La controvertida Ley de Bienestar Animal

El polémico Proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales ha superado el día 22 de diciembre su paso por la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados, para seguir adelante su tramitación con una enmienda del PSOE que excluye a los perros de caza, y a la que se han sumado el Grupo Popular, PNV, Vox y Coalición Canaria.

La enmienda de los perros de caza para excluirlos del proyecto de ley ha enfrentado a PSOE y Unidas Podemos desde casi el inicio de la tramitación de esta normativa, que fue aprobada en verano en Consejo de Ministros, bajo el impulso del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra, de Unidas Podemos.

El texto recoge el Informe de la Ponencia, al que se han incluido cinco enmiendas transaccionales, y las enmiendas 2, 3 y 4 del Grupo Parlamentario Socialista, que han sido aprobadas por la Comisión. El resto de enmiendas votadas han sido rechazadas.

Tal y como señala en su articulado, el objetivo de esta norma es “establecer el régimen jurídico básico en todo el territorio español para la protección, garantía de los derechos, y bienestar de los animales de compañía y silvestres en cautividad”, entendiendo por derechos el buen trato, el respeto y la protección. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la norma los animales utilizados en espectáculos taurinos, los animales de producción, los utilizados en experimentación y fines científicos, los animales utilizados en investigación clínica veterinaria, así como los silvestres.

Además de dar su visto bueno la Comisión al informe de la ponencia sobre el proyecto de bienestar animal con la enmienda que excluye a los perros de caza, también ha sido aprobada la relativa a la ponencia sobre el proyecto de ley de reforma del Código Penal sobre maltrato animal.

Aunque Unidas Podemos ha rechazado la enmienda sobre los perros de caza, sí que ha apoyado el primero de estos informes junto al partido socialista, ERC y Bildu, frente al rechazo del PP, Vox, Junts per Catalunya y la abstención de Ciudadanos.

Tras sucesivas cancelaciones en los últimos días de las convocatorias de esta Comisión de Derechos Sociales en el Congreso, para intentar solventar el escollo de los perros de caza, la iniciativa finalmente ha salido adelante con la exclusión de los perros de caza y seguirá su cauce en el pleno, a partir de enero de 2023. Ione Belarra ofrece al PSOE excluir a los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal mientras estén en actividades cinegéticas.

Entre otros aspectos, la norma regula la tenencia y convivencia con los animales. En este sentido, establece que se deberá tratar a los animales “conforme a su condición de seres sintientes”, manteniéndolos “en unas condiciones de vida dignas” y educarlos con métodos “que no provoquen sufrimiento o maltrato al animal”. Asimismo, se prohibirá su maltrato físico, abandonarlos intencionadamente, así como utilizarlos en espectáculos públicos o actividades artísticas que les causen angustia o dolor.

Asimismo, se establecen obligaciones específicas respecto a los animales de compañía, como mantenerlos integrados en el núcleo familiar, así como adoptar las medidas necesarias para evitar su reproducción incontrolada.

El texto remitido por el Gobierno regula la participación de animales en ferias o exposiciones. En este sentido, se requiere que los animales estén bien alimentados e hidratados, así como contar con un “espacio adecuado para refugiarse de las inclemencias climatológicas”. En romerías o eventos feriados, los animales deberán presentar “un estado higiénico-sanitario óptimo y tener garantizados durante el transcurso de la actividad unos niveles óptimos de bienestar animal”. Además, se prohíbe el uso de animales en este tipo de eventos “cuando se identifique un exceso de temperaturas” o “se haga uso de elementos pirotécnicos”.

El texto establece que tanto los animales de actividades cinegéticas, los utilizados en actividades específicas –como las deportivas, los perros pastores, las aves de cetrería- y los que se destinan a actividades profesionales –por ejemplo los de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- “quedarán protegidos por la normativa vigente europea, estatal y autonómica correspondiente, y que les sea de aplicación al margen” de la Ley de Bienestar Animal.

El presidente del Consejo de Veterinarios de España admite que la normativa es absolutamente necesaria desde la perspectiva veterinaria. Pero, es necesaria para todos los animales a los que afecta, sin excepción

El Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España ha enviado una carta a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, de cuyo departamento depende la Dirección General de Derechos de los Animales que impulsa la nueva legislación; a la presidenta del Congreso de los Diputados, y al presidente de la Comisión de Derechos Sociales. En la misiva aborda distintas cuestiones. Admite que la normativa es absolutamente necesaria desde la perspectiva veterinaria. Pero, es necesaria para todos los animales a los que afecta, sin excepción, independientemente de que se dediquen a la compañía, a la asistencia, al deporte, al pastoreo, a la protección de las personas o a la caza.

Actualmente, el Decreto 452/2020 de 10 de marzo creó por primera vez una Dirección General de Derechos de los Animales, dependiente en este caso del Ministerio de Derechos Sociales. Según el art. 10.b) del citado Decreto una de sus funciones es el impulso de todas las medidas necesarias para incluir la protección de los derechos de los animales en el ordenamiento jurídico actual. Es decir, si se ha creado precisamente para lo que llevamos años esperando, una ley que haga de marco regulador.

La sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2020, al hablar del tipo penal de delito de maltrato animal, clarifica que en dicho marco legal se ha desplazado la consideración patrimonial de los animales para focalizar el núcleo de la prohibición alrededor de conductas que generan su sufrimiento.

Hay que cortar de raíz la sensación de impunidad en relación al maltrato y al abandono de los animales. Una Ley estatal bien hecha puede ser de gran ayuda como norma supletoria y también como hoja de ruta para las leyes autonómicas que se encuentran actualmente en revisión.

El principal tema debatido, en la coalición del Gobierno, ha sido la inclusión o no, de los perros de caza en este proyecto. Y es que ha habido desavenencias en el seno del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos sobre este punto, con el primero llegando incluso a presentar una enmienda para excluir a los perros de trabajo de la norma.

Para tratar de desencallar la negociación, Podemos propuso un camino alternativo que denominaron como “modelo Pagé”, una adaptación de la legislación que aplica en Castilla la Mancha, en la que los perros de caza quedarían excluidos de la aplicación de la norma solo mientras participen en actividades cinegéticas.

El Proyecto de Ley de protección animal era una de las iniciativas que el Gobierno de coalición quería sacar adelante con celeridad antes de las vacaciones de Navidad. De hecho, se tramitó por la vía de urgencia.

Derechos Sociales quiere combatir con este texto el abandono de los animales, calculan que anualmente 300.000 animales sufren esta situación. Se aboga por el “endurecimiento de las penas de maltrato a través de la reforma del Código Penal”.

Los socialistas persisten en su compromiso con el sector cinegético y colectivos del medio rural para que no se aplique la futura normativa tampoco a aves de cetrería, perros pastores, de rescate y los empleados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El informe ha salido adelante con 19 votos a favor, 16 en contra y una abstención. Esta decisión permite que la norma siga viva y continúe su tramitación parlamentaria en el Congreso.

Necesitamos una ley que incluya a todos los animales, basada en criterios científicos, al margen de ideologías políticas e intereses de determinados colectivos.