lugar, se introduce un nuevo impuesto a la banca, aplicable durante tres años, con una tasa entre el 4,8% y el 7% según los márgenes de intereses y comisiones obtenidos. Esta propuesta reduce, levemente, la concentración de riqueza y renta.

En tercer lugar, aumentan el IVA de los alimentos básicos, como pan, huevos, fruta, verduras, legumbres y aceites. Además, sube el IVA de la electricidad para contratos de menos de 10 kilovatios, en aquellos casos en los que el mercado mayorista marque una tarifa de más de 45 euros por megavatio hora. Esta subida se debe a la eliminación de las reducciones aplicadas en años anteriores en la lucha contra la inflación, ante la situación actual moderación de los precios.

Este incremento del IVA perjudica especialmente a las personas con rentas más bajas. Teniendo en cuenta que en España más del 20% de la población está en riesgo de pobreza, esta parte de la población será la más afectada, dificultando aún más el acceso a unas condiciones de vida dignas. Además, dado que el IVA es regresivo, es decir, que las personas más ricas pagan menos IVA con relación a su renta, la desigualdad aumentará, impactando negativamente en el bien común.

En cuarto lugar, la conocida como “tasa de basuras” que hasta ahora era de aplicación potestativa por parte de los ayuntamientos, pasa a ser obligatoria. El coste del servicio deberá ser cubierto por los usuarios y se diseñará con el principio de “quien contamina, paga”. Este pago se reduce en dos circunstancias: la situación de exclusión social y se tienen comportamientos que favorecen el reciclaje. Sin duda, es una buena noticia, ya que es una medida destinada a reducir el impacto medioambiental, teniendo en cuenta la situación económica de las familias y creando incentivos positivos para una cultura de la responsabilidad medioambiental.

Muchas familias con vehículos diésel se verán afectadas por el nuevo impuesto, el transporte se encarecerá y, por tanto, todos los productos

En quinto lugar, el impuesto al diésel sube en abril, ya que la Comisión Europea lo ha exigido para poder acceder a los fondos europeos. Su objetivo fundamental es la reducción de la contaminación. Sin embargo, la cuestión es: ¿quién va a pagarla? Muchas familias con vehículos diésel se verán afectadas, el transporte se encarecerá y, por tanto, todos los productos. En mi opinión, el diésel para yates privados no es lo mismo que el diésel de un coche de una familia que no puede permitirse un automóvil eléctrico.

Sin duda, el estudio de quién contamina más y quién va a pagar la transición hacia la sostenibilidad es un tema que requiere un amplio debate democrático y no solo cumplir lo que nos dice la UE. Esta crítica no solo se aplica al diésel, sino a la mayoría de las reformas fiscales en España, que no cuentan con estudios técnicos suficientemente amplios para conocer sus posibles efectos. En este sentido, debemos seguir avanzando, para que la transparencia y la participación sean elementos básicos, también en las reformas fiscales, si queremos fortalecer la democracia.