Deconstruyendo a Feijóo en Barbate

Casi a la misma hora que en la localidad leonesa de Nogarejas eran inhumados los restos mortales del guardia civil David Pérez Carracedo, muerto tras ser arrollado por una narcolancha el pasado viernes, en el puerto de Barbate, Alberto Núñez Feijoo, presidente del Partido Popular, visitaba esa misma dársena que sale en los videos de los narco-tokers.

Rodeado por alcaldes afines a su partido, se reunió con asociaciones de la Guardia Civil, sindicatos policiales, de Instituciones Penitenciarias y del Servicio de Vigilancia Aduanera para reclamar la petición de Zona de Especial Singularidad para el Campo de Gibraltar, una de las asignaturas pendientes del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Claro que, en sus 15 minutos de micro abierto, el líder de la oposición confundió a veces dicha aspiración con la de un Plan Especial para la zona que ya existe, que se ha prolongado hasta 2025 y que implantó ese mismo titular de Interior, al que su partido pretende reprobar tanto en el Congreso como en el Senado. 

“El mismo día por la mañana, el ministro viene a Cádiz –en realidad, fue en Algeciras-- y dice que todo está bien, que hay un sistema de seguridad y medios suficientes y luego unos guardias en una pequeña zodiac, controlando a una serie de delincuentes, desde aquí se vio cómo eran arrollados y sólo tenían su vida para defender la seguridad de Barbate y de la zona, y esto no es de recibo”, recordó Feijoo.

A los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, no les falta razón: la misma tarde en que zarparon en una pequeña zodiac para adentrarse en la dársena de Barbate a ver qué ocurría con la presencia de narcolanchas que habían buscado refugio allí, tres patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil estaban fuera de uso.

No ha trascendido aún quien dio la orden para dicho dispositivo, pero parece que fue un mandato técnico y no político, para atender a lo que Miguel Molina, alcalde de Barbate, venía denunciando desde un día antes, que no menos de seis de estas naves habían fondeado en el puerto.

“Aquí hemos visto de todo –relata un viejo guardia civil--. Hubo tiempos en que disponíamos del SIVE, capaz de localizar una simple patera en el Estrecho y, en cambio, no teníamos ni combustible para ir a auxiliarla”.

Un Plan exportable

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska diseñó el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar en julio de 2018, que multiplicó las dotaciones presupuestarias y las plantillas. Era el mismo año en que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno y en el que también se promulgó un decreto ley que prohibía las narcolanchas, que ya cuenta con el refrendo del Tribunal Supremo, a partir de una sentencia de 2021. Ésta no sirve para mucho porque estas embarcaciones fuera borda siguen campando por sus respetos a través de la costa del Estrecho y del resto de Andalucía, traficando con hachís, con cocaína o, en los últimos meses, con seres humanos. 

El Plan Especial, desde el punto de vista estadístico, fue un éxito y Grande-Marlaska lo pregonaba horas antes de que la noticia fuera la muerte en acto de servicio de dos guardias civiles arrollados por la desquiciada planeadora que tripulaba Kiko El Cabra, quizá en venganza por la muerte de su amigo Marcos, el pasado 31 de enero, en el choque entre una narcolancha y una planeadora, en la desembocadura del Guadalquivir. 

Dicha iniciativa para el Campo de Gibraltar fue prorrogada en 2020 y exportada al conjunto de las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva, y de nuevo en 2022, extendida también a las provincias de Almería, Granada y Sevilla. Sólo contemplaba, no obstante, medidas policiales, pero no sociales, educativas, como le exigía al ministro, el pasado viernes, Francisco Mena, presidente de Alternativas, al presentarle su propio Plan, en Los Toreros, una barriada algecireña especialmente castigada por el olvido. 

El Plan de Marlaska supuso un formidable esfuerzo presupuestario pero hizo aguas por el flanco más débil, el de los seres humanos: vinieron más agentes al Campo de Gibraltar, pero tardaron poco en irse porque el riesgo era superior al de sus ingresos. Para fidelizar las plantillas, los sindicatos policiales y las Asociaciones de la Guardia Civil reclamaron la creación de una Zona de Especial Singularidad, en el que no sólo hubiera incremento de recursos técnicos sino también salarios y otras mejoras. 

En paralelo, se reclamó también para Cataluña, por las consecuencias del procés. Y, andando el tiempo, para Palma de Mallorca e Ibiza –los agentes necesitaban casas en un mercado inmobiliario cuyos arrendamientos superaban sus sueldos--; Canarias, por las crisis de cayucos, o Ceuta y Melilla, por lo mismo y por el especial y violento impacto del narcotráfico en la primera de dichas ciudades autónomas.

Era una versión de la Zona Especial Norte, que rige en el País Vasco, desde los años 80, a pesar de que hace diez años que ETA dejó de matar. Grande-Marlaska, en enero de 2022, daba por hecho que se iba a promulgar la Zona de Especial Singularidad para el Campo de Gibraltar y para Catalunya, pero algo o alguien le hizo frenar en seco y cambiar de opinión.

En Algeciras, durante su visita de la pasada semana, llegó a asegurar que existía una Zona de Especial Singularidad “de facto”. Pero los sindicatos del gremio la quieren de derecho. No sólo ellos, sino Vigilancia Aduanera o los funcionarios de Prisiones. A esa petición, se sumaron las muy activas coordinadoras contra la droga del Campo de Gibraltar, que crearon una plataforma, “Por su seguridad, por la de todos”, en las que estaban presentes todas esas entidades. Y ahora cuentan, para dicha demanda, con el refrendo de diversos ayuntamientos, sindicatos extrapoliciales, o Junta de Andalucía. 

Una vaga promesa electoral

Lo cierto es que, hoy, en Barbate, Alberto Núñez Feijoo insistió en lo evidente, en que “todos coinciden que llevamos demasiado tiempo advirtiendo de la carencia de medios, de ausencia de recursos, todos llevamos demasiado tiempo en el Campo de Gibraltar, desde 2018, exigiendo la Zona de Especial Singularidad, con más efectivos, con más recursos, con más material, con más vigilancia y desde ese año se ha venido desatendiendo estas propuestas. El programa electoral del Partido Popular concretaba como un compromiso específico la declaración de zona de especial singularidad”.

En realidad, en este último caso, no fue tal. El programa para las elecciones generales del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo recogía el compromiso para la equiparación salarial de la Guardia Civil, otra asignatura pendiente de su partido y del PSOE. Respecto a la catalogación de Zonas de Especial Singularidad –en plural—la propuesta de su candidatura consistía, vagamente, en que: “(...) analizaremos la posibilidad de declarar zonas de especial singularidad como el Campo de Gibraltar.” El PSOE, Sumar o Vox, sin embargo, ni siquiera realizaron mención alguna al respecto en sus respectivos manifiestos electorales. 

“No vamos a olvidar lo que ha ocurrido en Barbate, en el Campo de Gibraltar y en la provincia de Cádiz”, prometió Núñez Feijoo, que se fue hoy de allí con dos propuestas concretas, la declaración de una Zona de Especial Singularidad –ahí si acertó con la denominación--, con todas las unidades que requiere, con todos los beneficios retributivos y todos los medios humanos y materiales que signifique“.

“La segunda es trasladar aquellos sumarios de especial gravedad a la Audiencia Nacional, que tiene medios, experiencia, recursos y magistrados que están acostumbrados a enjuiciar actos de kale borroka, de terrorismo y delincuencia organizada. Sabiendo que los fiscales y jueces están actuando con plena determinación, hemos llegado a la conclusión de trasladar sumarios especialmente graves a la audiencia nacional. Propondremos una modificación concreta de un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial para darle seguridad jurídica”.

Esa, sin duda, es una aspiración de la sociedad campogibraltareña –también, en gran medida de la gallega--, dado que las macrocausas contra el narcotráfico provocan demoras en la instrucción y en el encausamiento de delitos que, a veces, prescriben, provocando gran impotencia en un entorno en el que a menudo los capos se libran de la cárcel y exhiben sus mansiones en zonas como las de El Zabal, en La Línea, como ejemplo de su opulencia y, a menudo, su impunidad.

Reprobación de Marlaska

Pero Feijoo centró la búsqueda de responsabilidades en Fernando Grande-Marlaska, a quien afeó que no visitara Barbate, el sábado, tal y como estuvo previsto, aunque si acudiera a la capilla ardiente del otro guardia civil muerto, Miguel Ángel González Gómez, en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Como también afeó a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que ese día de luto asistiera a un “festival de cine” –en rigor, la entrega de los premios Goya--. Aunque el propio Feijoo asistiera ese día a un almuerzo mitin en Lugo, cambió su visita prevista para hoy a Algeciras, por la de Barbate. Y, hasta ahora, ningún miembro del Gobierno ha visitado aún esta localidad crispada y resuelta a no tolerar más provocaciones de narcos locales o foráneos: de los ocho detenidos, ninguno era de allí y casi todos de La Línea, a excepción de uno d, natural y residente en Ceuta.

En la mañana de hoy, ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate, acudieron los ocho presuntos responsables, en distinto grado, de lo que pudiera calificarse como “homicidio doloso”. Afuera del edificio, la gente les recibió con gritos de “asesinos” y “criminales”, aunque se dictó libertad con cargos contra dos de ellos, el padre y el hijo que fueron a recoger a los tripulante de la narcolancha asesina. Aún no ha habido detenciones entre quienes jalearon la embestida fatal desde los muelles barbateños o desde las redes sociales.  

Casi al mismo tiempo que se producía dicha comparecencia judicial, Alberto Núñez Feijoo, como también ocurriese en la multitudinaria concentración del sábado en Barbate responsabilizaba al ministro, eso sí, “con absoluto respeto”.

“Marlaska, que será reprobado, queremos que se vaya, con absoluto respeto. No puede seguir siendo ministro del interior del gobierno de España, con asuntos sin resolver como la valla de melilla, la información pasada a los entornos de los presos de ETA, la ausencia absoluta de medios para luchar, y no ha dado la cara en Barbate. Todavía no ha venido el Gobierno aquí. Si no quiere irse, el presidente tiene que cesarle. El señor Marlaska no puede sentarse este martes en el consejo de ministros”. 

La muerte masiva de inmigrantes en Nador, junto a la valla de Melilla, el 24 de junio de 2022, no conllevó ningún tipo de autocrítica por parte del actual ejecutivo. Como tampoco la merecieron los 14 muertos en El Tarajal, en Ceuta, en febrero de 2014, hace poco hizo diez años, bajo el mandato en Interior de Jorge Fernández Díaz, el inspirador de la “policía patriótica”, durante el gobierno de Mariano Rajoy. 

Como en un partido de ping pong, los guardias civiles, los policías nacionales y locales, los aduaneros o los funcionarios de prisiones, ven rebotar la pelota de un lado y de otro, sin que nadie parezca satisfacer plenamente sus reivindicaciones. Este fin de semana, despidieron para siempre a dos de sus compañeros.