El escándalo de los once millones y medio que se lleva Felipe Benjumea

En julio de 2007, justo antes de la crisis, Felipe Benjumea, presidente ejecutivo, llevó la cotización de Abengoa a su máximo histórico, 36 euros. Pero no lo hizo poco a poco, sostenidamente, aumentado el negocio vía reinversión de beneficios. No. Lo hizo con dinero ajeno, el de sus accionistas y, sobre todo, con dinero de los bancos (la compañía ha llegado a sumar 8.000 millones de euros de deuda).

Ese aciago verano llegó la crisis. El castillo de naipes empezó a caer, y hoy la cotización está en 1,16 euros. Es decir, los accionistas han perdido exactamente el 97% de su inversión. Como consecuencia él, que tantos desvelos ha sufrido a cuenta de defender los intereses de sus accionistas y empleados, es ahora expulsado del Olimpo de los dioses.

Para endulzar el trago, eso sí, se lleva prácticamente once millones y medio de euros en el bolsillo. Exactamente 11.480.000 euros. Esa es la indemnización que le dan a Felipe Benjumea por arruinar Abengoa, el premio que el Consejo de Administración considera que se merece por acabar con la empresa que fundara su padre al terminar la Guerra Civil.

Claro que él era presidente ejecutivo, el masca vamos, el que con estilo autoritario regía los destinos de miles de empleados y el de los ahorros de otros miles de pequeños accionistas. Benjumea se merece algo a cambio, sus accionistas, por el contrario, la perdida de la práctica totalidad de sus ahorros e inversiones por habérselos confiado a él.

No es que el tan alabado y siempre discreto empresario se caracterizara por su austeridad. En ese mismo periodo, su remuneración por llevar las riendas del negocio subió desde los 2.889.000 euros de 2007 a los 4.484.000 que cobraba ya en 2014. En total 31.298.000 euros embolsados durante esos siete años en concepto de sueldo y dietas.

A ellos hay que sumar otros 4.484.000 euros aprobados por la última Junta General como su salario para este año. Se supone que habrá que restarle dos doceavas partes por los meses de noviembre y diciembre en los que ya no ocupa el cargo de presidente ejecutivo, pero, a cambio, se lleva su modesta indemnización.

Para entender lo que suponen estas cifras basta recordar el escándalo que provocaron en el año 2012, en el que con la cotización ya en el abismo de los poco más de dos euros por acción, y una reducción de los beneficios de más del 50%, la remuneración del consejo sumó casi 14 millones de euros. Nada menos que el 11% de los 125 millones de beneficio de dicho ejercicio.

Pues el pasado año 2014, el último ejercico completo cerrado y, por tanto, comparable, la compañía declaró el mismo beneficio: 125 millones de euros. Pero los consejeros se repartieron millón y medio más en sueldos, alcanzando los 15.359.000 euros, o el equivalente a más del 12% del beneficio.

Y para entonces, seguro que el Consejo conocía al dedillo la situación crítica por la que atravesaba la empresa, por muy discreto que sea su todavía entonces presidente ejecutivo Felipe Benjumea. Ahora, menos de un año después, con la empresa ya reconociendo la realidad de sus pérdidas (acaba de anunciar 194 millones perdidos hasta septiembre), el precio de su discreción es de otros 11,5 millones de euros para él solito. Otro bocado del 10% a los beneficios de 2014.

Mientras, el futuro de la compañía y el de los ahorros que les quedan a sus accionistas sigue en entredicho.