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Entrada en vigor de la PAC
En la Unión Europea (UE) hay 10 millones de explotaciones agrícolas y 22 millones de personas que trabajan habitualmente en el sector. Nos ofrecen una impresionante variedad de productos abundantes, asequibles, seguros y de calidad. La UE es conocida en todo el mundo por sus tradiciones alimenticias y culinarias y es uno de los principales productores y exportadores netos mundiales de productos agroalimentarios. Debido a sus excepcionales recursos agrícolas, la UE puede y debe desempeñar un papel clave a la hora de garantizar la seguridad alimentaria de todo el planeta.
Nuestro campo y sus inestimables recursos naturales ofrecen muchos puestos de trabajo ligados a la agricultura. Los agricultores necesitan maquinaria, edificios, combustible, fertilizantes y asistencia veterinaria para los animales; son los denominados sectores “anteriores”.
Otras personas encuentran trabajo en actividades “derivadas”, como la preparación, transformación y acondicionamiento de los alimentos o su almacenamiento, transporte y distribución. En conjunto, los sectores de la agricultura y la alimentación crean aproximadamente 40 millones de puestos de trabajo en la UE.
Para funcionar con eficiencia y mantenerse productivos y al día, los sectores derivados necesitan un acceso rápido a la información más reciente sobre cuestiones agrícolas, métodos de cultivo y evaluación del mercado. A lo largo del período 2014-2020, los recursos de la PAC se dirigieron a suministrar tecnologías de alta velocidad y servicios de infraestructuras de internet mejorados a 18 millones de ciudadanos de las zonas rurales, el equivalente al 6,4% de la población rural de la UE.
Los agricultores afrontan un doble desafío: producir alimentos al tiempo que protegen la naturaleza y preservan la biodiversidad. Utilizar con prudencia los recursos naturales es esencial para nuestra producción de alimentos y nuestra calidad de vida, hoy, mañana y para las generaciones venideras.
La nueva Política Agrícola Común que regirá el campo entre 2023 y 2027 entró en vigor el día 1 de enero de 2023, con cambios profundos que afectan a más de 650.000 agricultores y ganaderos en España. Es la que se considera la reforma agraria más ambiciosa de su historia desde el punto de vista ambiental, y la segunda más profunda en cuanto a transformaciones en la gestión de los fondos que llegan a las arcas comunitarias.
La nueva PAC llega tras un año de transición inédito por la crisis energética y alimentaria que desencadenó la guerra de Ucrania y en un contexto de inflación, especialmente en la cesta de la compra.
Entre las novedades, destacan el incremento de los objetivos medioambientales a la hora de distribuir los fondos para las ayudas y un diseño en el que los Gobiernos tendrán más responsabilidad porque cada país decide cómo aplica esta política mediante un Plan Estratégico Nacional.
En España unas 658.000 personas trabajan en la agricultura y en la ganadería, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística del tercer trimestre, mientras que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) cifra 630.000 los productores que podrán cobrar las ayudas.
Gracias a la PAC España recibirá 47.724 millones de euros entre 2023 y 2027, con lo que se convierte en el tercer país más beneficiado, por detrás de Francia y de Alemania; según el MAPA los agricultores percibirán 7.150 millones de euros anuales.
Para España, las subvenciones suponen el 20% de los ingresos agrarios.
La PAC tiene dos pilares, el primero de apoyos directos y medidas de mercado, y el segundo, dedicado al desarrollo rural, con programas cofinanciados por los Estados miembros para potenciar en el campo actividades distintas o complementarias a la agricultura.
El montante español para el campo supera los 50.000 millones de euros si se cuenta dicha cofinanciación.
El plan español recoge que habrá 4.800 millones para ayudas directas, 700 millones para medidas de mercado y 1.700 millones para el desarrollo rural, más 700 millones para sectores en dificultad –ganadería extensiva, remolacha, arroz o uva pasa-.
Aumentan las ayudas para jóvenes, incluye una prima del 15% para las mujeres que se incorporen a la actividad e intervenciones por 612 millones, con programas para las frutas y hortalizas, el vino, la apicultura y, por primera vez, el olivar extensivo.
Ya está aprobada la Ley nacional que regula la gestión de la nueva PAC y que se complementa con los 18 Decretos, de los que ocho se publicaron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la última semana de 2022; quedan pendientes dos normas pero no condicionan que pueda empezar a aplicarse el plan.
La entrada en vigor de la PAC altera el calendario para la tramitación de las ayudas, según el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
Estas son las fechas más destacadas:
1 de marzo al 31 de mayo: Plazo de presentación de la solicitud única de 2023 para las ayudas. Este año se retrasa respecto a un ejercicio habitual.
15 de junio. Termina el plazo para presentar modificaciones a la solicitud.
31 de agosto. Plazo para que presenten modificaciones los agricultores que han recibido notificación de incidencias.
16 de octubre- 30 noviembre. La Comunidades Autónomas que lo decidan podrán pagar anticipos de las ayudas de 2023.
La reforma introduce los “ecorregímenes”, lo que significa que el 25% de las ayudas serán para un conjunto de prácticas beneficiosas para el medio ambiente. Implanta los planes estratégicos nacionales, en los que los Gobiernos tendrán mayor responsabilidad.
Entre las prácticas ambientales que se priman figuran la rotación de cultivos y las obligaciones de barbecho, ahora interrumpidas, dentro de las medidas especiales aprobadas por la UE en reacción a la invasión rusa y a las estrecheces de oferta.
Establece la condicionalidad social de las ayudas, es decir que de forma voluntaria en 2023 y obligatoria en 2025, estarán vinculadas al respeto a los derechos laborales; España la aplicará en 2024. Esta política también incluye el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei) y el programa del consumo de frutas o leche en las escuelas.
Otra de las novedades de la nueva PAC es la definición de agricultor activo, que será aquel que pueda recibir ayudas directas de la PAC siempre que cumpla algunas de las siguientes condiciones: estar afiliado a la Seguridad Social por Cuenta Propia, al menos el 25% de sus ingresos totales procedan de la actividad agraria o el importe de las ayudas directas que reciban sea menor o igual a 5.000 euros al año.
La nueva Política Agraria Común, que marcará un cambio muy importante para el campo español y andaluz, ya está en vigor. Queda por delante , un primer año en el que se pondrá a prueba el Plan Estratégico de la PAC, que articulará su aplicación, y se intentarán limar muchas de las incertidumbres que, aún a día de hoy, rodean a la nueva normativa y su efecto en el campo.
El aumento de los costes de producción, ha mermado la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. El desorbitado incremento de los insumos arroja una elevada incertidumbre para la campaña 2023 que, en el caso de producirse una caída de los precios al productor, podría suponer una crisis en el sector agrario.
Esta reforma genera inquietud entre agricultores y ganaderos ya que, entre otras cosas, fue diseñada en un contexto muy diferente al actual, antes de la guerra de Rusia en Ucrania, cuando los precios de la energía y los fertilizantes aún no se habían disparado.
Considero, de manera significativa, el reto para el relevo generacional. Se deben aumentar las ayudas a los jóvenes agricultores en el marco de la Política Agrícola Común y mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales.
Es necesario un análisis y esfuerzo colectivo que contribuya a la construcción de un Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) que ponga solución a los retos de la alimentación sostenible.
Los profesionales del campo han de visualizar a corto y medio plazo la viabilidad de su Cuenta de Resultados, con las garantías necesarias para seguir apostando por esta actividad; generando optimismo e ilusión para seguir propiciando empleo y riqueza para la Comunidad.
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